Un año después de la victoria sobre el duhaldismo en la provincia de Buenos Aires el gobierno del presidente Néstor Kirchner enfrentará un nuevo desafío electoral, planteado por un actor político imprevisto. Ocurrirá en Misiones, donde todas las fuerzas opositoras nacionales se han alineado tras el “Padre Obispo Joaquín Piña”, según rezan las boletas del Frente Unidos por la Dignidad. El pretexto para esta medición de fuerzas es la reforma de la Constitución provincial que propone el gobernador Carlos Rovira, con el propósito de remover la cláusula que le impediría aspirar a un nuevo mandato consecutivo, siempre que el electorado provincial lo votara. Una derrota del gobierno sería el punto de partida para el armado de una alternativa nacional con vistas a las elecciones presidenciales del año próximo, tal como alienta el cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien nacionalizó la elección provincial al comunicar su adhesión a la candidatura del Padre Obispo y apoyarla con contundentes críticas a Kirchner, a quien acusó de fomentar odios y divisiones.

Vencedores y vencidos

Kirchner recogió el guante y el 26 de septiembre viajó a Misiones para expresar su apoyo a Rovira. De este modo, también se pondrá a prueba hoy la estrategia del jefe de la Iglesia argentina, cuya incursión política ha provocado una reprimenda del propio pontífice Benedicto XVI. Tal como se había anticipado en esta página, el Papa le recordó en un discurso público pronunciado en Asís los conceptos de su Encíclica Deus Caritas est: para el cristianismo es fundamental la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios, “esto es, entre Estado e Iglesia”. El establecimiento de estructuras justas “no es un cometido inmediato de la Iglesia, sino que pertenece a la esfera de la política”. A la Iglesia sólo le corresponde “contribuir a la purificación de la razón y reavivar las fuerzas morales”, pero “el deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos”.

El argumento histórico en contra de la participación de sus hombres y estructuras en la actividad política fue que la Iglesia debía inspirar toda la escena pública y no una parcialidad, que el mensaje cristiano es de unidad y los partidos implican división. El Padre Obispo respondió que la suya no es una candidatura política sino en defensa de las instituciones. Esta parece una distinción irrelevante si se atiende al apasionamiento y los enconos recíprocos que la competencia electoral ha desatado en Misiones y más allá, dada la trascendencia que Bergoglio consiguió darle al caso provincial. Lo haya previsto o no el Padre Obispo el comentario ineludible de mañana será si la Iglesia se impuso a Kirchner o si fue vencida por el presidente. Ese rumbo confrontativo escogido por Bergoglio motiva el disgusto de una porción significativa del propio Episcopado, que se propone cuestionarlo en el hermetismo de la 92ª Asamblea Plenaria, que sesionará a partir del lunes 6 de noviembre. Imaginando el Día Después, la encrucijada a la que Bergoglio condujo a la Iglesia sólo tiene dos salidas: la mala y la peor.

Veredas

Tampoco numerosos sacerdotes y laicos católicos ven razones para convertir a la Iglesia en ariete en contra del presidente que está llevando adelante muchas políticas caras a la Iglesia, como la renegociación de la deuda externa, la política exterior independiente y el énfasis en la creación de empleo y la reducción de los niveles de pobreza e indigencia a los que habían llevado las administraciones anteriores. El presbítero Eduardo de la Serna, coordinador del grupo de sacerdotes Carlos Mugica en opción por los pobres consideró “poco feliz” la invocación de Bergoglio a “recuperar la memoria de cómo se vive como hermanos” y preguntó a qué momento fraterno se refería, en un país siempre dividido desde un comienzo como nación entre Saavedra y Moreno, unitarios y federales, porteños y provincianos, católicos y liberales, radicales y conservadores, peronistas y antiperonistas. “En nuestro presente y contexto, aludir a la memoria, para ponerse, aparentemente, en la vereda de enfrente al gobierno, parece tomar postura a favor de los que se niegan a la memoria histórica, hablando curiosamente de verdad completa”. Ese es el nombre de la agrupación que hasta su renuncia por razones personales presidía la señorita Karina Mujica.

