“Quiero ir al monte para ponerme al frente de las tropas y ganarles la lucha a estos terroristas”, sostuvo contundente el presidente colombiano Alvaro Uribe desde la Casa Nariño. Se trata de otro paso en la defunción del acuerdo humanitario y de las conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de que el Ejecutivo responsabilizara a éstas de la bomba que estalló el 20 de octubre en la Escuela Superior de Guerra, el corazón militar de Bogotá.

Las negociaciones por la liberación de 59 políticos y militares a cambio de 500 guerrilleros venían encaminadas; el gobierno mostraba voluntad en la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera (una extensión de 800 kilómetros cuadrados) y hasta hablaba de una Asamblea Constituyente, tal como lo hizo el ex presidente Cesar Gaviria en 1991 en el proceso con el M-19 y otros grupos menores. Por su parte, las FARC, en un comunicado del 2 de este mes, sostenían: “La paz, la solución política del conflicto, sigue siendo el más caro anhelo en el alma colectiva de los colombianos”.

Entonces, lo que parecía imposible antes de la reelección del 28 mayo fue tomando forma. Los medios hablaban de un giro en la “seguridad democrática” –doctrina madre del uribismo que apuesta a la confrontación militar–, de un Uribe II. En ese contexto explotó el coche bomba. El Ejecutivo dio marcha atrás en cualquier tipo de negociación y ordenó el rescate militar de los secuestrados, postura que desembocó en estos días en una creciente movilización por parte de los familiares.

Mientras tanto, el alcalde de Bogotá, Lucho Garzón, y el senador Gustavo Petro, ambos del opositor Polo Democrático Alternativo, expresaron sus dudas sobre la autoría del atentado. El que las FARC no se lo hayan atribuido abre un panorama delicado de opciones que Daniel Samper Pizarro en su columna del diario El Tiempo del 25 de octubre resume: “Yo, como ciudadano aseado y formal, le creo al gobierno. Pero como pernicioso observador cotidiano pienso que igual pudo ser obra de intereses internos adversos al diálogo con la guerrilla, para achacarlo a ésta. O, naturalmente, un juego a tres bandas de las FARC para hacer creer que fue un montaje de los militares con el ánimo de culparlas. Y, puestos a pescar en el río revuelto, aparecen otros candidatos: las autodefensas, para ensuciar a sus rivales inveterados, o los narcos, para formar una candelada que les permita trabajar tranquilos”. Su conclusión es dura: “Quiero creer que se trata de otra tropelía de Tirofijo (Manuel Marulanda, líder histórico de las FARC) y sus compinches. De lo contrario, estaríamos asistiendo a un peligroso golpecito de Estado”.

Lo cierto es que aunque la vuelta al discurso de “mano dura y corazón grande” es bien visto por gran parte de la opinión pública que lo relegitimó en su cargo con un 62 por ciento de lo votos, muchos esperaban de este segundo mandato una atención mayor en lo que constituye la deuda principal: la falta de una política social que contemple al 54 por ciento de población bajo la línea de la pobreza según la ONU y a los 3 millones de desplazados víctimas de la guerra interna, que sólo Sudán supera, según la Iglesia Católica y varias ONG.

En paralelo, culminó ayer en La Habana (Cuba) la primera ronda de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país. No hubo grandes avances, pero el diálogo se mantiene y eso ya es bastante. Para muchos, este proceso podría ser un ensayo y un modelo en este contexto crítico, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno carga con un muy cuestionado proceso de reconciliación con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.