La suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, asoció el intento de golpe de Estado del viernes en Turquía con la decisión del Congreso de separarla del poder y sustituirla por su vice, Michel Temer, mientras se la somete a juicio político.

“Un gobierno elegido no puede ser derrumbado, ni por la violencia ni por artimañas jurídicas”, dijo Rousseff. De acuerdo con la mandataria suspendida, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue elegido democráticamente por el pueblo turco, así como ella lo fue por el brasileño. “El proceso de juicio político destituyente en Brasil tiene que ser repudiado. Democracia es preservar la voluntad popular”, agregó Rousseff en su cuenta de la red social Twitter. De este modo, ratificó su convicción de que el impeachment es un golpe de Estado blando, iniciado por el ahora renunciado diputado Eduardo Cunha, acusado de múltiples actos de corrupción, y por Temer, ambos del mismo Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

El primer ministro turco, Benali Yildirim, afirmó ayer que el gobierno ha recuperado el control del país después del fallido intento de golpe militar. El Gobierno del presidente interino de Brasil divulgó un comunicado sobre Turquía en el que instó a todas las partes a abstenerse de usar la violencia y defendió el pleno respeto a las instituciones y al orden constitucional.

Rousseff fue apartada de la Presidencia de Brasil el pasado 12 de mayo por decisión del Senado, que la somete a un juicio político con fines de destitución, que podría concluir en agosto y en el que se la acusa de maniobras contables para maquillar las cuentas públicas en los últimos años. El proceso está actualmente en manos de una comisión de senadores, que debe presentar el 2 de agosto próximo un informe en el que recomendará la destitución de la mandataria o que la causa sea archivada.

Sin embargo, la fiscalía federal brasileña concluyó el jueves que el llamado “maquillaje fiscal” no configura delito, con lo cual archivó la investigación abierta sobre el llamado crimen de responsabilidad de la mandataria suspendida. La decisión fue del fiscal Ivan Marx, de Brasilia, quien derrumbó uno de los argumentos del juicio político, las llamadas “pedaleadas fiscales” que según sus acusadores se valieron de créditos públicos para hacer frente a gastos sociales.

Según el cronograma establecido, el pleno del Senado se pronunciará sobre el informe en primera votación el 9 de agosto, cuando decidirá por mayoría simple, y en una segunda votación en fecha aún no establecida, pero posterior al cierre de los Juegos Olímpicos, es decir hacia fin de agosto, y en la que Rousseff puede ser destituida en caso de que 54 de los 81 senadores la consideren culpable.