En una experiencia inédita, el Tribunal de Menores Nº 3 de Florencio Varela convierte todas las tardes una sala de espera en un aula de escuela, adonde concurren adolescentes con causas penales, como parte de un programa de medidas alternativas a la privación de la libertad. En lugar de enviarlos a una institución cerrada a cumplir una condena, como ocurre habitualmente, la jueza María Silvia Oyhamburu –idéologa de la iniciativa– les impone la obligación de aprender un oficio y terminar la escolaridad, con un sistema de acompañamiento con operadores comunitarios que funcionan como tutores de los chicos. Las estadísticas del juzgado, difundidas por la Suprema Corte Bonaerense, demuestran que la reincidencia con este régimen resulta bajísima: apenas el 13,3 por ciento de los pibes ha sido imputado de un nuevo delito, frente a un 67,4 por ciento de los que fueron castigados con el encierro en un instituto de menores. Se trata del tribunal de Menores con más causas en trámite de toda la provincia de Buenos Aires. Actualmente tiene 10.163: 1374, penales y 8789, asistenciales.

Son las tres de la tarde del jueves 12. La casita de techo de chapa y paredes gris celestón que por la mañana es sala de espera del Tribunal de Menores Nº 3 de Florencio Varela ya está transformada en aula: en el medio hay una mesa rectangular y a cada lado se ubican los alumnos. Hoy hay ocho. Pero otros días suele haber más. Tienen entre 16 y 19 años. Todos están imputados de algún delito, en la mayoría de los casos robo o hurto. Todos están cumpliendo desde hace aproximadamente dos años medidas alternativas al encierro, que incluyen el aprendizaje de un oficio como mecánica o electricidad. Y desde agosto, cuando se creó la escuela por iniciativa de la jueza Oyhamburu y su equipo técnico, el tribunal les sumó como obligación la asistencia a clases.

Sobre una mesada se apoya un pizarrón. A un costado de la flamante aula, hay un pequeño mástil con la bandera argentina. En una de las paredes cuelgan varias láminas alusivas al Día de la Raza: justamente sobre ese tema están hablando con Estela, la maestra.

–¿Para que vinieron los españoles a América? –les pregunta la docente.

–Se quieren llevar de esclavos a los indios pero los indios no quieren –responde uno de los estudiantes. Todos son varones.

–Si viene con otro negro, le pone una escopeta y se lo lleva –acota otro de los adolescentes.

Se muestran interesados, entusiasmados con la clase. Algunos participan más que otros, como en cualquier aula. La maestra les sigue haciendo preguntas, tratando de reconstruir con sus palabras cómo fue el enfrentamiento entre conquistadores y aborígenes, quinientos años atrás.

–Déle, profe, ¿cuándo hacemos algo? –la interpela uno de los chicos.

–Les parece que hablar es no hacer nada –retruca ella.

Derecho vulnerado

La jueza Oyhamburu está al frente del Tribunal de Menores Nº 3 de Varela desde mayo de 2002, cuando se creó como juzgado descentralizado del Departamento Judicial de Quilmes. El tribunal funciona en una de las casonas más antiguas del partido, rodeadas por una manzana de parque arbolado, a metros de las vías del tren, en la avenida Cabello, entre Perón y Sarmiento. Para Oyhamburu, la designación al frente del juzgado fue su puerta de ingreso a la carrera judicial después de una larga trayectoria en el área de minoridad en los ámbitos municipal, provincial y legislativo. Además de abogada, es asistente social. Y, parece, ha logrado conjugar sus dos profesiones a la hora de administrar justicia con jóvenes.

El proyecto de la escuela se lleva adelante con la colaboración de la Dirección de Educación de Adultos de la provincia, que designó a la docente, y el municipio de Florencio Varela, que se encarga de contratar a los operadores comunitarios tutores de los chicos.

–¿Por qué decidieron crear una escuela en el juzgado? –le preguntó Página/12.

–Por una necesidad. La mayoría de los chicos encausados no han terminado la EGB y observamos que son discriminados en escuelas de adultos por tener antecedentes penales. Está claro que lo ideal sería que estos chicos se incorporen a una escuela común, aclaro esto porque si no parece que fomentamos guetos: alguien podría entender que los marginamos y estigmatizamos más. Pero también hay una realidad: lamentablemente nos ha pasado que padres de alumnos o los mismos adultos de otras escuelas los terminan expulsando. Y hay que tener en cuenta que son chicos que demandan mayor seguimiento. Están familiarizados con el delito y por esa razón necesitan un abordaje y una atención personalizada. Son chicos que no tienen incorporadas pautas sociales, por ejemplo, de ir a la escuela. En la mayoría de los casos, en una escuela común desertan. Creo que la Justicia tiene que ocuparse de otras cosas, pero estando el derecho a la educación de estos chicos vulnerado, no podemos hacer oídos sordos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño nos interpela –fundamenta su proyecto Oyhamburu.

