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El presidente Maurizio Macrì anunció que su ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, se desprendió de sus acciones por más 1,2 millones de dólares en la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell antes de la audiencia en la que se trata el aumento de las tarifas del gas para los usuarios residenciales, bajo imponentes medidas de seguridad y con exclusión de los técnicos de organizaciones populares con capacidad de argumentar, como el Instituto de Energía Scalabrini Ortíz. Según el IESO la propuesta oficial es una burla, que empeora las resoluciones rechazas por la Corte Suprema de Justicia e incrementa los subsidios en vez de reducirlos. De acuerdo con el manual de estilo de la Alianza Cambiemos, Macrì presentó el revés como un espontáneo gesto de buena fe de su ministro, aunque su inconsciente locuaz lo traicionó y dijo que “a veces las formas también cuentan”. Pero las contradicciones fueron inocultables. La Oficina Anticorrupción había aconsejado que Aranguren vendiera sus acciones, por el deber de prudencia del Código de Ética en la Función Pública, pero Macrì lo apartó por decreto de cualquier actuación relacionada con la filial argentina, Shell Compañía Argentina de Petróleo, y transfirió la competencia al ministro de Producción Francisco Cabrera. Por supuesto, dijo que aceptaba esa excusación “a pedido” de Aranguren. Horas antes, Aranguren había informado que no se desprendería de sus acciones. Tanto él como Macrì acudieron a un curioso razonamiento:

1. La participación accionaria de Aranguren en la casa matriz es insignificante y

2. las decisiones de la Argentina no inciden sobre el precio de las acciones de Shell en la bolsa de Amsterdam.

La propina

Es cierto que para Royal Dutch Shell las acciones de Aranguren son desdeñables, y de hecho una parte fue la propina que le dieron cuando se jubiló como presidente de la filial argentina en 2015. Apenas meses después asumió como secretario de Estado en el ramo específico de la empresa que presidió, cuando recién en junio de 2018 se cerrará la ventana de tres años de incompatibilidad que establece para su caso el artículo 15 de la Ley de Ética Pública. Pero para Aranguren esas acciones constituyen el 18,8 por ciento de su patrimonio total, el más alto del gobierno de los CEOs. Y no es evidente que las decisiones de su cartera hayan carecido de efectos sobre las ganancias globales de la Royal Dutch Shell, según surge del cotejo de esas medidas del gobierno argentino con la capitalización bursátil de la compañía. En diciembre de 2015, cuando Aranguren fue designado y asumió el ministerio no hubo cambios significativos. Pero cuando anunció el aumento en la tarifa del gas, las acciones de la empresa internacional en la bolsa de Amsterdam saltaron de 20,53 euros el 5 de abril a 23,42 euros el 21 de abril, un 14,07 por ciento de ganancia, en lo que constituyó la mayor suba ininterrumpida de esos papeles en este año. El 4 de mayo habían descendido a 21,84 euros. Ese día se dispuso la compra de gas licuado a Chile, donde el proveedor es una subsidiaria de Shell. El 5 de mayo la acción aumentó un 1,73 por ciento, a 22,22 euros. A raíz de esa operación el fiscal federal Carlos Stornelli imputó a Aranguren por comprar sin licitación y pagando sobreprecios. El 29 de agosto fue citado a declarar en esa causa el sucesor de Aranguren como CEO de Shell CAPSA, Teófilo Lacroze. Ese día la acción cotizó a 22,25 euros y el 1º de septiembre cayó un 2,33 por ciento, a 21,73 euros. Si bien no hay forma de determinar con exactitud qué factores incidieron tanto en las subas como en las bajas de la cotización de una compañía global, tampoco es posible afirmar como hizo Macrì que las decisiones de la política energética argentina no tuvieron nada que ver con las oscilaciones de su capitalización bursátil, sobre todo cuando su coincidencia con lo acontecido en la Argentina es tan llamativa. Aranguren informó que había vendido la totalidad de las acciones de Royal Dutch Shell de las que era titular, en una operación electrónica constatada por un escribano público. Pero se negó a revelar a qué precio las vendió ni a exhibir la documentación respaldatoria. Agregó que la insistencia periodística era una intromisión en su libre albedrío pero enseguida se contradijo y agregó que había decidido la venta con total libertad y sin ninguna presión. Sin posibilidad de verificación, porque las pruebas no se pusieron hasta ahora a disposición, se trata de confiar o no en la palabra de Macrì y Aranguren.

