“Lo que se haga con el cobre dependerá de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega sacrificada a hacer que el cobre se siembre en Chile para el progreso de la patria (...) Debo recordarles que el cobre es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan”. Estas palabras pronunciadas por el ex presidente Salvador Allende, el 11 de julio de 1971, sintetizan lo que significó para Chile la nacionalización de la gran minería del cobre, convirtiendo al metal rojo en la viga maestra del país. 35 años después, con una mujer socialista –al igual que el derrocado mandatario– en la jefatura del Estado, una huelga de los trabajadores de la empresa minera La Escondida –la privada más grande del mundo– tras 25 días de movilización por demandas salariales tuvo de cabeza al Gobierno y a la industria cuprífera mundial.

La minería es crucial para Chile. Las grandes mineras –incluida la estatal Codelco– reportaron utilidades netas por 11.818,44 millones de dólares, durante el primer semestre de 2006. De esa cifra, La Escondida, controlada por la anglo-australiana BHP Billiton, registró ganancias por U$S 2.929 millones, un incremento de 211,52% respecto del mismo período del año anterior, y Codelco elevó sus utilidades líquidas comparables en 98,28%, tras obtener beneficios por U$S 3696 millones en igual lapso. A juicio de muchos analistas, estas exorbitantes cifras, incrustadas en el imaginario de la gente, son la chispa que ha encendido el descontento social, dada la alta desigualdad salarial y baja equidad social que sigue imperando en el país.

Terminado el conflicto en La Escondida, La Moneda se dio un respiro. No obstante, el reajuste salarial del 5% y bonos cercanos a los 20.000 dólares, logrados por los operarios de la minera privada, abrieron el apetito de otros sindicatos de las grandes firmas asentadas en el país, incluso Codelco, que también reclaman una parte de la más apetitosa de las tortas. La cuprífera gubernamental entrega el 100% de sus excedentes al Fisco. En los primeros seis meses del año, contribuyó con más del 20% al erario nacional. Y ése es justamente el problema. Con el precio del metal rojo por las nubes, los trabajadores del cobre se muestran ansiosos. Están a la espera de que parte de las ganancias pasen a sus bolsillos, ya sea en un reajuste salarial o en bonos extraordinarios, tomando como espejo el proceso de La Escondida. De ser así, algunos analistas estiman que eso costará a Codelco, y por ende al fisco chileno, unos U$S 173 millones.

El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, que tiene a sus espaldas la representación de unos 17 mil mineros de la estatal, es claro: “Nosotros congelamos los sueldos cuando el precio de cobre estaba bajo, ahora esperamos un gesto de flexibilidad de la empresa a la inversa”.

La pulseada entre el gobierno y los trabajadores será dura. El sindicalismo minero en Chile es lejos la organización laboral más influyente, eficiente y temida del país. Hasta el régimen de Pinochet le temió y pese a la dura represión que cayó sobre sus dirigentes al principio de la dictadura, siempre se buscó evitar despertar su capacidad de movilización. Con pocos resultados, fueron enconados opositores al gobierno militar.

Los contratistas de Codelco amenazan con reabrir la movilización en Andina y Chuquicamata. Una eventual huelga paralizaría casi por completo la actividad de la minera estatal. Bachelet lo sabe.