[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Ni ñoquis, ni vagos, trabajadores del Estado”, dicen los carteles de ATE, que junto con otros de UPCN adornan la puerta del Ministerio de Justicia. El ministro Germán Garavano atiende a Página/12 en una amplia sala de reuniones, de camisa blanca, sin corbata, y con una flamante cinta roja en la muñeca (“más por cábala que contra la envidia”). Cuenta que abrió un diálogo con los gremios y niega haber desmantelado el Programa Memoria Verdad y Justicia, que da asistencia a las víctimas, aunque acepta que hubo recortes de personal, como en otras dependencias públicas. El funcionario defiende el nombramiento de jueces en la Corte por decreto –pese al amplio rechazo que tuvo en la comunidad jurídica– y dice que los elegidos por Mauricio Macri para ese cargo están en condiciones de asumir, pero que su jura depende del máximo tribunal. Niega que Cambiemos gobierne por decreto y debate sobre actualidad: la detención de Milagro Sala, la reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el traslado de las escuchas a la Corte y la declaración de Emergencia en Seguridad. Algunas medidas, las de su área, las defiende con uñas y dientes, en otras gambetea y manda a hablar con el funcionario correspondiente.

Garavano se presenta como un técnico en reformas judiciales. La realidad es que está en un cargo que hoy tiene un potencial de influencia política fuerte, cuando la agenda pública está tomada por temas y discusiones judiciales. Su área es el vértice que eligió el Gobierno para “abrir el fuego” con una virulencia sorpresiva. Le tocó sentarse en la segunda reunión entre Macri y el presidente supremo, apenas la semana pasada. Con ese traje puesto, entre las definiciones que deja en esta entrevista asegura que “el Gobierno hoy no considera una ampliación de la Corte” y ratifica que buscarán acotar el mandato de la procuradora Alejandra Gils Carbó, para que el cargo tenga una fecha de duración, a diferencia del sistema actual, en el que el jefe de los fiscales tiene estabilidad mientras dure su buena conducta.

–¿Cuándo van a jurar los jueces nombrados por decreto?

–Terminamos el proceso del decreto 222 con una participación inédita en la cantidad de presentaciones que se hicieron. Estamos terminando el informe para elevarle los pliegos al Presidente y que decida si los envía al Senado en las próximas semanas.

–¿Pero van a asumir antes de que el Senado los confirme o van a esperar esa discusión?

–La idea siempre fue hacer el proceso del decreto 222, y de hecho lo iniciamos de inmediato. Pero tomar juramento es una decisión de la Corte y puede hacerlo en cualquier momento. No hay ningún impedimento judicial para que juren. Para no- sotros están nombrados. En el Ministerio de Justicia ya se ha cumplido con el proceso de consulta pública.

–¿Cuál fue la urgencia para saltearse el mecanismo habitual? El decreto 222 incluye al Senado.

–La Corte había planteado su dificultad para integrarse. Finalmente no tomó juramento y se postergó. Era una decisión de ellos. Hoy tienen solo tres miembros y si no hay unanimidad no pueden emitir pronunciamientos. Estos dos jueces nombrados tienen más validez constitucional que los conjueces, que responden simplemente a una reglamentación legal y están muy cuestionados. Tampoco hemos recibido impugnaciones sólidas a estos candidatos: muchas apuntaban al procedimiento por el que se los designó.

–El CELS, por citar un ejemplo, también los objetó por su perfil.

–Sí, por su perfil. Eso ya es ideológico. Pero no vemos que haya ningún cuestionamiento que impida que asuman.

–Ya que nombra a los conjueces, hubo un fallo de la Corte que cuestionó la designación de conjueces para el alto tribunal y señaló que no se puede saltear el Senado para nombrar jueces supremos.

–Ese fallo de la Corte es simple: si para un juez de la Corte se necesita la aprobación de dos tercios del Senado, para un conjuez de la Corte también. Nada tiene que ver con un proceso constitucional excepcional que la misma Constitución fija y que es el que usó el Presidente por más que no guste y que haya interpretaciones modernas que digan que no hay que seguir la Constitución literalmente, o que evoluciona.

–La Constitución prevé el mecanismo de designación en comisión para “empleados”, ¿los jueces son empleados?

–Sí, la misma Constitución en el artículo 110 dice que los jueces “conservan sus empleos mientras dure su buena conducta”. Son empleados del Estado. De todos modos es una discusión política.