Está lejos del estereotipo de una jueza. No habla con solemnidad ni dictando sentencia. Esta mujer campechana, atractiva, de ojos color miel, encabeza el Tribunal de Menores con más causas en trámite de toda la provincia (y se podría suponer, de todo el país), según las estadísticas de la Suprema Corte Bonaerense: tiene abiertas 1374 causas penales y 8789 asistenciales (cuando el chico es víctima de algún delito), de acuerdo con los cómputos actualizados a fines de septiembre. Y ella aclara: “Cada causa penal es por un hecho delictivo, puede tener un solo imputado o varios; cada causa asistencial, en general, es por grupo de hermanos”. De modo que bajo su responsabilidad podría estimarse que están los destinos de no menos de diez mil pibes.

Entusiasmo

De los que tienen causas penales en el tribunal de Oyhamburu, la casi totalidad de los adolescentes tiene la EGB incompleta. Ocho de cada diez cumple medidas alternativas a la privación de la libertad. El 20 por ciento restante está bajo tratamiento en una institución de régimen cerrado (30 por ciento) y de régimen abierto (70 por ciento).

Un muestreo de los expedientes del tribunal habla del buen resultado que ha obtenido el juzgado con la aplicación de sanciones “socioeducativas”: sólo el 13,3 por ciento ha reincidido en la comisión de un nuevo delito. Entre los que están privados de la libertad en alguna institución, ese porcentaje trepa al 67,4 por ciento. Además, el juzgado registra un índice de fuga de institutos cerrados del 58 por ciento.

–¿Cuál es su criterio a la hora de imponer una sanción alternativa a la pena privativa de libertad en una institución?

–La privación de la libertad debe ser el último recurso. Más allá de que en la provincia de Buenos Aires sigamos con una legislación con un paradigma obsoleto (todavía rige la ley de Patronato derogada a nivel nacional hace un año), existe la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que nos ofrece un montón de herramientas para establecer ese criterio. Es un mandato legal que debo aplicar porque la Convención tiene rango constitucional. En los casos de delitos graves, como homicidio, no aplicamos medidas alternativas a la privación de libertad. Para recibir una sanción de ese tipo tiene que ser primario en el delito. Si entendemos que son personas en desarrollo, la intervención del Estado tiene que ser diferente que frente a un delito cometido por un adulto. Tiene que ser una sanción socioeducativa. La gradualidad del hecho determina el tiempo de la medida –explica la magistrada.

Cuando se impone la pena alternativa al encierro en un instituto de menores, en el juzgado de Ohyamburu buscan que un adulto, ya sea un abuelo, una tía, o un vecino, se responsabilice por el adolescente. “Tratamos de que sea un referente para el chico. En función del delito y de las características familiares y sociales, se aplica la sanción”, señala la jueza. Además, peritos del tribunal evalúan si el joven necesita un tratamiento psicológico y en ese caso, lo derivan a un centro donde pueda recibirlo.

En 2004, este juzgado fue elegido (junto con otro de Entre Ríos) para desarrollar un programa de libertad asistida auspiciado por la ONU y que se replica en otros cuatro países. Para ello se firmó un convenio con la Suprema Corte Bonaerense y el municipio de Florencio Varela, que se encarga de reclutar a los operadores comunitarios que ofician de tutores de los chicos para acompañar el seguimiento de la medida alternativa a la privación de libertad. Cada operador tiene uno o dos adolescentes bajo su mirada. Para los pibes, los tutores se convierten en verdaderos pilares en sus vidas. En algunos casos, son el adulto que nunca tuvieron al lado para darles contención. Como en el caso de Hugo, de 19 años, uno de los alumnos de la escuela del tribunal. “Yo nunca tuve los consejos de nadie, nunca nadie me dijo nada. Mi viejo no sé dónde está ni sé quién es. Yo tengo el apellido del que supuestamente dice que no es mi padre. Mi vieja cayó en cana cuando yo era pibe. La madre de un chico del barrio me aconsejó bastante”, dice el adolescente con una causa penal en trámite, a quien la jueza Oyhamburu le aplicó una sanción “socioeducativa” que lo obliga a estudiar y aprender un oficio. Sobre Fabiana, su tutora, agrega: “Es remacanuda, me rehabla, me da consejos. Cada dos por tres me reta pero está bien, porque tiene sus razones” (ver aparte).

En la escuela del juzgado, además de continuar con la escolaridad, aprenden computación, hacen actividad física y participan de talleres de reflexión donde a partir de distintas técnicas abordan problemáticas comunes.

Actualmente tienen que ir a clase alrededor de 30 adolescentes con causas penales, como parte de la “condena” impartida en el juzgado.

–¿Qué pasó que hoy hay sólo ocho? –le preguntó a Ohyamburu Página/12, en relación con la cantidad de alumnos el día de la visita al tribunal.

–No nos sirve de nada que vengan por la fuerza. Los chicos están incorporando pautas y la idea es trabajar con cada uno para lograr que finalmente venga todos los días. Los mecanismos tradicionales con estos chicos no resultan. Además, también tienen que aprender un oficio.

–A dos meses de la creación de la escuela, ¿qué evaluación hace de la experiencia?

–Desde los chicos vemos mucho entusiasmo. Ellos mismos nos dicen: “Ya no estoy en la esquina tomando cerveza”. Están contentos porque están aprendiendo. Dicen que en el barrio los aceptan más, que se sienten menos discriminados. Y tenemos padres que también nos han planteado que quieren incorporarse a la escuela.