Lejos de resolverse, la crisis en el Indec es cada vez más profunda. La intervención ya no se limita al área encargada de medir la inflación, sino que se ha extendido a otros departamentos del organismo. Seis sectores que elaboran los principales índices económicos registraron alteraciones en las últimas tres semanas. Algunas son más sutiles que otras, pero revelan la profundización de una política de maquillaje de los indicadores que algunos imaginaron que quedaría desactivada cuando el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, firmó un acuerdo con las cúpulas de la CTA y de ATE. No fue así, el convenio suscripto hace diez días sólo tendió un puente para levantar el paro que trabajadores del Instituto sostuvieron durante cuarenta y cinco días, y que ya se había convertido en una carga demasiado pesada tanto para el Gobierno como para los propios empleados.

Además de modificar desde el verano la metodología de cálculo de la inflación, en los últimos 20 días se produjeron incidentes de distinto orden en la elaboración o presentación de los resultados de los siguientes indicadores: nivel de actividad industrial, utilización de los servicios públicos, precios mayoristas, precios de supermercados, cuentas nacionales y sector externo.

Los retoques se multiplicaron con la llegada al Indec de dos hombres del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Son Hernán Brahim, ex interventor del Mercado de Liniers, y Jorge Múñez, quienes realizan desde fines del mes pasado una tarea de “supervisión” del armado de los indicadores. Su mayor preocupación en este momento son dos índices sensibles que se darán a conocer en los próximos días. El primero es el que mide la evolución de la actividad económica. El segundo es todavía más relevante por su impacto social: es el que estima los niveles de pobreza e indigencia.

El calendario de difusión del Indec prevé para el próximo viernes la publicación del comunicado sobre el desempeño de la economía en el segundo trimestre. Lo elabora el Departamento de Cuentas Nacionales, cuyos técnicos y encuestadores vienen experimentando una variación en la forma habitual de trabajo. La primera se produjo el jueves 30 de agosto, cuando Brahim convocó a los denominados sectorialistas –encargados de seguir la evolución de cada sector de la economía– para que explicaran cómo realizan sus mediciones y cuestionó varias de ellas por “subestimar el crecimiento”. Ordenó tomar en cuenta los nuevos criterios, que arrojan un mayor volumen de actividad en rubros como el transporte, la industria y el turismo. Una situación similar se produjo en la oficina que mide la balanza de pagos.

Otra novedad para los empleados de Cuentas Nacionales es que tuvieron que cargar todos los datos de cada sector de la economía con ocho días de anticipación a la difusión del índice, cuando lo normal era hacerlo 72 o 48 horas antes.

El próximo día 20 el Indec informará los nuevos datos de pobreza e indigencia. El indicador quedará envuelto en una polémica porque contiene al Indice de Precios al Consumidor como insumo. A menor costo de las canastas básica y alimentaria, que definen las líneas de ingresos requeridos para no ser pobre o indigente, más bajo será el porcentaje de población en esas condiciones. Cynthia Pok, directora del área que se encarga de cuantificar esas canastas, fue desplazada de su cargo hace tres meses cuando se negó a convalidar los precios que le pasaba Beatriz Paglieri, la interventora de Moreno en el IPC. Junto con ella, 16 técnicos de la Encuesta Permanente de Hogares fueron separados de sus funciones por haber adherido al paro que convocó la Comisión Interna de ATE. En su lugar, la dirección del Indec reubicó técnicos de otras áreas y contrató a nuevos encuestadores. Lo mismo ocurrió con otros diez trabajadores del IPC.

La semana pasada se produjeron dos situaciones llamativas en las áreas que producen los índices de supermercados y de precios mayoristas. En el primer caso, Brahim cuestionó ante técnicos de esa dependencia los precios que estaban cargando para elaborar el indicador, el cual mostró la última vez que fue difundido –el 30 de agosto– un incremento tres veces superior al IPC. Esto último, sin embargo, no puede ser interpretado de manera lineal, ya que los índices están compuestos por distintas canastas de productos –y servicios, en el caso del IPC– y la incidencia de los incrementos tienen distintas ponderaciones. Aun así, en la oficina que realiza el indicador de ventas y precios de supermercados se generó un clima de tensión.

Lo mismo ocurrió en Precios Mayoristas. Fuentes del Indec señalaron a Página/12 que se ordenó reemplazar del listado de frigoríficos encuestados a establecimientos que reflejaban mayores aumentos de precios. En su lugar, denunciaron, fueron incluidos otros que cumplen con los acuerdos firmados con la Secretaría de Comercio Interior.

Antes de eso, el Indec sorprendió el mes pasado con los comunicados de actividad industrial y servicios públicos. El estimador fabril fue desdoblado para mostrar la evolución del sector considerando o excluyendo la fuerte caída del rubro acero. El retroceso se produjo por una cuestión excepcional, por la parada de la planta de Acindar por la realización de inversiones, pero también por la menor actividad de Siderar debido a las restricciones energéticas. La publicación de dos índices generó confusión, pero lo más sorprendente es que el que se incluirá en la serie histórica y será utilizado para calcular el crecimiento del PIB es el que arroja una mayor expansión. En cuanto al índice de servicios públicos, por primera vez se dejó de considerar la producción de gas –que el mes pasado había caído– y se lo reemplazó por el consumo del fluido, que subió. Para el mes que viene, Brahim dispuso que en el rubro transporte se empiece a contabilizar a los colados en los trenes como usuarios, lo que eleva el crecimiento del indicador. Estimó que el 20 por ciento de los pasajeros viajan sin pagar.

La Jefatura de Gabinete debería conformar esta semana una comisión con representantes del Ministerio de Economía, del Indec, de CTA y de ATE para encarar una solución consensuada a los problemas del organismo. Así se definió en el acuerdo entre Alberto Fernández y los representantes sindicales. Sin embargo, se avecina un serio conflicto porque el Gobierno se resistiría a discutir en ese ámbito cuestiones metodológicas, como el nuevo IPC y la razón de los cambios en los distintos índices. El presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández avalaron la semana pasada la forma de medición de la inflación y mostraron poca disposición a producir cambios en el Instituto. Los trabajadores temen que las nuevas prácticas se agudicen.