Nilda Garré fue la primera mujer en encabezar el Ministerio de Defensa de la historia argentina. Tras cinco años en el cargo y luego de un proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, pasó a ocupar la entonces nueva cartera de Seguridad, que hoy ocupa la macrista Patricia Bullrich. Con una larga trayectoria en temas de Defensa y Seguridad, Garré volvió a la política nacional tras asumir como diputada del Frente para la Victoria, luego de dos años como embajadora en la OEA. En diálogo con Página/12, analizó el decreto firmado por Mauricio Macri, al que calificó como “ilegal, inconstitucional y, además, inútil e ineficaz”. En base a la legislación argentina, los tratados internacionales y la experiencia comparada de otros países advierte sobre el peligro de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. “Tener a los militares desplegados en el territorio lleva a la tentación, o a que alguien les dé la orden, de hacer inteligencia interna. Sobre todo en momentos en los que puede haber conflictividad social”, alertó.

–¿Qué análisis hace del decreto de emergencia en seguridad?

–Están compitiendo con Sergio Massa porque él hablaba de la ley de derribo en cada palco en que podía. El macrismo demuestra que no le tiembla el pulso, que va a tomar las medidas más drásticas, las más ilegales, aún las inconstitucionales, todo lo necesario para cambiar el país que encontraron. Es un decreto espectacular, pero es solo eso. Es ilegal, inconstitucional y, además, es inútil e ineficaz. Estados Unidos hace 20 años que dejó este tipo de mecanismos de interdicción del espacio aéreo por considerarlos ineficientes. En Europa ningún país usa el derribo de aviones. En Latinoamérica algunos lo tienen pero no lo utilizan. Perú lo utilizaba en la época más violenta de Sendero Luminoso y cometió un grave error porque tiró abajo un avión donde se murieron dos personas inocentes que no tenían absolutamente nada que ver. Desde ese momento lo suspendió y ahora lo ha vuelto a establecer pero entiendo que con una idea disuasiva.

–Desde el PRO sostienen que tiene ese efecto. ¿No sirve para desalentar el ingreso de droga por vía aérea?

–A lo mejor pretenden disuadir como los países que tienen pena de muerte, que siguen teniendo delitos aunque siguen teniendo pena de muerte. Es decir que no disuade, por lo menos lo suficiente. Pero la pena de muerte se aplica con un juicio previo, con el derecho a la defensa garantizado. Teóricamente en ese juicio quedan probados los delitos que de acuerdo a esa legislación que amerita la pena de muerte.

–¿Por eso afirma que es inconstitucional, porque no hay derecho de defensa?

–Sí, pero además porque la Argentina firmó tratados internacionales de derechos humanos, en el marco de la OEA varios de ellos, pero también en Naciones Unidas, que tienen jerarquía constitucional. Más aún, algunos tienen jerarquía supraconstitucional porque obligan a los Estados que ratificaron el tratado a no restablecer la pena de muerte si la derogaron. La Argentina la tenía prevista normativamente, aunque no se aplicaba, en el Código de Justicia Militar, que fue derogado por unanimidad en las dos cámaras del Congreso en el año 2008. De manera que nosotros no podemos restablecer la pena de muerte. Eso también lo hace inconstitucional.

–¿No es importante ejercer ese tipo de control del espacio aéreo para combatir el narcotráfico?

–Es muy riesgoso, se puede matar inocentes. No tenemos un aparato de inteligencia criminal bien desarrollado, un diagnóstico de las rutas aéreas que usaría el narcotráfico, ni de qué cantidad de vuelos estamos hablando. Pueden entrar por tierra, por carretera, por la hidrovía, por el litoral marítimo, por lugares muy porosos de la frontera. Entra de muchas formas. No sabemos si la más significativa es la aérea. Y establecemos un mecanismo como si con eso recorriéramos el conjunto de un problema. Debería hacerse una oficina unificada de investigación de los delitos federales.

–¿Qué otras medidas podrían tomarse en ese sentido entonces?

–Cuando estuve en el ministerio de Seguridad se hizo un gran esfuerzo presupuestario al comprar 26 millones de dólares en scanners de última generación, que cuando pasa un camión, aunque no lo pare, fotografía la carga y detecta si hay alguna cosa rara. Eso merecería hacerse también para hidrovías y para el litoral marítimo. Permite un seguimiento sin ningún riesgo, con una inversión menor a la de comprar aviones. Hoy la argentina no tiene aviones para interceptar vuelos. Y además se estaría dándole una orden ilegal a los militares que tienen prohibido meterse en temas de Seguridad Interior por la ley de Defensa.

–¿Pero por qué no pueden los militares colaborar con la lucha contra el narcotráfico?

–Pueden colaborar, está previsto en la ley, pero en situaciones específicas de apoyo logístico. El tema es que vos tenés un militar que está formado para la guerra, para matar o morir, manejar armas de altísimo poder de fuego, manejar tanques. Reciben una formación adecuada para el objetivo de la Defensa de la Nación, del territorio, de la soberanía. El policía tiene otro tipo de formación, que es para combatir el delito. Entonces no son útiles, porque la formación y las armas que maneja uno no te sirven para la otra instancia. El policía tiene que tratar de no matar, da una voz de alerta, tiene que identificar y no matar al ladrón, el otro está formado para matarlo, deshacerlo, destruirlo. Además, los ejemplos como el de México muestran que el último resorte que se tiene para cuando realmente peligra la integridad territorial del país, se arriesga a que se te contamine con la corrupción que genera el mundo del crimen organizado.

