Viernes, 10 de junio de 2016 | Hoy
Por Carlos Bianco *
El próximo 30 de junio el presidente Macri viajará a Chile para participar como “observador” en la Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico (AP). Previamente, la Cancillería argentina presentó un pedido formal para que nuestro país se transforme en “Estado observador” de dicho bloque. Se trata de una novedad en materia de política exterior para la Argentina, ya que si bien nuestro país mantiene profundas e históricas relaciones comerciales con cada uno de los Estados parte de la AP, este involucramiento institucional podría tratarse de un primer paso hacia un cambio más radical en la orientación del proceso de inserción mundial de la Argentina.
En los hechos, la AP se trata de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que, más allá de haber eliminado los aranceles al 92% del comercio de bienes entre sus socios, incluye las disciplinas típicas de la última generación de este tipo de acuerdos, las cuales reglamentan aspectos adicionales del vínculo económico entre países tales como las inversiones extranjeras o las compras públicas.
El hecho de ser un “observador” de la AP no es un privilegio, ni una exclusividad, ni mucho menos. La AP cuenta en la actualidad con 42 Estados observadores entre países de los cinco continentes. Ser un Estado observador de la AP significa poco y nada. Básicamente, los observadores pueden participar de aquellas reuniones a las que sean invitados, aunque sólo con derecho a voz. Sin embargo, la experiencia indica que en esos ámbitos no se suelen discutir los temas sustantivos del esquema de integración, sino solo realizar un repaso somero del estado del proceso.
La solicitud realizada por la República Argentina para constituirse como Estado observador de la AP, desde un punto de vista económico, no conlleva ni oportunidades ni peligros. Se trata de una mera formalidad. Sin embargo, desde un punto de vista político o simbólico, dice mucho.
En primer lugar, se puede aventurar que se trata de un primer movimiento en el marco de una estrategia de mediano plazo tendiente a que Argentina se transforme en un Estado parte de la AP. En términos formales, nuestro país ya cumple con las condiciones requeridas como para presentar su candidatura a Estado miembro, ya que tiene suscritos acuerdos de libre comercio con al menos la mitad de los Estados partes: los Acuerdos de Complementación Económica (ACEs) suscriptos con Chile, Perú y Colombia son lo suficientemente amplios como para ser interpretados como TLCs. En caso de que la solicitud sea aceptada por los Estados parte de manera unánime, Argentina tendría un año calendario (con posibilidad de prórroga) para cumplimentar el conjunto de condiciones necesarias para iniciar el proceso de adhesión a la AP: básicamente, tener suscritos TLCs con todos los Estados Parte, en cuyo caso nuestro país debería primero suscribir un TLC con México.
Sin embargo, Argentina no podría avanzar en esa dirección sin que antes el Mercosur modifique su propia normativa. Hoy en día los países del Mercosur no se pueden sumar de manera individual como Estados parte a la AP, ya que tanto el Tratado de Asunción como la Resolución CMC 32/00 indican que los países del bloque tienen una política comercial común. Por consiguiente, los países del Mercosur deben negociar en bloque la realización de acuerdos comerciales con países de extrazona. Para poder sumarse a cualquier otro acuerdo como Estado parte, primero se debería “flexibilizar” o “degradar” al Mercosur, dejando de lado su estatus actual de “unión aduanera” para pasar a conformar un mero TLC.
En segundo lugar, esta decisión de pasar a formar parte de la AP como Estado observador quizás también responda a una estrategia de más largo plazo de formar parte de otros mega-acuerdos regionales, tales como el Trans-Pacific Partnership (TPP), dentro del cual ya se encuentran insertos tres de los cuatro Estados parte de la AP (Chile, Perú y México). De hecho, ya se produjeron declaraciones en este sentido por parte de funcionarios de alto rango del gobierno macrista.
