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En la Facultad de Derecho hay elecciones y el hall central está repleto de jóvenes que buscan captar votantes. En la sala de profesores también hay bullicio. El juez federal Daniel Rafecas termina de dar su clase, busca un salón vacío y se sienta a conversar con Página/12. “La de (Alberto) Nisman es una denuncia sin delito y sin pruebas”, sostiene al fundamentar, una vez más, por qué resolvió archivar la presentación que hizo el fiscal de la causa AMIA antes de morir. Rafecas es, justamente, profesor de Teoría General del Delito. Pero su decisión en este expediente, que incluso fue confirmada por otras instancias judiciales, provocó que un grupo de empresarios y personalidades en su mayoría ligadas al PRO y al ex gobierno de la Alianza firmaran una solicitada en la que pedían su destitución por no investigar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros dirigentes por encubrimiento debido a la firma del Memorándum con Irán. Ese texto, que fue interpretado como una presión hacia la Cámara Federal que en los próximos días debe resolver si ratifica o no el archivo de esa denuncia, provocó a su vez reacciones de apoyo hacia el magistrado. “Ha sido reconfortante sentirse acompañado en un momento como éste”, señala Rafecas. Se lo ve tranquilo (dice que ya fue denunciado y atacado por sectores de distintos gobiernos y signos políticos) y aunque cansado, dispuesto a explicar y argumentar por qué la acusación de Nisman no puede abrirse “por las dudas”, porque en ese caso nadie estaría a salvo: “Ahora es Cristina Fernández de Kirchner con Héctor Timerman, pero el día de mañana podría ser el gobierno de Mauricio Macri o María Eugenia Vidal o de quien fuere. Nadie va a estar a salvo de que operaciones políticas y mediáticas terminen siendo objeto de una investigación penal sin delito y sin prueba”, señala.

–Hace un año y medio resolvió que no había que abrir la causa por la denuncia que hizo Alberto Nisman por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Hace poco lo ratificó ¿Por qué no debe ser abierta?

–No se abrió porque no había un delito que se hubiera cometido, no lo había en desarrollo ni lo iba a haber en el futuro, ya que la Cámara ya había declarado inconstitucional el Memorándum con Irán. Ahora, la inconstitucionalidad quedó firme, con lo cual lejos de ser un argumento para abrir la causa como plantea la DAIA, es un argumento a favor de la ratificación de la inexistencia del delito.

–Hay quienes dicen que había un delito en tentativa al firmarse el pacto, que la intención era encubrir, pero que luego no se concretó.

–Ese argumento se puede usar mediáticamente, pero desde el punto de vista jurídico es insostenible. La supuesta planificación de una maniobra como ésta dependía de la puesta en marcha del tratado. Para que el tratado entrara en vigor faltaban varios pasos que nunca se dieron. Algunos defensores de la idea de la apertura dicen que la cláusula 7 del pacto se podía ejecutar directamente porque establecía que había que poner en conocimiento de Interpol la firma del pacto, lo cual se hizo. Suponen que eso implicaba levantar las alertas rojas. Pero los que sostienen esta idea ocultan que el 15 de febrero de 2013, un mes después de la firma del Memorándum, el canciller Timerman cumple con esa cláusula con una carta que es lapidaria y contundente en reflejar la posición de Argentina con respecto a mantener las órdenes de detención internacional de los sospechosos iraníes. Timerman explicita que en cumplimiento del artículo 81 del reglamento de Interpol es el juez de la causa el único que puede notificar el estatus de una notificación roja. Es decir que no lo podía hacer ni el gobierno argentino, ni el gobierno iraní, ni Interpol, era absolutamente inviable esa supuesta tentativa. Timerman también dice en esa carta que la firma del Memorándum ‘no produce cambio alguno en el procedimiento penal aplicable ni en el estatus de los requerimientos de captura internacional referido’. La pregunta es cómo hace un fiscal que quiere sostener la hipótesis de que estaban conspirando para dar de baja las notificaciones rojas frente a la claridad y contundencia de esta nota. ¿Cuántas veces está valorada, criticada esta carta en las 281 páginas de la denuncia? ¿Cómo hace Nisman para revertir esta carta? No lo hace. Esa carta está omitida, está analizada cero veces. El artículo 81 del reglamento de Interpol también está obviado. A esto se agrega una tercera cuestión: Nisman basa su hipótesis en la siguiente inferencia, y lo voy a leer: “El gobierno argentino presionó a Interpol para dar de baja las notificaciones rojas en el marco espurio de las negociaciones con Irán”. En la página 87 dice “el cumplimiento del compromiso ilegal argentino con Irán quedó trunco por la intermediación de Interpol’. Página 107: “La diligente y a la vez inesperada actitud de Interpol, especialmente la de su secretario general Ronald Noble impidió que se consumara esta cuestión. Quince veces repite Nisman este argumento. Como fue de público conocimiento, al día siguiente de la denuncia, Timerman muestra un correo de Noble que dice “mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que hablamos y nos vimos usted indicó que se debían mantener las notificaciones rojas. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes”. Después Noble lo ratifica en el Wall Street Journal y en Página/12. En The Wall Street Journal dice “La afirmación del fiscal Nisman es falsa. Ningún funcionario del gobierno argentino trató nunca de cancelar los alertas rojas de Interpol”. Y termina diciendo… esto casi me lo sé de memoria: “Puedo afirmar con un cien por ciento de certeza, sin un atisbo de duda que Timerman y el Gobierno argentino han sido constantes, persistentes e inquebrantables en que Interpol mantenga vigentes las alertas rojas”.