Un precedente

La delegación de la competencia en Cabrera tampoco garantiza que Aranguren no intervenga por debajo de la mesa, como se desprende de un precedente histórico. El 27 de abril de 1976, el dictador Jorge Videla y su Ministro de Economía José Martínez de Hoz crearon nueve comisiones asesoras honorarias encargadas de proponer soluciones a los litigios del Estado con grandes empresas, la mayoría extranjeras, lo cual según el discurso oficial atraería inversiones. Hasta su designación como ministro de Economía, Martínez de Hoz presidió una de esas empresas en litigio, la compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE). Por esa razón se excusó de intervenir. Sin embargo, la comisión del Congreso que al concluir la dictadura investigó la ruinosa estatización de la empresa (con el asesoramiento del gran periodista Rogelio García Lupo, fallecido este mes en Buenos Aires), demostró que el ministro impartió directivas y orientó el trabajo del que por razones éticas no podía participar. Según la comisión, Martínez de Hoz es el “ejemplo de venalidad más grave que ha puesto en descubierto” ya que “directivo de la empresa por largos años, al llegar a la cúspide del poder no ahorró empeños en llevar a cabo la intención de la empresa de transferir las instalaciones al Estado Nacional, cuando no existía por parte del mismo la necesidad”, dado que las recuperaría de todos modos a la inminente conclusión del contrato. Añade que pese a su excusación, Martínez de Hoz “no sólo movió sus influencias directas e indirectas para lograr el fin buscado por la CIAE, sino que cuando las tratativas parecieron estancarse, trazó el camino que debía seguir la compañía, y comprometió el ejercicio de su injerencia personal sobre los miembros de la Junta Militar”. Estando vigente su excusación, Martínez de Hoz firmó una resolución, seis decretos y una ley vinculadas con el caso; intentó introducir en la Comisión a dos funcionarios de alto rango del ministerio de Economía, a raíz de lo cual sus integrantes protestaron ante el Poder Ejecutivo, y se reunió en su domicilio particular con el vicepresidente de la CIAE, Horacio Beccar Varela, “en donde el propio Martínez de Hoz diseñó la estrategia que debía seguir la compañía”. A raíz de ello fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. En 1984, la comisión allanó el estudio de Guillermo Walter Klein y Héctor Mairal (Klein había sido secretario de Planificación de Martínez de Hoz). Por la puerta y la escalera de servicio escaparon José Alfredo Martínez de Hoz (h) y Mariano Grondona (h) con dos valijas cargadas de documentación. La Comisión también estableció que el funcionario del ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel sostenía que la Italo no valía más de ocho millones de dólares, porque la concesión estaba al vencer. El Estado terminó pagando por la empresa 400 millones de dólares y Casariego desapareció el 15 de junio de 1977, cuando iba a encontrarse con Klein. Dos centenares de carpetas sustraídas por Martínez de Hoz y Grondona fueron recuperadas luego en el domicilio de un familiar y permitieron reconstruir también la operatoria de fuga de capitales realizada a través de ése y de otros estudios jurídicos, por la que el dinero de argentinos depositado en bancos del exterior se contabilizaba como préstamos que, una vez estatizados, engrosaron la deuda externa que condicionó el desenvolvimiento de la economía al concluir la dictadura. Las Sociedades Macrì (SOCMA) fueron uno de los principales beneficiarios.

Ellos y nosotros

Desde que comenzaron los cuestionamientos, sea por el ostensible conflicto de intereses o por la abrupta suba de tarifas y los argumentos con que Aranguren la defendió (“si el consumidor considera que este nivel de precios es alto en comparación a otros gastos de su economía, dejará de consumir”), el presidente nunca vaciló en la defensa de su ministro. “Frente a un tipo de la honestidad y la capacidad de Aranguren, los ataques que ha recibido no son justos”, dijo. Macrì ama a ese prójimo como a sí mismo. Cuando se revelaron sus empresas no declaradas en guaridas fiscales lo atribuyó a un olvido sin importancia y, casi ofendido, dijo que él era “el político que más transparencia ha tenido sobre su situación personal, siempre he declarado todo”. Tampoco se sintió obligado a explicar cómo pudo poner el Banco Central bajo la conducción de Federico Sturzenegger, quien en ese momento estaba procesado por su intervención en el megacanje de hace quince años. Consiguió un pronto sobreseimiento cuando ya ocupaba el cargo, lo mismo que el propio Macrì, en la causa por las escuchas ilegales. Idéntica pose de virginidad ultrajada asumió ante el dinero robado de la casa de su vicepresidente Gabriela Michetti. Ese razonamiento es afín al que Macrì dedicó al homicidio de un hombre joven acusado de un robo en Zárate, quien fue insultado y golpeado por una turba mientras agonizaba. “Es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar sobre todo lo que pasó, mientras la justicia decide por qué sucedió la muerte que hemos tenido” dijo Macrì, no en referencia a la víctima del atroz crimen sino del carnicero que apretó el acelerador hasta aplastarlo con su auto contra un semáforo. Similar fue la reacción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre otro caso reciente, en que un hombre que intentó robar a otro que salía de su casa, terminó muerto con varios disparos por la espalda. Para Bullrich quién abrió fuego era la víctima y quien perdió la vida el victimario, una formulación tan brutalmente lombrosiana que su colega de Justicia, Germán Garavano, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, le ajustaron el foco y dijeron que tanto el asaltante como el médico que lo mató eran víctimas. La doctrina presidencial es conocida por los penalistas como Derecho Penal de Autor, que Claus Roxin explicó en su tratado de Derecho Penal General, en oposición al Derecho Penal del Hecho. En el Derecho penal del hecho, que expresa la tradición liberal reconocida en la Constitución argentina, la punibilidad se vincula a una acción concreta descrita con anterioridad en una ley o un código; en el de autor, que llegó a su apoteosis en Alemania a partir de 1933, se centra en la personalidad de quien ha realizado el hecho. Entonces no se pena un acto individual sino a una persona, con el propósito de impedir los futuros delitos que cometerá, como el médico que no espera la enfermedad sino la previene, según la definición de Franz von Liszt a fines del siglo XIX. No se castiga un hecho sino toda la vida, que su autor, real o potencial, condujo en forma corrompida. Por eso es disparatado pensar que Macrì, Sturzenegger, Michetti, Aranguren, el cirujano de San Martín o el carnicero de Zárate puedan cometer algún delito o incurrir en alguna conducta reprobable. En cambio no puede dudarse de la culpabilidad de guanacas, víboras, taradas, pibes chorros o negritos, antes de cualquier investigación o prueba. Pensando en ellos, la Legislatura de Neuquén trató un proyecto oficial que obstruye la posibilidad de permanecer en libertad durante el proceso, al sumar una causal para negarlo basada en el subjetivo riesgo para la integridad de la víctima o de su familia, un camino que ya transitaron este año Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Neuquén es la principal productora de gas, donde la audiencia pública no pudo realizarse porque la policía reprimió a los manifestantes de protesta.