–Y jurídica también, porque las designaciones fueron cuestionadas y hay causas abiertas. En definitiva se va a definir judicialmente.

–Bueno, se supone que sí.

–¿Por qué no postularon a una mujer?

–Fue una decisión del Presidente, que tiene un compromiso con la representación de género en la Corte y lo tenemos presente. Hay muchas mujeres valiosas para postular a la Corte y en las próximas vacantes serán mujeres.

–¿Piensan ampliar la Corte?

–Hoy el Gobierno no considera la ampliación de la Corte.

–¿Por qué eligieron el camino de legislar por decreto?

–Es una falsedad. ¿Cuántos decretos de necesidad y urgencia se dictaron? Tengo contados cuatro, de los cuales dos son nuestros, del Ministerio de Justicia. No parece ser tanto. Los dos temas nuestros son muy puntuales: uno es el traspaso de las escuchas a la Corte y otro el de la postergación del Código Procesal Penal.

–¿Cuál era la urgencia en traspasar las escuchas? ¿Que la propia Corte postergara el traspaso no contradice que haya urgencia?

–Teníamos al Estado violando derechos en los procesos judiciales y en investigaciones muy graves. La urgencia no es una guardia de hospital. El proceso de discusión iba a empezar en marzo o junio, es decir, teníamos varios meses por delante con un sistema de escuchas cuestionable. La Corte puso un plazo razonable, 45 días, de los cuales treinta no se trabajan, aunque deberían hacerlo y (abre un paréntesis) deberíamos avanzar sobe esas cuestiones de feria judicial. Las investigaciones donde se generan escuchas por lo general son casos graves, por ejemplo, de secuestros. Es como traspasar un quirófano que está operando. Hay que ser cuidadosos. La fiscalía es una de las partes en el proceso penal y el control de las escuchas no debería estar en una de las partes del proceso. Es razonable que sea el Poder Judicial, que es el que tiene la independencia y la garantía de imparcialidad, el que supervise este proceso.

–¿Pero entonces el Poder Judicial va a supervisar lo que él mismo va a hacer?

–La escucha la pide un fiscal, la habilita un juez. Las escuchas las va a hacer el mismo órgano que está en la Procuración, pero trasladada a uno imparcial. Pregúntenle a la defensora general de la Nación, que sentada en mi despacho dijo “la fiscalía general no puede tener las escuchas telefónicas”.

–¿Hay planteos concretos en causas penales contra la realización de escuchas desde la Procuración?

–Hemos recibido planteos de jueces. No puedo permitir que se estén afectando y violando derechos en tiempo real.

–¿No cree que se hizo un buen trabajo en la Dicom (Departamento de Captación de las Comunicaciones) hasta ahora?

–No conozco el trabajo en detalle, lo nuestro es un tema de diseño institucional y respeto de garantías. Me preocupaba que el área de la Dicom esté integrada al de sistemas informáticos. Es más sano, en definitiva, que las escuches estén en manos del máximo órgano judicial del país. La misma procuradora me dijo que ella no había pedido tener las escuchas.

–Hay países donde las escuchas están en manos del Ministerio Público, ¿pero de la Corte?

–En ninguno está en manos de las Procuraciones, salvo en los países donde forman parte del Poder Ejecutivo. Acá se ha dado un paso importante en sacarlas del área de inteligencia. Pero cuando se hizo el debate parlamentario toda la oposición dijo que las escuchas deben ir a la Corte. Y esto no tiene nada que ver con (Alejandra) Gils Carbó. Es un tema de diseño institucional. De hecho la discusión que se viene es sobre la Policía Judicial, y mi posición en esto es que, como en Costa Rica, la Policía Judicial funcionalmente dependa de los fiscales pero orgánicamente de la Corte. Acá se dio una confusión, con empezar a pasar la persecución penal al Ministerio Público.

–¿Qué confusión?

–Como tenemos una mentalidad inquisitiva, de la colonia, de pronto los fiscales y todos los que trabajaron en la reforma procesal penal se creyeron que el sistema acusatorio es que lo que hacían los jueces de instrucción lo hacen los fiscales: les sacamos el poder a los jueces de instrucción y se lo dimos a los fiscales. En realidad el sistema acusatorio lo que hace es partir: una parte la deja en manos de los jueces, que tiene que ver con las garantías constitucionales, y le pasa a los fiscales el rol en la investigación, que no es lo mismo que ser un juez de instrucción, que es un esquema de la santa inquisición. Es decir, (Norberto) Oyarbide es juez federal, era el amo y señor de todo: decidía avanzar, intervenir teléfonos, todo.