–Hace una semana salió una solicitada pidiendo su destitución por ese fallo, firmado hace un año y medio y ratificado en instancias superiores ¿A qué atribuye la embestida?

–Lo que está claro es que se da en un contexto más amplio, de una serie de iniciativas y de estrategias políticas, mediáticas y judiciales, destinadas a la apertura de esta denuncia a partir del cambio de gobierno. Evidentemente en algunos sectores de pensamiento político, no sé si local o internacional, se ha evaluado que el cambio de signo político en el gobierno abría una oportunidad para volver a la carga con esta iniciativa. No tengo elementos para ir más allá.

–El texto de la solicitada busca generar sospechas sobre una intención aviesa de su parte: dice que desestimó la denuncia y luego le cerraron un proceso de enjuiciamiento abierto en el Consejo de la Magistratura…

–No hay resolución que yo haya adoptado que no pueda ser relacionado con alguna decisión en el Consejo. Desde que asumí en el juzgado mis decisiones empezaron a generar malestar, encono, enojos en distintos sectores.

–En la solicitada aparecen varios radicales vinculados al gobierno de la Alianza ¿lo atribuye al enojo que les provocó la causa por los sobornos en el Senado?

–Por supuesto. Por otro lado también hay abogados que pertenecen a estudios o que son defensores de criminales de lesa humanidad. Por mi juzgado han pasado más de doscientos procesados, de los cuales más o menos la mitad están condenados. Entre los procesados de la causa por el primer Cuerpo de Ejército había muchos que habían sido intocables durante treinta años. Miembros de los servicios de inteligencia como Raúl Guglielminetti, altos jefes militares como el general Eduardo Cabanillas, altos jefes de la Gendarmería, de la Policía Federal, civiles como Juan Alfredo Etchebarne (ligado a Martínez de Hoz). He tenido denuncias en el Consejo de la Magistratura que han venido de esos sectores. Con el avance de la causa de los sobornos en el Senado, entre 2004 y 2009 he sido denunciado por Fernando de Santibáñes, por Augusto Alasino, por Fernando de la Rúa. Fue una persecución implacable, durante años. Me han denunciado penalmente, me han hecho campañas de prensa.

–Lo denunciaron todos, hasta los kirchneristas.

–Claro. Después me tocó en 2012 la experiencia de Ciccone, con Amado Boudou, con aquella famosa conferencia de prensa en las Pascuas de 2012 y una persecución también feroz del sector del Frente para la Victoria que controlaba el Consejo. Esas y muchas otras denuncias que tuve, de referentes del crimen organizado, de narcotráfico, etcétera, terminaron con la desestimación o la prescripción. No hay resolución que yo haya tomado que no pueda conectarse con el cierre de alguna denuncia en el Consejo. Esto ocurre todo el tiempo. En esta causa o en cualquier otra que haya resuelto lo hice con total libertad de conciencia, sin ningún tipo de presión, sin condicionamiento. Los representantes del Frente para la Victoria que impulsaban la denuncia por Ciccone jamás se animaron a formular acusación en ese proceso. En ese caso también hubo una reacción de la sociedad civil muy fuerte, se presentaron como treinta entidades, organismos de derechos humanos y referentes de la sociedad civil en mi apoyo. Eso generó una neutralización que para mí fue muy importante.

