Las calificadoras de riesgo, las agencias noticiosas y los grandes medios internacionales sostienen que la Argentina ha vuelto a entrar en default, evocan la crisis de fin de siglo y acusan por la recaída al populismo irresponsable de su gobierno. Con reprobación moral añaden que el país pidió dinero para vivir por encima de sus posibilidades y que cuando le tocaba pagar no honró sus compromisos con quienes le prestaron. Lo primero que debe decirse es que nada de todo ello es cierto.

La situación actual es el último coletazo de la crisis en que la Argentina fue sumergida por el neoliberalismo, a partir del golpe de Estado que en 1976 instauró la más cruel dictadura cívico-militar, con sostén del Episcopado Católico. Al comenzar esa década Estados Unidos había abandonado el patrón oro y comenzado a financiar su déficit comercial con el crédito forzoso que implicó la conversión del dólar en la moneda internacional de reserva respaldada por el más temible poder militar de la historia humana. Los grandes bancos occidentales acumularon enormes cantidades de petrodólares, originados en las exportaciones de hidrocarburos de los países de la OPEP y los prestaron a países del Tercer Mundo. Este fue el mecanismo por el que la Argentina, que a mediados del siglo XX tenía un ingreso per cápita superior al de Italia y España y constituía la sociedad más desarrollada y equitativa de América Latina, destruyó las bases materiales de ese progreso e ingresó al siglo XXI como un pordiosero. Con el pretexto de modernizar la economía y de controlar la alta inflación, la dictadura remodeló en forma drástica la sociedad, dando primacía a las finanzas sobre la producción de bienes para el mercado interno. Los bancos transnacionales prestaban sus petrodólares a los mayores grupos económicos, que los represtaban dentro del país a las empresas menores que no tenían acceso al mercado internacional, con una diferencia importante de tasa de interés. Sumado a la represión que se centró en los obreros industriales y las clases medias, esto desmanteló la industria, que en aquel momento estaba alcanzado un punto de maduración y hasta producía electrónica de punta, y permitió bajar en forma drástica los salarios.

El verdadero default

Pese a las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos, los grandes bancos también financiaron a la dictadura. La deuda externa argentina se septuplicó en apenas siete años y un tercio del total se dedicó a la adquisición de armamentos, para sostener la expansión del aparato represivo y la ilusión de su proyección internacional. Esto se expresó en una guerra con Chile (impedida a último momento por la mediación papal en 1978) y otra con Gran Bretaña cuatro años después. Luego de tres meses de combates Margaret Thatcher, con apoyo de Ronald Reagan, retuvo las islas Malvinas, arrebatadas a la Argentina a principios del siglo XIX y fugazmente recuperadas en abril de 1982. Ese mismo año la dictadura ofreció a las empresas un canje muy ventajoso: el Estado se hizo cargo de la deuda privada en dólares y los deudores originarios le pagaron a largo plazo con pesos, evaporados por la inflación. Como unos toman el crédito y otros lo pagan, la deuda externa se convirtió en el gran reciclador de las relaciones internas de poder.

Esto condicionó a los posteriores gobiernos democráticos, precipitando la hiperinflación y la cesación de pagos en 1989. El ex Secretario de Estado Henry Kissinger inspiró un plan que en sucesivas etapas aplicaron los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush padre y sus ministros James Baker y Nicholas Brady, por el cual una parte de la deuda en mora de la Argentina y de otros países latinoamericanos fue fragmentada en unidades menores y colocada por los bancos en el mercado mundial a centenares de miles de ahorristas, y otra parte fue canjeada por acciones de las empresas del Estado, que pasaron así a manos privadas. Esta privatización a precio vil enajenó el capital social acumulado por generaciones de argentinos. Al mismo tiempo se perdió así el rastro del pecado original de la deuda, los bancos endosaron el riesgo y se modificó el funcionamiento de la sociedad en términos de muy difícil reversión. Al mismo tiempo se ató el peso argentino al dólar estadounidense, una equivalencia ficticia que sólo pudo sostenerse unos años a costa de una nueva oleada de endeudamiento externo, con refinanciamientos a tasas cada vez más altas y plazos más cortos, hasta que la Argentina no pudo seguir pagando y se declaró en default a fines de 2001. Los bancos congelaron los depósitos de los particulares y la desocupación llegó al 25 por ciento, la misma cifra que hoy castiga a España. En la Argentina de entonces, como en la Europa actual, todas las medidas de auxilio se han dirigido a salvar a los bancos, no a las personas.

