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Imaginar las consecuencias de una victoria de Macri no es agradable, pero puede evitar sorpresas peores. Una nueva Gran Esperanza Blanca quedaría instalada en el centro de la escena nacional, desde donde irradiaría hacia el resto del país, en especial Buenos Aires y Córdoba, donde los candidatos que piensa sostener el kirchnerismo pegarían una ágil pirueta en el momento oportuno. Se advierte mejor así el potencial destructivo de la carencia de desarrollo político propio del gobierno nacional, la tarea a la que Kirchner dice que se dedicará cuando deje la presidencia.

En torno de Macri se reagrupan ya los sectores desplazados del menemismo y el duhaldismo. En 1999, Macri fue el encargado de organizar los contactos empresarios para la campaña presidencial de Eduardo Duhalde a pedido de Ramón Puerta, de quien fue compañero en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica. Durante el interinato de Puerta a cargo del Poder Ejecutivo por la renuncia de Fernando de la Rúa, Macri le pidió que designara como ministro del Interior a Miguel Angel Toma. “Es un hombre mío”, le dijo. De ese mismo círculo de amigos forma parte el ex ministro del Interior de Carlos Memen, José Luis Manzano, cuya relación con Macri se hizo estrecha a raíz del secuestro del empresario, en 1991, quien fue liberado luego de pagar un rescate de varios millones de dólares. Dos meses después, el comisario Carlos Sablich detuvo por el secuestro a una banda de colegas policías.

Pero trece años después la justicia anuló sus condenas y los dejó en libertad porque se probó que fueron sometidos a golpes y paso de electricidad para que se autoincriminaran. Macri no podrá contar con Sablich en el aparato de seguridad de su eventual gobierno, porque a raíz de eso fue detenido. Cumple su prisión preventiva en el destacamento de la policía montada, con dormitorios a puertas abiertas, donde recibe la visita de Macri. Un compañero y amigo de Sablich, el comisario Jorge “Fino” Palacios, fue jefe de Seguridad de Boca Juniors, hasta que la justicia lo procesó por los homicidios y lesiones ocurridos en diciembre de 2001, el día de la renuncia de Fernando de la Rúa. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado argentino a indemnizar a Juan Francisco Bueno Alves, quien fue torturado por el mismo equipo de policías de Defraudaciones y Estafas que integraba Sablich, al que la CIDH recomendó investigar. Bueno Alves no era un policía secuestrador sino un artesano marmolero uruguayo que mantenía un litigio con otro particular por una transacción inmobiliaria.

Toma dirige ahora la custodia del ex senador Duhalde, quien en noviembre último respaldó el intento de Toma y Puerta por reorganizar el peronismo no kirchnerista. Duhalde también dijo que propiciaba un acuerdo electoral entre Macri y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. El socio de Manzano en el canal 2 de televisión, el potentado colombiano Francisco De Narváez, era parte de esa entente y todavía no sabe a qué candidatura presidencial pegará su boleta de aspirante bonaerense. Uno de los legisladores electos en la lista de Macri y que podría ser su ministro de gobierno es Cristian Ritondo, quien en la década pasada fue la JP unipersonal de Toma.

Cuando Puerta era gobernador de Misiones, festejó con Macri con un partido de fútbol la renegociación de la deuda de Misiones por la construcción de la represa del arroyo Uruguaí, una obra presupuestada en 80 millones de dólares que costó 300 millones. La obra dejó como secuela una causa judicial por defraudación y cohecho, caratulada “Grindetti, Néstor Osvaldo, s/estafa”. Grindetti es el candidato de Macri para manejar la economía de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que se investigara también la existencia de una asociación ilícita para defraudar al Estado nacional por parte de la Unión Transitoria de Empresas que construyó Uruguaí. Su colega Jorge Di Lello hizo el mismo pedido en la causa “Henin, Guillermo Arturo y otros por defraudación contra la administración pública”, en ese caso por la construcción de la represa de Yacyretá. Henín era el gestor de los reembolsos que el Estado Nacional pagaba a las empresas constructoras por los regímenes de promoción industrial de la ley 20.852. Su objeto era compensar a las empresas locales productoras de bienes nacionales para que pudieran competir en pie de igualdad con las extranjeras en las licitaciones internacionales. Pero los beneficios fiscales y arancelarios se otorgaron también a empresas extranjeras, por bienes importados o inexistentes, con certificados falsos o por materias primas sin valor agregado, como el cemento, la piedra y la arena. Los ex jueces federales Pedro Wechsler y Néstor Blondi llegaron a probar estafas por más de 300 millones de dólares.

Algunos datos imprescindibles para quienes se preocupan por la denominada campaña sucia y la atribución a los hijos de las culpas de sus padres:

u Estas causas se iniciaron en 1988;

u La SIGEN dictaminó que el pago de los reembolsos fue irregular y que no se certificaba el origen nacional de los bienes en noviembre de 2002, cuando el Poder Ejecutivo estaba a cargo de Duhalde;

u La Cámara Federal negó la prescripción y estableció que ambas causas debían tramitarse en el mismo juzgado por su ostensible conexidad en 2004;

u El dictamen de Taiano por Uruguaí se firmó en noviembre de 2005, cuando Ibarra gobernaba Buenos Aires y todavía no se había quemado Cromañón;

u El de Di Lello por Yacyretá es de mayo de 2006, cuando recién comenzaba el gobierno de Telerman;

u Los delitos fueron cometidos por un consorcio de empresas integrado, entre otras, por Sideco, de la que Maurizio Macri, no Franco, fue vicepresidente y presidente entre 1986 y 1992.

Sería llamativo que el juez Daniel Rafecas decidiera procesar a Macri justo en la quincena previa a las elecciones. Pero si se abstiene de hacerlo no será por falta de pruebas.