Si Mauricio Macri hubiera impuesto su postura en aquella cumbre de presidentes el 20 de julio del ’99, José María Aguilar y Eduardo López, sus pares de River y Newell’s, hoy no podrían gobernar a sus respectivos clubes. “Aquel dirigente que sea procesado, no puede ejercer su cargo”, había sugerido en la reunión desarrollada en Ezeiza. Ni el de Boca, vaya paradoja, se salvaría de un proceso judicial en octubre de 2002 –del que zafó al mes siguiente– por la compra de un gravoso sistema de seguridad. Más allá de la idea atribuida al ingeniero, la actualidad señala que en delitos como la evasión fiscal o la administración fraudulenta, la lista de directivos o ex directivos procesados se amplía a instituciones como San Lorenzo, Huracán, Ferro y Atlanta.

Hay presidentes que están en apuros y no porque aprieten a un árbitro de vez en cuando, al mejor estilo Juan José Muñoz, el hombre fuerte de Gimnasia. Otros que dejaron sus despachos hace años, pero igual fueron procesados por algún juez. Aguilar y López se encuentran entre los primeros, como Fernando Miele (San Lorenzo), Marcelo Corso (Ferro) y Carlos Alberto Bulaievsky (Atlanta), todos ex presidentes, también esperan por un juicio oral que quizá algún día les llegará.

El de River se tomará licencia en el cargo por 30 días a partir del miércoles. En su descanso, le resultará difícil abstraerse de la resolución del Juzgado en lo Penal Tributario Nº 1 que lo procesó el 27 de octubre de 2005 y cuyo fallo, la Sala B de la Cámara de Apelaciones, ratificó el 2 de febrero de este año. Aguilar, según la Afip y los jueces que rechazaron un planteo suyo de inconstitucionalidad, se apropió del impuesto a las ganancias deducido a varios futbolistas de su club por un monto que asciende a 4,5 millones de pesos, entre mayo de 2002 y septiembre de 2003. Y aunque luego depositó aquel dinero en el fisco, no fueron atendidas sus excusas: ni que el país se había hundido a fines de 2001, ni que el club se había fijado otras prioridades ante la crisis.

López sería incapaz de escudarse en semejante interpretación política, económica y social. Este presidente no pudo esquivar el procesamiento que le dictó el juez federal de Rosario, Germán Sutter Schneider, por infracción a los artículos 6, 7 y 9 de la Ley Penal Tributaria. El máximo dirigente de Newell’s no depositó ante la AFIP las retenciones deducidas a los ex futbolistas del club Diego Crosa, Claudio París, Lucas Bernardi, Diego Mateo, Damián Manso y Maximiliano Rodríguez, y también se agregaría a la lista Sebastián Domínguez.

El expediente judicial que involucra a Miele ya fue elevado para un juicio oral. Su carátula es administración fraudulenta y, entre otras irregularidades que se le investigaron en San Lorenzo, hay gastos no justificados debidamente y la apropiación del dinero que se recaudó en la final por la Copa Mercosur en 2001.

La situación de ciertos hombres clave que pasaron por Huracán durante la gestión del ex presidente Marcelo Buenaga no resulta demasiado diferente. Este último continuaría bajo proceso por evasión tributaria, aunque el apoderado legal que tenía el club en su gobierno, Oscar Pérez, está aún más comprometido: la justicia lo procesó, entre otras cosas, por falsificación de documento y espera por un juicio oral. Jorge Batet, ex gerente del club y el verdadero poder detrás de Buenaga, también quedó involucrado en la causa de una empresa fantasma denominada New Sun, mediante la cual se pretendió cobrarle al club sumas de dinero que no correspondían.

La repetida carátula de administración fraudulenta (causa 13.414/01) también amenaza el futuro judicial del ex presidente de Ferro, Marcelo Corso, con procesamiento firme junto a sus pares de comisión directiva: Isidro Cabral, Raúl Tauz y Héctor Hermida, todos con un juicio oral por delante, básicamente por irregularidades cometidas cuando se rindió la venta del arquero Martín Herrera. Los cuatro se encuentran embargados por montos que van desde los 150 mil a los 2 millones de pesos. Un expediente semejante al de los ex directivos de Ferro, contiene los antecedentes de Carlos Alberto Bulaievsky y Carlos Rada, ex presidente y ex secretario de Atlanta a fines de los años ‘90. Ambos esperan por el juicio oral donde debería aclararse que ocurrió con el pase del delantero Luis Bonnet.

La credibilidad de los dirigentes, ya sea por impericia o sospechas de corrupción –los dos extremos de cualquier pesquisa–, no se recupera de su pronunciado declive. Los procesamientos firmes o en camino de aquellos hombres que describe esta nota son bastante ilustrativos de lo que no debería hacerse, cuanto menos, en una asociación civil sin fines de lucro.