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Desde Córdoba

El juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja deberá responder esta semana el amparo interpuesto por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Apyme, contra el tarifazo del gas. “Pedimos que se restablezca el sistema tarifario anterior, hasta tanto el Estado nacional fije precios y tarifas de acuerdo a la Constitución”, explicó a Página/12 el abogado –y ex juez– Miguel Rodríguez Villafañe, autor del planteo junto al titular de Apyme, Eduardo Fernández. Además, cuestionó las audiencias públicas organizadas por el Enargas

–¿Qué expectativa tiene sobre el amparo que presentaron con Apyme?

–Mire, en materia de amparos lo más difícil es la admisibilidad, ya que allí es cuando el juez considera que hay una lógica en lo que se está planteando. De allí, a que lo encuentre procedente, a que nos dé la razón, es otra cosa. El juez pidió informes al Enargas y a la Secretaría de Minería, y sé que a última hora del viernes le contestaron. En cuanto al planteo, nosotros hicimos eje en la nulidad de las resoluciones que impusieron un aumento en el servicio público de gas a partir del 1 de abril de este año. Esos aumentos son violatorios de los derechos básicos. Pedimos que se restablezca el sistema tarifario anterior, hasta tanto el Estado nacional fije precios y tarifas de acuerdo a la Constitución nacional: con la debida convocatoria previa y legal a audiencias públicas en todas las provincias del país; y no sólo en ocho, como se hizo ahora, este fin de semana. Mire, las audiencias actuales están violando la libertad de expresión. No han dejado participar a muchos referentes, ni tampoco han proporcionado la información necesaria. El imprescindible dato del precio del gas en boca de pozo, por ejemplo, no se obtuvo adecuadamente. Ni tampoco concedieron el tiempo que se requiere para preparar los argumentos. Las personas tienen derecho a exponer y que se las escuche. Aquí (la senadora del PRO) Laura Rodríguez Machado dijo que no había problema con exponer, porque lo podía “hacer por escrito”. Eso no es justo y desnaturaliza lo que es una audiencia, que es exposición oral y pública de argumentos para que otros la escuchen y escuchar a los otros.

–¿Cuáles son los otros puntos sobresalientes del amparo?

–El amparo tiene muchas razones, pero hay una que considero lapidaria: la violación de la ley 25.188 de Ética Pública, que hace que todo lo que ha resuelto y firmado el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, desde que asumió hasta ahora sea nulo de nulidad absoluta en estos temas. Lo que implica el famoso principio jurídico conocido como “el producto del árbol envenenado”. Todo, desde el tarifazo hasta las audiencias, son nulos de toda nulidad. La ley dice bien claro que en el caso de que se designe como funcionario a una persona alcanzada por alguna de las incompatibilidades, ésta deberá “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”. También planteo que el Estado es cómplice y beneficiario de los montos injustos e ilegales del aumento indebido de las tarifas del gas. El Estado debe cuidar el progreso económico con justicia social, porque así lo plantea la cláusula de “progreso económico” de la reforma constitucional de 1994; y velar por bienestar de los ciudadanos.

–¿Qué alcance tiene el amparo presentado?

–Lo hacemos extensivo a todo el país. Y expansivo. Es el mismo criterio que planteó la Corte Suprema con su resolución: la hizo expansiva a todos los usuarios residenciales. Nosotros lo hacemos para todas las Pymes del país, así como a los remiseros, a los taxistas, a los monotributistas. A todos los trabajadores y pequeños empresarios que se quedaron fuera de la anterior resolución. A ellos se les ha mantenido el aumento del 500 por ciento. Hay que tener en claro que si esto no se modifica, si el tarifazo sigue adelante, las pequeñas y medianas empresas están condenadas. Y son las que verdaderamente generan empleo. Un panadero nos planteaba: “Yo no puedo cobrar el pan a 100 pesos, no me lo va a comprar nadie. Así que si quiero seguir, tengo que ir despidiendo gente”. A él, le había llegado una factura con un aumento de 1.160 por ciento. Así como le pasa a este hombre, por goteo habrá un efecto multiplicador hacia abajo. Eso mientras el Estado mira para otro lado y es el socio del silencio, de la ignominia, además de incumplir pactos internacionales de tener políticas en contra del desempleo. Se abre también a lo irrestricto de una importación que es una abierta competencia desleal. Se sabe que en empresas asiáticas y europeas, por dar un ejemplo, utilizan trabajo esclavo. Acá hay que pagar a los trabajadores. Cumplir con las normas. Desde ya nuestros productos quedan en desventaja de todo tipo.