“Un día alguien del grupo trajo paco. Me pegó y quedé pila. Y así empecé. Llegué a gastarme cien mangos en una noche. En dos semanas no servís para nada porque se te van las ganas de comer, de bañarte. En el barrio es un bajón ver a los pibes así, tirados en las esquinas, descalzos, deformados de tanta porquería.” Con este testimonio de un pibe en tratamiento de desintoxicación comienza el informe del ARI, titulado “Paco. La punta del iceberg”. A contrapelo de las estimaciones oficiales, la investigación presentada esta semana con la firma de la diputada Elisa Carrió y los legisladores provinciales Sebastián Cinquerrui y Walter Martello plantea que Argentina se ha convertido en un país productor de cocaína, cuyo residuo es el paco. “La Argentina ha ingresado a una nueva fase en la fábrica global de drogas. Sólo es posible con la complicidad, por acción u omisión, de sectores ligados al más elevado poder político”, indican.

La investigación del ARI comenzó hace casi dos años, a partir del trabajo de un equipo de seis personas encabezado por Cinquerrui, titular de la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara de Diputados bonaerense. “Lilita empezó a insistirnos con que trabajáramos este tema, que en ese momento era tabú. Nos costó mucho meternos, porque está estigmatizado por la derecha”, dice Cinquerrui, en diálogo con Página/12.

El trabajo de campo –Cinquerrui es sociólogo– comenzó con entrevistas en las villas y asentamientos bonaerenses a madres de chicos que consumían paco, con recorridas a las comunidades terapéuticas y culminó con consultas en reserva con funcionarios del Sedronar y otras dependencias nacionales y provinciales, así como con las fuerzas de seguridad.

“Nos metíamos en el barrio a través de algún contacto y manteníamos charlas con una o varias madres. Intentábamos ayudar y, a la vez, entender por qué el consumo se había vuelto tan masivo”, cuenta el diputado. A partir del trabajo en las villas, Cinquerrui considera que la razón central del crecimiento del paco es la instalación de laboratorios (o “cocinas”) de cocaína. “Nos encontramos con que la gente nos decía ahí hay una cocina, y otra. Y otra. Antes no pasaba. Obvio que la Argentina no es Colombia, pero lo cierto es que el crecimiento es explosivo”, señala.

“Los kioscos están colocados de manera circular en torno de un lugar, que sería una cocina de cocaína. Yo nunca llegué hasta ahí, pero la gente te contaba con lujo de detalles cómo se fabricaba. Los kioscos de paco funcionan como una red de contención. En otros casos, no tenés la cocina, sino un ‘transa’ que trae el paco a los kioscos”, plantea. En el informe, aseguran que las cocinas cuentan con “la complicidad de algunos vecinos, que encontraron en el microtráfico una estrategia de supervivencia”.

Cinquerrui explica que la situación es distinta en cada lugar. “Hay lugares donde no entró el paco, por el nivel de conciencia social. También hubo un caso en Villa Itatí, donde una banda de secuestradores que cayó al barrio con una 4x4 detectó a los vendedores de paco y decomisó casa por casa toda la plata y la droga. Fueron a la cancha de fútbol, que es como la plaza central de la villa, hicieron una fogata y quemaron el paco y la plata. Así se convirtieron en los Robin Hood de la villa, muy al estilo del origen de la mafia italiana”, cuenta el sociólogo.

El informe carga las tintas sobre la responsabilidad del Gobierno. “Elaborar un documento sobre el paco cuando sólo ha sido tratado como una crónica policial significaba abordar un aspecto sustancial de la cuestión, que es el abandono de personas por parte del Estado”, señala el informe, que plantea que no se puede combatir el paco sin “atacar las condiciones económicas que llevan a la marginación de millones de argentinos”.

El diputado bonaerense lo grafica con una conversación que tuvo con la madre de un chico muerto por el paco. “Me decía: ‘Con los planes que les dan, se compran unas zapatillas y el resto se lo gastan en el paco. Después venden las zapatillas y siguen consumiendo. Lo que tienen que darles es laburo’. El Estado les está financiando la muerte”, remarca Cinquerrui, quien también es autor junto con Carrió de dos proyectos de ley y un programa nacional de prevención, tratamiento y reducción de daños. “En los noventa fue el Poxi-ran, hoy es el paco”, resumen los fundamentos del proyecto, donde plantean despenalizar efectivamente el consumo personal, crear centros de atención interdisciplinaria y de recepción de denuncias en ámbitos educativos y de salud.

El informe del ARI concluye con una reflexión: “A los pibes que fuman paco en el lenguaje callejero se les llama ‘muertos vivos’ o ‘momias’. ¿Nos ponemos a comparar qué significan estos términos si hablamos del lugar en el que pone a estos pibes la sociedad o basta con leer entrelíneas? ¿Cuál será nuestro rol para enfrentar temas tan acuciantes?”