El Centro de Estudios Legales y Sociales y el equipo coordinador de Cristianos para el Tercer Milenio le pidieron ayer a la Iglesia Católica de la Argentina que explicite su posición institucional frente al proceso de justicia por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El reclamo es producto de las declaraciones del obispo de Villa María, Samuel Jofré Giraudo, quien en línea con la teoría de los dos demonios cuestionó la legitimidad de los juicios por la represión ilegal, de los cuales la Iglesia es protagonista por partida doble: con religiosos victimarios que ya fueron procesados y hasta condenados, como Christian von Wernich, y de otros que fueron víctimas, como monseñor Enrique Angelelli.

Cristianos para el Tercer Milenio, una agrupación de referentes de distintos ámbitos que cuestiona a la jerarquía católica, le envió a Jofré Giraudo una carta en la que destacó “la escandalosa confusión creada por sus declaraciones, que no son las primeras que ponen en duda sus atributos de pastor” y le exigió “una clara ratificación o rectificación”. En una segunda misiva, dirigida a la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina que encabeza José María Arancedo, el grupo que integran Hernán Patiño Mayer, Alicia Pierini, Ana Cafiero y Felipe Solá, entre otros, le reclama a la conducción de la Iglesia “una rápida, clara y precisa toma de posición”. El CELS, en un comunicado, consideró “imprescindible que la Iglesia Católica de la Argentina se posicione” sobre los juicios y “se comprometa con una colaboración permanente y sustantiva con el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad”.

“Habría dicho usted que ‘los juicios son discutibles porque en la Justicia se nombraron infinidad de cargos puestos a dedo que le hicieron perder credibilidad al Poder Judicial’”, apunta Cristianos para el Tercer Milenio en referencia a declaraciones publicadas en medios de Villa María. Luego le formula una serie de preguntas al obispo: “¿Qué autoridad tiene usted para hablar de elección a dedo, cuando la suya responde a la misma metodología que, por otra parte, contradice las tradiciones de la Iglesia primitiva y los deseos de buena parte de la grey católica? ¿Con qué fundamentos discute usted las sentencias de la Justicia democrática y la credibilidad del Poder Judicial?”, le plantean a Jofré Giraudo, quien cursó el secundario en el Liceo Militar General Paz de Córdoba y se formó como sacerdote en plena dictadura.

Las preguntas siguen. “¿Cuáles son ‘las voces serias y bien plantadas que hablan de juicios políticos’? ¿Se refiere usted a los criminales que fueron recientemente condenados por el asesinato de nuestro hermano obispo Enrique Angelelli? ¿Qué quiso decir al plantear una amnistía como camino para la reconciliación? ¿Olvidó acaso que la ‘paz es hija de la justicia’ y que el perdón reclama verdad, arrepentimiento y reparación? ¿Avala usted con su afirmación de que ‘los militares no fueron los únicos culpables’ la perversa teoría de los dos demonios, que pretende equiparar a delitos comunes con crímenes de lesa humanidad?”

Luego de exigirle al obispo que ratifique o rectique sus palabras, la agrupación le pide a Jesucristo que a través de la Virgen de Luján “lo ayude a reparar el daño causado y en el futuro a servir con honestidad, humildad y prudencia las necesidades del rebaño puesto a su cuidado”. En su carta a la comisión de la CEA, que encabeza Arancedo, la agrupación destaca “la gravedad” de las declaraciones y “las dudas que alimentan” sobre la posición del Episcopado, y por ese motivo les demandan a los obispos que “en su condición de pastores y servidores de nuestro pueblo, (hagan pública) una rápida, clara y precisa toma de posición”.

El comunicado del CELS se titula “La Iglesia Católica frente al proceso de memoria, verdad y justicia” y recuerda que ya en 1984 la Conadep hizo constar en su informe final que miembros de la Iglesia “cometieron o avalaron con su presencia, con su silencio y hasta con palabras justificatorias” la represión ilegal. “Hace treinta años que la Iglesia Católica aparece mencionada reiteradamente en los testimonios de las víctimas por su falta de respuesta o su compromiso con los represores”, destaca. “Ocho sacerdotes fueron procesados por su participación en delitos de lesa humanidad. El capellán castrense Christian von Wernich está condenado por su actuación en centros clandestinos de detención pero continúa siendo sacerdote”, advierte. “En otros casos, la investigación judicial no avanzó en la determinación de responsabilidades penales aunque la participación eclesiástica está documentada”, recuerda, y cita el ejemplo de los secuestrados de la ESMA que ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron trasladados a un centro de detención que funcionó en la isla El Silencio, en Tigre, propiedad del arzobispado porteño. El organismo recuerda también que en el juicio por el asesinato de Angelelli, que concluyó este año, “la Iglesia Católica de la provincia de La Rioja fue parte querellante y el Vaticano aportó documentación conservada en sus archivos durante 39 años”. Finalmente, dado que se trata de “un proceso protagonizado por toda la sociedad argentina” y con “reconocimiento mundial”, considera “imprescindible” que la institución se posicione sobre los juicios y “se comprometa con una colaboración permanente y sustantiva”.