A cuarenta y dos días de la desaparición de Jorge Julio López, el testigo que declaró en contra del represor Miguel Etchecolatz, ni la Justicia ni el poder político manejan una pista firme sobre su situación. Todas las hipótesis parecían posibles, pero el paso del tiempo va consolidando algunas y descartando otras. En tal sentido, los organismos de derechos humanos que lo llevaron al juicio contra el ex comisario pedirán el cambio de la calificación del expediente por “desaparición forzada de persona”, la misma condición en la que estuvo López hace 30 años cuando lo secuestró la patota de Etchecolatz. “El cambio de carátula permitirá la unificación de toda la investigación y que se apunte en el sentido de que López está secuestrado, que es lo que sostenemos desde el principio”, afirmó a Página/12 Mariano Puente, integrante de la querella. Mientras tanto, en los despachos oficiales empiezan a acostumbrarse al peor escenario respecto del destino de López, dos veces desaparecido.

Los abogados de Justicia Ya! La Plata solicitarán ante el juzgado federal 1 de Arnaldo Corazza que la calificación del hecho investigado deje de ser “averiguación de paradero” y se convierta en “desaparición forzada de persona”. Esto implicaría que el caso pase de la justicia provincial a la federal.

Guadalupe Godoy, una de las abogadas de López, manifestó a Página/12 que “en la investigación hay información cruzada entre los gobiernos de la Nación y la provincia, y el hecho de que no exista unificación en la investigación es otra manera de diluir el tema”. De hecho, un funcionario judicial reconoció que las fuerzas policiales y de seguridad se están investigando entre sí. Aunque no quieren provocarlo, esta presentación podría causar un conflicto de competencia entre el juez Corazza y la jueza de Garantías Marcela Garmendia. El fiscal que trabaja con ella, Marcelo Marini, ya se pronunció a favor de que el caso pase al fuero federal, es decir a manos de Corazza, “por la gravedad institucional del hecho y porque se produjo en el marco del juicio a Etchecolatz”, pero la magistrada no opinaría lo mismo. De todos modos, en ninguno de estos despachos se produjo un avance sólido respecto del destino del testigo desaparecido.

Mientras tanto, entre los funcionarios políticos empezó a cundir el temor de que el caso López se transforme en una “bomba de tiempo que puede estallar cuando decidan tirarle el cuerpo a algún candidato”, según confió a este diario una fuente involucrada en la investigación.

En este contexto, la familia de López mantiene un diálogo casi cotidiano con un emisario del presidente Néstor Kirchner, que sería un alto jefe de la SIDE, con el objetivo de mantenerlos informados sobre cada operativo y medida tomada para la búsqueda del testigo. Los López estarían conformes con la investigación, y aunque no cortaron lazos con los funcionarios provinciales, sí tomaron un poco de distancia a partir de una serie de allanamientos realizados a otros familiares cercanos. Esto ocurrió cuando los investigadores querían descartar la posibilidad de que el albañil estuviera escondido “con alguien que lo conoce”, como había expresado a los medios su hijo Rubén.

Tras su primer secuestro, el 27 de octubre de 1976, López sobrevivió a la tortura y volvió para contarlo. Su esposa Irene siente que la historia se repite, pero con el paso del tiempo empieza a temer que esta vez no tenga el mismo final.