Al comentar la acusación de Bergoglio a Kirchner, De la Serna escribió que “es cierto que no sería bueno que un presidente aliente la discordia, como tampoco sería bueno que un cardenal primado sea obispo de una fracción”. El grupo Carlos Mugica estima a Piña como “un referente de lo mejor de nuestra jerarquía” y le hizo llegar su adhesión y acuerdo “con su postura crítica a la corrupción política y estructural en Misiones”, pero también considera “muy preocupante que la Jerarquía episcopal esté apareciendo como un aglutinador de oposición. Muchos creemos que varios obispos miran este gobierno como “zurdo”, “abortista”, “enemigo de la Iglesia” y otras abominaciones más, y no coincidimos en nada con esta mirada, aunque no concordemos en mucho con el ministro de salud, o con tal o cual política oficial”. También, agrega el coordinador del Grupo de Sacerdotes en Opción por los Pobres, “hemos manifestado nuestro acuerdo con la política de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, reclamamos memoria, verdad y justicia, y reiterado nuestro rechazo a cualquier defensa pública o encubierta de la Dictadura Militar” y de la doctrina de los dos demonios. Ya a título personal, De la Serna agrega su rechazo a “gestos o palabras que parecen propias de partidos opositores. Demasiadas víctimas y mucho dolor ha traído a nuestro pueblo y nuestra historia la alianza entre sectores eclesiásticos y sectores del poder, habitualmente conservadores, y cercanos al poder económico”. El propio Padre Obispo, quien en los últimos años dio su apoyo en Misiones al Movimiento de los Sin Tierra, dijo que coincidía con la política de derechos humanos de Kirchner, pero no pudo evitar que la polarización lo convirtiera en el campeón de quienes procuran asegurar la impunidad para los crímenes de la dictadura. El uso de una carta pastoral para violar la veda proselitista realza la contradicción entre su investidura y su candidatura. La equiparación que hace en ella de Rovira con Stroessner es autodescalificatoria, como lo eran las comparaciones de Perón con Hitler y Mussolini tan comunes al promediar el siglo pasado.

Vaticinios

Cuatro de los cincos sondeos de sociología electoral que se conocieron en las últimas horas vaticinan la victoria del Frente Renovador que respalda las aspiraciones del gobernador Rovira. Los de Hugo Haime y Roberto Backman le dan entre 5 y 6 puntos de ventaja. El de Ricardo Rouvier estira esa diferencia hasta 15 puntos, aunque su autor ha difundido otros datos que reducen el margen a 10 puntos. El más contundente, firmado por Artemio López, sugiere que Rovira vencerá al Padre Obispo por 59,5 a 40,5 por ciento de los votos válidos emitidos. Su estudio afirma que la victoria oficial será muy amplia en el interior rural y ajustada en las regiones urbanas de la provincia. Cuando la pregunta es acerca de quién cree el entrevistado que ganará la elección, las respuestas en favor del Padre Obispo no llegan a un tercio del electorado, contra dos tercios por Rovira. Sólo una empresa provincial contratada por los dignatarios pronosticó que Piña se impondría, con 10 puntos de ventaja.

La comparación no es simple, porque cada analista utiliza métodos distintos de cálculo y trabaja sobre muestras de distinta magnitud tomadas en diferentes lugares de la provincia. Al mismo tiempo que comenzaban a circular estas cifras, integrantes del frente opositor formulaban denuncias acerca de la presunta preparación de un fraude y la prensa nacional partidaria de una coalición similar en contra de Kirchner sugería que Rovira compraba votos, con entregas de dinero y especies. Esto adelanta que si los resultados no los favorecen, los considerarán espurios con la intención de deslegitimarlos, como ya lo intentaron con una denuncia ante la Organización de Estados Americanos. Una de las acusaciones contra la dictadura feudal de Rovira fue que había prohibido el voto a los policías misioneros.

En realidad esa inhibición estaba contemplada en la propia Constitución provincial, sancionada en 1958 (según su artículo 48, inciso 10 “no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales ni provinciales”). La propia fiscalía de Estado dependiente del Poder Ejecutivo solicitó su declaración de inconstitucionalidad, que fue concedida por el Superior Tribunal de Justicia. Este es otro indicio de la confianza con que Rovira llega a los comicios. ¿Qué pasaría si pese a todos estos indicios, los hechos la contradijeran, cosa siempre posible hasta que termina el escrutinio? Para Kirchner nada demasiado grave. La misma encuesta indica que tiene en Misiones una intención de voto presidencial del 82,4 por ciento, contra 5,7 de Lavagna, 4,6 de Macri, 3,8 de Carrió y 1,3 de Carlos Menem. Si la candidata fuera CKF, sólo obtendría el 63,7 por ciento de los votos.

Acertijo

Además de las respuestas sobre intención de voto hay otros rubros que ayudan a entender lo que está sucediendo. Mayorías similares a las que anuncian que votarán en favor de Rovira también se manifiestan en contra de la posibilidad de reelección indefinida. Este dato desconcierta a los comentaristas porteños (y suele resolverse con observaciones en menoscabo del electorado provinciano, que “no sabe lo que vota”, como escribió el sincero columnista Fernando Laborda en La Nación). Es probable que la explicación para este acertijo deba buscarse en las características de la alianza formada para enfrentar a Rovira (y, más que a él, a Kirchner) y en los altos índices de rechazo y desconocimiento del propio Padre Obispo. En la última semana de septiembre, cuando Kirchner acompañó en un acto a Rovira, el rechazo por la candidatura del Padre Obispo apenas alcanzaba al 18,6 por ciento de los consultados. En la medición de esta semana se había duplicado, al 36,9 por ciento.

