Domingo, 29 de octubre de 2006 | Hoy
EL MUNDO › HUBO CUATRO ASAMBLEISTAS MUERTOS POR BALAS DE PARAMILITARES QUE APOYAN AL GOBERNADOR
El conflicto social que mantiene paralizado al estado del sur mexicano desde hace cinco meses explotó cuando patotas armadas abrieron fuego contra los piquetes que cortan el paso de la capital. La ineptitud de Fox y los manejos del PRI impidieron una solución pacífica. La presencia de los federales preanuncia más violencia.
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde Ciudad de México
Los vacíos de poder dejados por el gobierno del presidente Vicente Fox finalmente fueron invadidos por los intereses alrededor del gobernador priísta Ulises Ruiz, quien lanzó una ofensiva contra las posiciones que mantiene la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) entre la tarde y la noche del viernes. Incapaz de forzar la salida del gobernador para abrir las puertas de la negociación de los problemas reales que han mantenido en vilo a Oaxaca durante más de cinco meses, Vicente Fox cedió ayer a las provocaciones orquestadas desde el poder local y finalmente envió a elementos de fuerzas federales a tratar de contener los primeros enfrentamientos a-biertos entre las huestes priistas de Ulises Ruiz y los miembros de la APPO.
El movimiento opositor de maestros y agrupaciones sociales fue mermado tras la aceptación de los trabajadores de la educación el jueves pasado de regresar a clases y aceptar los ofrecimientos económicos de la Secretaría de Gobernación. Esto fue aprovechado por Ulises Ruiz para lanzar una ofensiva largamente aplazada contra las posiciones de la APPO, lo que costó la vida de por lo menos cuatro personas en enfrentamientos armados dentro y en los alrededores de la ciudad de Oaxaca.
El tiroteo del viernes estalló cuando hombres armados trataron de retirar una barricada, según un policía que pidió no ser identificado. “No ha quedado claro cuál de los dos bandos disparó primero”, dijo el uniformado. Durante una entrevista el viernes por la noche con el canal Azteca 13, el gobernador Ruiz adjudicó las muertes a los integrantes de la APPO, y agregó que eran una muestra de la radicalización del movimiento que exige su renuncia. El gobernador rechazó asimismo dejar su cargo y sostuvo que sólo a través de las mesas de negociación podrá encontrarse una solución al conflicto. Por su parte, voceros de los manifestantes atribuyeron los disparos a grupos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el gobernador.
Ayer, alrededor del mediodía, seis aviones Boeing de la PFP aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que fue cerrado a la navegación comercial. Los elementos federales fueron concentrados en las instalaciones de una base aérea militar. Al mismo tiempo, en Ciudad de México se encontraba reunido el gabinete de seguridad del presidente Fox, integrado por los secretarios de la Defensa Nacional, general Clemente Vega García; de Marina, almirante Marco Antonio Peyrot, y de Seguridad Pública, Eduardo Medina-Mora, así como el procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca. Todos ellos fueron convocados de emergencia por el secretario de Gobernación, junto con el director del Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jaime Domingo López Buitrón, y el director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna. A la misma dependencia federal acudió el gobernador Ulises Ruiz, que permaneció ahí durante cuatro horas. En un salón aparte se encontraban dirigentes del magisterio oaxaqueño, encabezados por el secretario general de la Sección 22, Enrique Rueda.
Poco antes de las cuatro de la tarde, el gobierno federal lanzó un ultimátum a la APPO para que entregue calles, plazas, edificios públicos y bienes de propiedad privada que tiene en su poder en la capital oaxaqueña. A esa altura los contactos entre la gobernación y la APPO parecían no haber rendido frutos tras cinco horas continuas de negociaciones telefónicas. Según fuentes oficiales, el propósito no es la claudicación de la APPO sino restablecer el orden público y la vigencia de la ley.
Pero la tensión en Oaxaca escaló aún más a la tarde después de que los opositores de izquierda rechazaran el ultimátum del gobierno. “La APPO no va a entregar la ciudad a la Policía Federal Preventiva (PFP). Repudiamos totalmente su presencia en la ciudad de Oaxaca; ellos no son bienvenidos”, dijo el portavoz Florentino López. “La resistencia es pacífica, para nada violenta, y la idea es sostener las barricadas hasta donde sea posible”, sostuvo.
La crisis en Oaxaca ha rebasado a todos, y la probabilidad de violencia generalizada es extremadamente alta. Cercado por su propia incapacidad política, Vicente Fox había pospuesto esta decisión apostando a que las partes en conflicto podrían permanecer en un impasse si no eterno, por lo menos lo suficientemente largo como para que él pudiera entregar el poder a su correligionario Felipe Calderón y que éste, ya ungido presidente de la República, tuviera que tomar las decisiones que hoy no le queda más remedio que asumir.
Desde su amada Foxilandia, el presidente trató por todos los medios de convencerse de que nada pasaría y que su tránsito a la historia estaba asegurado como el primer demócrata verdadero que había proyectado a México a planos de bienestar y progreso nunca antes conocidos. Pero Oaxaca vino a pudrirle el alma y a joderle el sueño con el fantasma de la represión. El, que se había reservado para sí el nicho de la modernidad, no quería acercarse ni por equivocación a nada que pudiera manchar la impoluta imagen que tiene de sí mismo. Ya no será así. Vicente Fox se manchó las manos de sangre por abandonar el ejercicio del poder en manos de criminales protegidos por fueros gubernamentales. Ahora deberá asumir la responsabilidad de las muertes provocadas por su cobardía.
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