–El PRO insiste en que el kirchnerismo utilizó los mismos protocolos de derribo que ellos están implementando ahora...

–Los anexos que han citado en el decreto son prácticamente iguales. Incluso en algún lugar se les ha escapado corregir “la comandante en jefe”, “la Presidenta”, que están en femenino. Pero eso se utilizó en 2005 porque venía Bush a la Argentina. Las exigencias de Estados Unidos eran muy grandes. Entonces se marcó una zona y un radio de 200 kilómetros. Ningún avión podía entrar a ese espacio aéreo mientras durara la interdicción. Porque si un avión entra, teníamos que suponer que era para hacer algún tipo de agresión bélica contra alguno de los presidentes. Es un tema de interés nacional fuerte y hace a un tema de la Defensa, que no es tirar a un avión de un narco. ¿Por qué no primero se depuran las policías y los servicios penitenciarios están totalmente vinculados al crimen organizado? ¿Por qué no se hace eficiente el control carretero, fluvial y marítimo? Hay montones de cosas que hacer seriamente, menos espectaculares, más efectivas y en línea con los demás países.

–¿Y porque el FpV no avanzó con la oficina especializada en delitos complejos, la adquisición de más scanners u otras medidas en ese sentido para hacer más eficiente la lucha contra el narcotráfico?

–Nosotros pensábamos que en el marco de este tema conflictivo que ha sido el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, había una lógica vinculada al traspaso de las comisarías, un traspaso de competencias judiciales y a una segunda tanda de delitos comunes, no de delitos federales. El resto de la policía debía formar una estructura con otras funciones bien determinadas, vinculadas a las a la investigación, actuando en combinación con el ministerio público y hacer la famosa policía judicial. Pero bueno, nosotros llegamos a tener un proyecto casi hecho y después de que yo me fui (en 2013) se interrumpió. Estábamos avanzando por ese camino.

–Macri en Davos tuvo reuniones con el vicepresidente de Estados Unidos y el presidente de Israel, en las cuales se habló de una ayuda de ambos países en materia de Seguridad y lucha contra el narcotráfico. ¿Es positivo para la Argentina?

–Ese tipo de colaboraciones deben ser limitadas a lo que necesita la argentina. Si tenés fuerzas como la DEA metida en el país y en posesión de un montón de información sobre tus movimientos, tu fuerzas de seguridad y policiales, si actúan bien o mal, si son competentes o no. Sin perjuicio de establecer áreas de cooperación en lo que sea crimen organizado. Pero establecerlas muy puntualmente, de una forma en la que el país mantenga el control. Sino la influencia ideológica y la venta de armas viene atada.

En todos los organismos internacionales está esto de que Estados Unidos ofrece su colaboración, capacitación. Se educan en una doctrina que hasta ahora era la “guerra contra las drogas”, que implantó Nixon en 1971 y que hoy todavía no ha sido reemplazada, sin perjuicio de que aún los norteamericanos hoy tienen claro que la guerra, además de costar miles de muertos y miles de millones de dólares, tanto en Colombia como en México no han dado los resultados esperados. Bueno, hay un preparación de un cambio de paradigma que lo reemplazaría. La misma OEA, con su anterior secretario general, firmó un documento que empieza a perfilar, desde 2014, un cambio de paradigma.

–¿Corren peligro, a partir de estas medidas y de la llegada de funcionarios militares a los cargos políticos, las transformaciones que se han realizado en las Fuerzas Armadas?

–Hay cosas que son ya inmodificables pero de todas maneras hay riesgos. El control político en el que hicimos tanto hincapié es evidente que no se siente con la misma fuerza. Vuelve a haber autonomía en el funcionamiento, en muchos lugares se están nombrando militares, policías y no civiles. Se avanza con este fallo reciente que recupera para la policía facultades que hace ya varios años que estábamos todos de acuerdo en que no podían tener. Son todas situaciones de limitación del ejercicio de las libertades de los ciudadanos. Y una emergencia es siempre una posibilidad de compra, de inversión de recursos muy significativos al margen de las normas legales habituales, que también es riesgoso. Además, tener a los militares desplegados en el territorio lleva a la tentación, o el mandato de alguien, de que puedan hacer inteligencia interna. Sobretodo en momentos en los que puede haber conflictividad social.

–Otro de los temas del decreto es la ampliación del tiempo de uso de los radares a 24 horas. ¿Por qué no se había hecho?

–Se ha hecho mucho y siempre se puede hacer más. Nosotros, además de los 11 radares que hizo el Invap para aviación civil, radares hechos con 80 por ciento de los componentes argentinos y con técnicos y tecnología nacional, firmamos un convenio para hacer seis radares militares, que se hicieron. Cuatro están funcionando y están en proceso de instalación los últimos dos. El año pasado se firmó un convenio por otros seis radares militares más. Siempre homologados, en este caso por la Dirección de Tecnología de la Fuerza Aérea. Entonces habrá 12 radares militares. Tres en Formosa, en Misiones, en Santiago del Estero, Chubut. Siempre se puede colocar más. Lo que no está cumplido es que los radares tienen que funcionar 24 horas. Pero no había suficientes radaristas porque su preparación no es breve ni simple. No había recursos humanos. Si no los podés tener las 24 horas debe ser súper secreto las horas que funciona y las que no.