Participar de la AP como Estado observador es una mera formalidad. Una eventual participación como Estado parte requiere la “degradación” del Mercosur, lo que permitiría a posteriori que Argentina pueda negociar individualmente su ingreso a otros acuerdos que sí serían peligrosos para el bienestar futuro de los argentinos, tales como el TPP.
El proyecto político y el modelo económico kirchnerista necesitó para su desarrollo de un esquema de inserción internacional que priorizaba a la región y al Mercosur como espacios de acumulación a partir de los cuales obtener las economías de escala y aprendizaje necesarias para la proliferación de los sectores industriales. Por el contrario, el proyecto político y el modelo económico macrista ven a la región y al Mercosur como meras plataformas de exportación de los productos en los que Argentina ya cuenta con ventajas competitivas vinculadas con la cantidad y calidad de nuestros recursos naturales. La diferencia no es menor para el pueblo argentino.
* Docente-investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales.
Por Juan Manuel Karg *
El ingreso de Argentina como Estado Observador a la Alianza del Pacífico (bloque regional compuesto por México, Colombia, Perú y Chile como Estados parte) fue saludado desde diversos medios de comunicación conservadores de nuestro país, que pretenden ver en la noticia el certificado final de defunción –tantas veces anunciado– del pelotón de instancias de integración autónomas: Unasur, Mercosur, ALBA y PetroCaribe. En contraposición a eso, la noticia no generó mayor repercusión en la prensa latinoamericana, que cubre con más énfasis el deterioro de la situación social argentina y los escándalos offshore del presidente Macri que su política internacional.
Por el momento, el ingreso argentino no es más que un saludo genérico a una instancia abarrotada de Estados Observadores, con casi 50 países en esa condición, contra sólo 4 con membresía plena. No hace falta más que ver el mapa que presenta la propia AP en su web para dar cuenta de ello, con una gran proliferación del bloque EEUU-UE en esta clase de membresía parcial que otorga voz en reuniones (y no mucho más). En su afán de no mirarse en soledad en una América Latina y el Caribe que aún sigue contando con mayoría de gobiernos nacional-populares y de izquieda –aunque no con el énfasis de años pasados, claro está– Macri orienta su política exterior rumbo a países que no han demostrado grandes logros en materia económica y social. Esto queda evidenciado en las propias estadísticas de la OCDE, que hablan de una desigualdad creciente en los Estados parte de esta organización apadrinada por Washington.
Un elemento interesante se desprende de una lectura inicial del Acuerdo Macro de AP, firmado en junio de 2012 en Chile: tres de los cuatro suscriptores han salido –o están camino a hacerlo– de la presidencia de sus respectivos países. Hacemos referencia a Piñera, Calderón y Humala, que dejan en soledad a un Juan Manuel Santos que ganó agónicamente la segunda vuelta de 2014. Es decir: hablamos de países con volatilidad política creciente, muy elogiados por la prensa corporativa pero con modelos político-económicos poco refrendados por sus habitantes en las urnas.
Pero AP tiene un problema adicional de dimensiones: viene atado al combo del Acuerdo TransPacífico (TPP). Intentar sacrificar el Mercosur –es preciso “flexibilizar” sus condiciones– para ir corriendo tras un mega-acuerdo que intenta correr a China en el marco del progresivo declive de EE.UU. no parece ser la opción más razonable para Argentina. Macri debería firmar dos Tratados de Libre Comercio –es decir, con la mitad de sus miembros plenos– para intentar ser Estado parte de AP en el futuro. Paradójicamente, a 25 años de la firma de un Mercosur que fue concebido en pleno auge neoliberal, es este tratado el que impide que la Argentina de PRO se tire de cabeza a la pileta librecambista que ofrece la AP. ¿Se animará a aún más el tándem Macri-Malcorra? ¿Buscarán romper el Mercosur por el capricho de “pertenecer” a los mega-acuerdos que exige EE.UU.?
* Politólogo UBA / Investigador IIGG UBA y Centro Cultural de la Cooperación.
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