En el mismo lapso, los índices de aprobación de Rovira crecieron del 60 al 72 por ciento, los de Kirchner del 84 al 92 por ciento y los favorables a la relación entre ambos, del 77 al 84 por ciento. Un porcentaje amplio de la población (que varía de encuesta en encuesta) no está de acuerdo con permitir las candidaturas a repetición. Pero en tanto percibe que ese tema es utilizado para golpear al gobernador y al presidente muchos se disponen a darles su respaldo. Esto es posible porque la oposición ha subido la apuesta más de lo que puede bancar. Una cosa es sostener que la alternancia en los cargos públicos mejora la calidad del servicio y otra muy distinta equiparar la posibilidad de re-elección indefinida con la muerte de la democracia.

Son pocos los lugares del mundo donde esas restricciones rigen para los estados provinciales. George Pataki lleva doce años consecutivos como gobernador del estado de Nueva York, en las huellas del prócer George Clinton, que gobernó durante dieciocho, y del millonario Nelson Rockefeller, que fue reelecto cuatro veces. Pataki fue electo en 1994 y reelecto en 1998 y 2002. Nada le impedía presentarse para un nuevo período el mes próximo, pero anunció que no lo haría, con sentidas palabras sobre la transitoriedad de las funciones públicas. Sus partidarios dicen que está considerando postularse como precandidato presidencial republicano en 2008 y sus detractores que su popularidad cayó tanto que no obtendría un nuevo mandato como gobernador. Todo es posible, pero nadie con alguna seriedad podría pretender que por permitir la reelección el estado de Nueva York es una autocracia. Si se trata de Misiones, en cambio, parece por completo normal rezar los funerales de la República, como hizo el secretario general del Partido Comunista, Restituto Silva, quien ungió al Padre Obispo en garante de que “nuestra querida provincia no caiga en una monarquía”(sic). La principal diferencia está en la distinta situación socieconómica del Noreste argentino y el Noreste estadounidense.

Piña, ¿quién es?

Además, el 49,4 por ciento de la población ni siquiera sabe quién es Piña, un prelado catalán que pasó buena parte de su vida en el Paraguay. En cambio tiene un conocimiento preciso de quiénes marchan detrás de la procesión, con el ex gobernador Ramón Puerta y el hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri a la cabeza. Macri, quien llegó a pedir la intervención federal a la provincia, tiene una relación especial con Puerta, de quien fue compañero de facultad, y con Misiones. La represa de Urugua-i, construida por una UTE que lideró Sideco, del grupo Macri, había presentado un presupuesto por 80 millones de dólares, que con los métodos habituales de la patria contratista se multiplicaron por cuatro y salvaron a Socma de la quiebra. Las últimas negociaciones de pagos pendientes se realizaron durante la gobernación de Puerta. Los mensajes en favor de la lista del Padre Obispo o la presencia en la provincia de la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Víctor De Gennaro, la Agrupación de Republicanos Indignados de Elisa Carrió, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la plana mayor de la UCRL, el ex ministro kirchnerista Roberto Lavagna, el intendente de Posadas que hasta hace pocas semanas no veía inconveniente en acompañar a Rovira, los socialistas de Hermes Binner, las distintas fracciones de la izquierda extraparlamentaria a pesar suyo, el ex ministro de la Alianza Ricardo López Murphy, el salvador de la Patria Raúl Alfonsín; el empresario Juan Blumberg quien hizo campaña en Oberá con una foto de su hijo y en compañía del rabino chic Sergio Bergman, quien reescribió el Himno Nacional para sustituir libertad por seguridad, delatan una mancuerna sin amor ni destino.

