Buena persona e inteligente analista, el hombre reenvió a sus amigos un mail que daba la bienvenida a Hugo Moyano como nuevo integrante de la Sociedad Rural. El texto original llevaba la firma de Ariel Nicolás Martella, del estudio de abogados de Bahía Blanca Martella y Larrañaga, e incluía su domicilio y teléfono. Expresaba la esperanza de que “a partir de ahora Moyano defienda nuestros intereses en las reuniones de gabinete. El simpatiquísimo y agradable Hugo acaba de adquirir la emblemática estancia San Ignacio a la familia Naón Pirovano en el partido de Henderson, adquisición que le debe haber costado sus buenos dólares, puesto que en la zona la hectárea no baja de los 4000 dólares y los campos no bajan de las 1000 hectáreas (o sea de los cuatro millones de dólares), a lo que habría que agregar el magnífico casco, que como habrán visto se publica en varios libros de catálogo de Estancias Argentinas”.

En los números indicados, Martella informa que ni él ni nadie del estudio escribieron ese mail ni conocen nada del tema. La misma estancia fue adjudicada hace dos años por el diario Perfil a la sociedad anónima Calema, vinculada con el entonces secretario general del sindicato de colectiveros, UTA, Juan Manuel Palacios, que renunció a su cargo aduciendo que había cumplido un ciclo.

Durante el conflicto de los patrones rurales también circularon otros mail falsos. El primero copiaba un texto de 2002, originado en fuentes de inteligencia del Ejército, sobre políticos que habrían cobrado 500 millones de dólares por la pesificación de las deudas. Lo firmaba Constanza Larguía, una presunta periodista de Telenoche que denunciaba haber sido despedida después de elaborar el informe y pedía ayuda porque tenía miedo. La busqué y me dijo que ni era periodista ni había trabajado nunca en Telenoche. Tenía miedo, pero por la usurpación de su personalidad para esa operación psicológica de desprestigio de las instituciones. El segundo era una convocatoria a llevar el reclamo a la Plaza de Mayo tapándola de camiones, algo imposible ya que no pertenecen a la patronal agropecuaria. El problema no son esos textos, cuya falsedad no es difícil demostrar, sino las buenas personas que militan con un dedo ligero en la tecla send.