El año pasado, antes de dejar el Ministerio de Justicia, Alberto Iribarne presentó un proyecto de reforma procesal que apunta, precisamente, a abreviar los juicios penales. La propuesta les da un gran poder de investigación a los fiscales y resta protagonismo a los jueces. Calcula plazos de duración de entre dos y cuatro años (en los casos más complejos) y transforma en orales todas las instancias del proceso. Además, introduce el llamado “principio de oportunidad” (entre otras estrategias, como el juicio abreviado y la probation) que les permitiría a los fiscales desistir de la acción en casos menores y atender los de mayor peso institucional. Según ACIJ, la mayoría de sus entrevistados avaló la reforma de estas características, que “contribuiría a evitar que la investigación sea utilizada como prenda de negociación”. Rafecas, por ejemplo, sostuvo que es imprescindible una reforma de este tipo, que tienda al llamado modelo acusatorio. Pero hubo quienes, como el fiscal federal Federico Delgado, advirtieron que el Ministerio Público (los fiscales) “no estaría exento de incurrir en las mismas irregularidades” que los jueces. El ex camarista Edgardo Donna advirtió que un cambio de normas no garantiza terminar con la falta de condena de los delitos de poder. “Debe haber una decisión política dirigida”, dijo.