–Independientemente de las razones ¿en el Consejo no se pueden jugar las mayorías de acuerdo a la conveniencia política?

–Respondería afirmativamente si la ley que regula el Consejo de la Magistratura dijera que un juez puede ser destituido por mayoría simple. Afortunadamente los diseñadores del Consejo tuvieron la sabia decisión de que para remover a un juez o para suspenderlo se requieren los dos tercios de los integrantes. Soy un ejemplo vivo porque atravesé todas las etapas, de todos los gobiernos, y en ningún caso, ya sea por una operación política, o mediática o por un caso de venganza estuve cerca de ser suspendido. Ahora, el oficialismo de los trece votos solamente tiene cuatro. Hay una integración repartida y eso, al igual que en toda la historia del Consejo, asegura un margen de tranquilidad para el trabajo de los jueces. Llevo doce años de juez federal y jamás me preocupé por los vaivenes del Consejo de la Magistratura.

–La jueza Sandra Arroyo Salgado agradeció a los firmantes de la solicitada que pide su destitución. ¿Cómo analiza esa actitud?

–No recuerdo un antecedente así: de un magistrado en funciones que pida la remoción de otro públicamente por el contenido de una resolución. Lo único que tengo para decir es que rechazo de modo terminante los señalamientos que me formuló en el sentido de que yo actué por afinidad política o a cambio de favores. Lo de la afinidad política… la verdad es que hay que hacer un esfuerzo intelectual muy fuerte y suprimir los dos años de acoso que sufrí de ese sector del Frente para la Victoria. Es falso lo que dijo que el Consejo me cerró las causas en un día, las distintas resoluciones se fueron tomando en distintos momentos, con distintas integraciones, con distintas mayorías y minorías.

–¿Cómo responde a quienes sostienen que aunque la denuncia de Nisman puede no ser muy sólida habría que abrirla igual e investigar un poco para ver qué se encuentra?

–Esa postura parte de una presunción liviana y superficial de las tremendas implicancias nacionales e internacionales, personales, políticas y sociales que traería aparejada la apertura de una causa penal por encubrimiento en una acusación de estas características.

–Justamente dicen “porque es tan grave debería investigarse”.

–Porque es tan grave la acusación el juez debe tener la máxima prudencia en analizar la procedencia o no de abrir una causa. A tres instancias judiciales les tocó abordar el tema. Somos los únicos que estudiamos en profundidad todos los elementos que hay en la causa. Los que opinan no conocen los elementos que hay en la causa. Cada instancia, con sus argumentos, llegó a la misma conclusión: que no se advierte a partir de la denuncia de Nisman que haya una hipótesis delictiva que se pueda sostener. Por el contrario, las pruebas que supuestamente venían a avalar el delito, a mi juicio, lo descartan: me remito a las famosas escuchas telefónicas, que lejos de lo que se suponía, terminan de confirmar que la Cancillería argentina se mantuvo siempre firme en sostener su postura. Estas personas que tenían captadas sus comunicaciones, Yusuf Khalil, Luis D’Elía y otros se quejaban todo el tiempo de la Cancillería. Ellos defendían de alguna manera los intereses iraníes, querían hacer lobby, querían hacer negocios pero se chocaban con una pared que era la posición de la Cancillería. Aparece el insulto y un trato denigrante a Timerman, refiriéndose a él como ‘ruso de mierda’. La Cancillería era el rival a vencer de estos personajes.

–¿Ustedes analizaron todas las escuchas?

–Sobre eso hay una enorme tergiversación. La UFI-AMIA de Nisman logró una autorización para escuchar teléfonos de Khalil, (Fernando) Esteche, D’Elía, etcétera, durante años. Hay miles de conversaciones grabadas. En todas las causas donde hay escuchas, lo cual es cotidiano en la justicia –secuestros extorsivos, narcotráfico– hay un mecanismo absolutamente consolidado: la fuerza de seguridad encargada escucha y cuando registra algo relevante, extrae esa conversación, las va acumulando y de miles de escuchas se queda con unos cientos que eleva al fiscal. En este caso, Nisman recibe de la Side esos elementos y hace sus propios análisis. De ese filtrado, Nisman nos presenta trescientas conversaciones en discos y por escrito. Algunas son de pocos renglones y otras de varias páginas. En los días que a mí me tocaban para resolver, estudiamos todas esas conversaciones. Esto pasa en todos los casos, se supone que el resto de miles de conversaciones son de temas intrascendentes y ya fueron descartadas por la propia Side y por la UFI-AMIA.