–Oyarbide y todos lo demás. También (Claudio) Bonadío, por ejemplo.

–El sistema acusatorio implica pasar algunas facultades a los fiscales. Lo que hay que hacer, más allá de los nombres, es volver a un equilibrio de poderes. En la mayoría de los sistemas acusatorios los procuradores tienen mandato, tienen una duración. En la ciudad de Buenos Aires, en cuya Constitución trabajó (Raúl) Zaffaroni, el fiscal general no interviene ni en la designación ni en la remoción de fiscales. Hay un montón de restricciones donde uno puede poner esos equilibrios. Acá se hizo una fiscalía superpoderosa, y es un peligro. Yo le dije a Estela de Carlotto: “Hoy a usted Gils Carbó le da garantías, pero ¿y si fuera otro, que no diera garantías?”. Argentina siempre ha reformado la Justicia por las necesidades de la política de turno. Lo que queremos hacer son diseños institucionales razonables.

–¿A cuántos años van a reducir el mandato del procurador/a?

–Vamos a abrir una instancia de discusión.

–¿Se le va a aplicar a Gils Carbó retroactivamente o va a ser para adelante?

–Creo que le alcanzaría a ella. Se podría aplicar retroactivamente.

–Es contradictorio con el antecedente del ex procurador Eduardo Sosa de Santa Cruz, donde la Corte ordenó reponerlo porque había asumido con estabilidad.

–Es un antecedente distinto. A él lo apartan por una reforma normativa.

–Usted habló públicamente de que durante el gobierno anterior se aprobaron leyes “insanas”. ¿Cree que hay leyes sanas e insanas?

–Yo dije, bueno (duda)... sí, yo creo que hay leyes que generan distorsiones en el sistema democrático. Creo que como el gobierno anterior no pudo reformar la Constitución, intentó generar leyes contrarias a ella. De hecho muchas fueron declaradas inconstitucionales. Hay leyes que le hacen mal a la salud de la república, como las escuchas en la Procuración. Un hecho histórico, motivado por una relación promiscua que tuvo el gobierno con los servicios de inteligencia durante diez años, deriva en sacar a la AFI de las escuchas y poner al que manejaban ellos. La reforma del Código Procesal, siendo extraordinario avanzar en eso, tuvo una finalidad política de aumentar el control generando que el sistema acusatorio se diera contra una pared. Cosas buenas, por una necesidad política, se echaron a perder. El gran desafío que nosotros hoy tenemos es que mucha gente conservadora del sistema de justicia utilizó este ataque político para intentar ir para atrás, y nosotros lo que queremos es ir para adelante.

–Usted habla de la relación promiscua de los servicios con el gobierno, pero no de los servicios con el Poder Judicial. Si están bajo su órbita, ¿cómo se termina esa relación promiscua?

–Con el gobierno anterior se persiguió a opositores políticos, como Francisco De Narváez y Macri mismo, con un fuero específico, el federal. Nadie cuestionó la relación de la Corte con los servicios de inteligencia. La Corte pone distancia a lo político. Es más, el titular dice el decreto va a ser un juez de Cámara designado por sorteo que no puede durar más de un año.

–Esa relación promiscua es muy anterior al kirchnerismo. ¿Cuál es la garantía de cómo va a actuar un juez de Cámara?

–Un juez de Cámara nombrado por sorteo. Los camaristas penales son muchos. La procuradora puso a la ex secretaria de Seguridad de Nilda Garré. Ponen a funcionarios políticos. Acá van a ser jueces, que no se podrán repetir por cinco años.

–Retomando su idea de leyes “insanas”, la ley de medios, por ejemplo, fue declarada constitucional, fue debatida y apoyada por distintos sectores, ¿por qué modificarla con un decreto?

–Yo me refiero a las áreas de mi capacidad de trabajo en lo que se refiere a cómo mejorar el sistema de justicia.

–Pero nos referimos a un mecanismo.

–Nuestros DNU fueron correctivos y minimalistas, adelantados a todos los actores institucionales. Estaban todos de acuerdo, en especial a la suspensión del Código Procesal que iba a empezar en marzo. Incluso nos lo podía la Comisión Bicameral que debe implementarlo.