La reestructuración

Para salir de ese colapso, el Estado argentino volvió a privilegiar la producción, el empleo y el consumo en el mercado interno y llevó adelante la mayor reestructuración de deuda pública conocida en el mundo. Lo hizo en dos pasos. El primero, en 2005, comprendió el canje de los títulos impagos en poder de tres cuartas partes de los acreedores, quienes aceptaron una quita de dos tercios, una conversión de divisas fuertes a moneda nacional y un alargamiento de los plazos. El segundo, en 2010, llevó el índice de aceptación al 92,4 por ciento de los tenedores de bonos de la deuda pública argentina. Los nuevos títulos emitidos incluyeron dos cláusulas sin las cuales el canje no hubiera sido aceptado: la primera, que quedarían sometidos a jurisdicción extranjera (de Nueva York, Londres, Tokio o Bélgica); la segunda, que si antes de enero de 2015 se formulara una mejor oferta a otros acreedores, todos tendrían derecho a reclamar iguales condiciones (Rights Under Future Offers, o RUFO). La economía gozó de la década de más alto crecimiento de la historia y la Argentina cumplió con los pagos prometidos a todos los acreedores que aceptaron el canje.

El 7,6 por ciento que no reestructuró sus créditos está integrado por sectores muy diversos: desde pequeños ahorristas que compraron bonos como seguro para su vejez hasta especuladores financieros, como los fondos de inversión Aurelius y Elliot Management, que nunca le prestaron un dólar a la Argentina. Por el contrario, compraron por monedas títulos en default en 2008 y recurrieron a la justicia de Wall Street en busca de cobrar el valor nominal más los intereses acumulados desde 2002. Por eso se los conoce como buitres, vultures, vautours, avvoltoi o geiere. Sólo poseen el 1% de la deuda argentina pero pretenden obtener una ganancia del 1600 por ciento y condicionar toda la exitosa reestructuración realizada en la última década. Como apuestan a todos los números, además de los bonos en default también han adquirido títulos reestructurados, con los que esperan activar la cláusula RUFO; poseen seguros contra default e integran la entidad privada que sentencia cuándo se cumplen las condiciones para gatillar esos seguros. La Unctad, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la OEA, la Unasur, el Mercosur, el propio Fondo Monetario Internacional han advertido contra estas prácticas predatorias.

Dentro de Estados Unidos y entre privados está prohibido adquirir papeles de una quiebra para litigar por su valor original, pero los tribunales de ese país, que forman parte relevante de la globalización financiera, exceptuaron de esta restricción a las deudas soberanas. Durante cuatro años los buitres intentaron embargar todo tipo de bienes argentinos en el mundo, desde la nave escuela de la Marina de Guerra, hasta un satélite, una usina nuclear, el avión presidencial y las reservas del Banco Central. Una vez fracasadas todas esas tentativas consiguieron que el anciano juez del distrito financiero del sur de Manhattan, Thomas Griesa, realizara una caprichosa interpretación de la cláusula de pari passu de los títulos en default. En 2012, el juez sostuvo que además de la simultaneidad del pago esto implicaba que la Argentina debía cancelar la totalidad de la deuda defaulteada a quienes no habían aceptado la reestructuración. El gobierno argentino ha denunciado además que el objetivo final es forzar un nuevo ciclo de endeudamiento externo, que someta al país y lo fuerce a ceder los codiciados yacimientos de petróleo y gas no convencional. Esta sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en 2013 y quedó en firme en junio de este año cuando la Corte Suprema estadounidense rehusó pronunciarse sobre la apelación argentina.

Senilidad y prepotencia

Al vencimiento de sus compromisos de junio, la Argentina depositó el importe correspondiente como lo venía haciendo desde 2005 pero el banco fiduciario que recibió ese dinero no lo transfirió a los tenedores de los títulos, porque se lo prohibió ese juez de 84 años que ni siquiera entiende de qué se trata. Y esto no lo dice un autor argentino sino The New York Times, que llegó a esa conclusión luego de leer la versión taquigráfica de una de las audiencias. Era preciso repetirle las preguntas hasta siete veces y no tomaba decisión alguna. Entre otras confusiones, ni siquiera había advertido que al prohibir el pago de bonos emitidos en Europa y bajo ley europea excedía con holgura las facultades de su tribunal. Cuando se lo hicieron notar respondió que su jurisdicción abarcaba a la República Argentina. Esta impactante suma de senilidad y prepotencia no debería oscurecer la centralidad de los fondos buitre en el dispositivo de la globalización y el hecho de que su disparatada orden haya sido ratificada por la muy conservadora Corte Suprema de Justicia, que con pocos días de diferencia paralizó la tibia reforma del sistema de salud del presidente Barack Obama, reconoció derechos religiosos a las personas jurídicas, sentenció que el descuento de una cuota sindical lesionaba la libertad de expresión y convalidó el hostigamiento fundamentalista contra mujeres vulnerables frente a las clínicas a las que recurren para realizarse un aborto. Es todo el sistema judicial estadounidense el que privilegia una lectura restrictiva del contrato, como si se tratara de una relación comercial entre particulares y simula ignorar el contexto mundial en que ese contrato se consuma. El caso argentino es una perfecta ilustración del carácter irracionalidad y destructivo que ha alcanzado la globalización capitalista. Si se pretende construir un paradigma superador, en el que los derechos de los bancos no prevalezcan sobre los de las personas, el enfrentamiento contra la centralidad del sistema financiero es ineludible y urgente.