–También se cuestiona que no se abra una denuncia que presentó un fiscal cuando se abren causas por anónimos o notas en los diarios…

–Es cierto que se puede abrir una causa a partir de una nota en un diario o de una carta anónima que consigna con cierta razonabilidad un delito. La diferencia entre estas denuncias y la de Nisman es que en esas denuncias anónimas o en los diarios hay un supuesto delito que se cometió o que se está cometiendo. Pero en la denuncia de Nisman no hay una hipótesis delictiva que pueda justificar la apertura de una causa, lo han dicho las tres instancias. Me pregunto cuál es la postura de la clase política frente a una estrategia de sectores que pretenden abrir una investigación en estas condiciones: sin delito y sin pruebas, si no ven que si esto ocurre nadie está a salvo. En este caso es Cristina Fernández de Kirchner con Héctor Timerman, pero el día de mañana podría ser el gobierno de Mauricio Macri o María Eugenia Vidal o el gobierno de quien fuere. Nadie va a estar a salvo de que operaciones políticas y mediáticas terminen siendo objeto de una investigación penal sin delito y sin prueba.

–Ahora se discute el planteo de abrir la causa ante la misma Cámara que avaló su fallo y, por otro lado, hay una denuncia ante el juez Bonadio basada en una escucha entre el ex titular de la DAIA y Timerman. ¿Son viables esos planteos?

–Me parece que los dos argumentos que presenta la DAIA no tienen ninguna fuerza convictiva para conmover lo decidido. El primero es que la inconstitucionalidad del Memorándum está firme lo cual es, en realidad, a favor de la desestimación y no de la reapertura. Y la conversación en la que Timerman habría dicho que los iraníes son los que pusieron la bomba no parece tener ninguna fuerza convictiva. Lo que dijo Timerman en términos coloquiales no es otra cosa que la postura oficial de la Argentina a partir de la investigación judicial que apunta a que referentes del Estado iraní fueron los que participaron de una u otra manera en el atentado. El propio Guillermo Borger dijo que Timerman había dicho en esa conversación lo mismo que decía públicamente. Para colmo esa conversación fue grabada subrepticiamente. Esto la convierte en principio en nula como posible fuente de prueba. Por lo menos ha sido la postura históricamente de la jurisprudencia en la Ciudad de Buenos Aires desde el retorno a la democracia.

–Hablando de escuchas, históricamente se habla de la relación entre la justicia federal y los servicios de inteligencia, ¿cómo ve esta situación?

–Asumí en 2004 y en mi trabajo cotidiano en el juzgado jamás he tenido ningún tipo de vinculación con algo que tenga que ver con los servicios de inteligencia. Si hay una relación promiscua entre los servicios de inteligencia y miembros de la justicia, en mi juzgado esto no ha pasado. Por otra parte, quizás justamente por eso en algunos momentos de mi carrera he sufrido algunos ataques. Obviamente no tengo pruebas, pero desde distintos ámbitos se los atribuyen a esos sectores. No puedo aportar mucho porque nunca he tenido una vinculación con ellos y tampoco un enfrentamiento directo que me permita decir quién, cómo, dónde, cuándo.

–La solicitada pidiendo su remoción generó también una reacción en su apoyo. ¿Cree que la magnitud de esa respuesta puede frenar el embate?

–La reacción fue masiva e inmediata. No me dio ni tiempo de reflexionar, la reacción fue contemporánea con la publicación de la solicitada inicial. Estaba en los Estados Unidos con mi señora y un día me levanto y tenía un montón de mensajes de solidaridad y de apoyo, de indignación y todavía no me había enterado de lo que estaba pasando. Trascendió por completo la relación de conocimiento personal. Todavía no sabemos cómo manejar la abrumadora cantidad de apoyos, de indignación frente a la solicitada originaria. Estamos tratando de completar las adhesiones para hacerlas circular. Sería deseable que frene la embestida. En lo personal espero que sí, sobre todo por la multiplicidad de sectores que se han sumado como referentes del ámbito político como José Luis Gioja, Felipe Solá, Alberto Fernández o Gustavo Vera, sumando a prácticamente todos los organismos de derechos humanos, referentes del ámbito artístico, científico, docentes, investigadores, magistrados. Ha sido reconfortante sentirse acompañado en un momento como éste. Me pasó lo mismo cuando fue el embate de Boudou que generó una reacción de la sociedad civil, en este caso la respuesta, desde mi perspectiva, superó en magnitud a la solicitada original.