Este frente de la Biblia y el Calefón sólo se parece en forma superficial a la Unión Democrática que en 1946 se opuso a la candidatura presidencial de Juan D. Perón. Por entonces el Episcopado apoyaba al coronel surgido del golpe de 1943, que prometía adoptar como programa de gobierno las Encíclicas Papales y la Doctrina Social de la Iglesia, y el arco adversario estaba unido por una concepción liberal y muy influida por los apasionados alineamientos de la segunda guerra mundial. Más afinidad tiene, en cambio, con la procesión de Corpus Christi, en junio de 1955, cuando políticos de todas las tendencias, sin excluir a los fundamentalistas del laicismo, marcharon tras la hostia consagrada, bajo los pendones eclesiásticos y envueltos por el humo de los inciensarios. La Unión Democrática se vistió entonces de púrpura. Pero enfrente tenía a un peronismo agotado, que se acercaba a su décimo año con una economía estrangulada por la falta de inversión, una inflación en ascenso que erosionaba los salarios populares y arrojaba dudas sobre la capacidad de arbitraje en la puja distributiva. Tres días después de esa procesión aviones navales arrojaron entre 9 y 14 toneladas de bombas sobre población civil desarmada. ¿Pero quién puede pensar que un desenlace semejante es posible hoy?

Calidad institucional

La prensa porteña es generosa con los espacios que dedica a lamentar la falta de calidad institucional, a veces con objetividad informativa. Es el caso de la nota publicada por el matutino Clarín, cuya excelente corresponsal en Washington, Ana Barón, entrevistó al profesor Mark Jones, quien había sido convocado por el gobierno de George W. Bush para informar sobre la Argentina al inminente embajador Anthony Earl Wayne, en un seminario del que también participaron funcionarios de la CIA, del Tesoro, del Departamento de Comercio y del Pentágono. Jones dijo que en la Argentina “ el Presupuesto realmente no existe”, ya que una vez que el Congreso lo aprueba no hay ningún control. El Gobierno puede hacer cualquier cosa con las partidas. Además, está subestimando los ingresos”. Repitió así las críticas de la oposición local, que va desde Claudio Lozano hasta López Murphy. Pero cuando la nota de Clarín se publicó, el Poder Ejecutivo ya había enviado al Congreso un proyecto de ley de ampliación del Presupuesto 2006. Como el crecimiento fue superior a lo pautado, la recaudación impositiva excedió en 11.000 millones de pesos lo previsto. Esta práctica de subestimar los ingresos fue iniciada por Lavagna. El excedente era utilizado luego por el Poder Ejecutivo mediante decretos de necesidad y urgencia.

Ya con Lavagna en la oposición, el Poder Ejecutivo pone esa diferencia a disposición del Congreso para que discuta su aplicación. Cuando se reponga del desconcierto ante este apartamiento de Kirchner del rol que le había reservado, la oposición podrá decir que una cuarta parte de esos fondos ya fueron asignados por decreto y, como lo sostuvo Jones ante el embajador Wayne, que el gobierno “tiene un control absoluto del Congreso” que le permite la aprobación de su propuesta. Lo que difícilmente haga es repensar su caricaturesco estereotipo de Kirchner ni reconocer el avance democrático que esto representa.

La Doctrina Gardel

Más espectacular fue la pifia del diario de negocios que se esfuerza por competir con la revista humorística Barcelona. En su edición del jueves, comentó la Decisión 753 de la jefatura de gabinete de ministros, publicada en el Boletín Oficial del día anterior, por la cual se amplía una partida destinada al Consejo de la Magistratura, de 9,4 a 13,6 millones de pesos. Bajo el expresivo título “Magistratura: Kirchner borró con el codo razones de Cristina”, el artículo glosa in extenso el discurso de CFK en las sesiones del Senado en las que se decidió la reforma del organismo, donde dijo que se había creado una enorme y costosa burocracia. “Vaya a saber qué opinará ahora, cuando se entere de que habrá un incremento del gasto en personal de 44,6 por ciento más que el que suponían aquellas aberraciones”. Según el columnista habrá “más empleados, burocratización creciente, un Consejo más gigantesco”, con el agravante de que “el aumento se produce cuando se está disminuyendo el número de integrantes del Consejo”. La conclusión es que se trata de un absurdo administrativo y que los argumentos de CFK en favor de la austeridad no eran los del gobierno, lo cual confirma que no se buscaba la agilidad del organismo sino su sometimiento al gobierno.

En realidad esa ampliación figura en la partida del Consejo porque es el órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial, pero no financiará la designación de nuevos empleados en su planta. Se trata de una ampliación del Presupuesto 2006, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, que pidió la provisión de mil cien cargos en los tribunales federales de todo el país, con el objeto de atender la recarga de trabajo que implican los juicios por violaciones a los derechos humanos, a partir de la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida dispuesta por ese tribunal en mayo de 2005. La Resolución firmada esta semana cubre las remuneraciones de ese personal imprescindible hasta fin de 2006 y en el presupuesto 2007 figura la partida correspondiente para su incorporación a la planta permanente. Ni la Jefatura de Gabinete ni la senadora CFK respondieron al artículo. Para tamaña mala fe, nada mejor que la Doctrina Gardel.