El alto precio de los minerales en el mercado internacional le permite a la administración de Alan García gozar de una bonanza inusual en las exportaciones. Pero, paradójicamente, la mayor fuente de riqueza del país se ha convertido también en el principal foco de conflictos sociales que amenazan al nuevo gobierno. El escandaloso contraste entre la pobreza de las comunidades que viven en las zonas mineras y la riqueza que sale de sus tierras, la contaminación producida por la extracción de minerales que afecta a los campesinos sin que el Estado haga nada, la vigencia de contratos que les otorgan a las empresas grandes beneficios tributarios y que el gobierno se niega a revisar, han convertido los asentamientos mineros en polvorines sociales. Polvorines que más de una vez han estallado en violentos choques entre campesinos y empresas mineras.

El último capítulo de esos enfrentamientos ha ocurrido entre la mayor productora de oro de América latina, Yanacocha –empresa de capitales mayoritariamente norteamericanos asociados con mineros peruanos y que opera desde 1993–, y las comunidades campesinas de la zona andina del norte del Perú, donde está ubicada la mina. La violencia estalló unos días después de que Alan García asumió la presidencia. Los campesinos acusan a la minera de desplazarlos de sus tierras para extraer el oro que hay en ellas, de secar los ríos y lagunas de los que viven, de contaminar las aguas que quedan, y de llevarse el oro que hay en la zona sin dejar beneficios para ellos, que siguen viviendo en la extrema pobreza mientras la minera multiplica sus ganancias con el alza del precio del oro en el mercado internacional.

Cajamarca, región donde opera Yanacocha, tiene un nivel de pobreza que supera el 74 por ciento. Los cinco mil pobladores de la comunidad de Combayo, que hace poco más de un mes se levantaron en marcha de protesta contra Yanacocha, no tienen luz eléctrica y apenas una posta médica que atiende solamente hasta la una de la tarde. Cuando fueron a protestar hasta la empresa por la contaminación que los amenaza, fueron recibidos por los guardias de seguridad y la policía. Hubo gases lacrimógenos y disparos. Un campesino murió de un balazo. A partir de ahí el enfrentamiento escaló y los campesinos bloquearon la carretera que usa la mina.

La empresa respondió anunciando la suspensión de sus operaciones mientras la carretera permaneciera bloqueada, en un gesto de fuerza para presionar al gobierno. Dos días después de que la minera suspendiera sus operaciones, el primer ministro, Jorge del Castillo, logró que los campesinos despejaran la carretera a cambio de que la empresa aceptara dialogar con ellos, y la mina volvió a operar. El gobierno ha logrado una tregua, pero la tensión se mantiene.

“El problema es que las empresas ven a los campesinos como una manada de borregos que pueden manipular, como unos coqueros e ignorantes”, señala el sacerdote Marco Arana, que vive en la zona donde opera Yanacocha. “Hay una ley que nos obliga a vender nuestras tierras a precio de terreno si ahí hay minerales. Las empresas vienen y se llevan toda la riqueza. Por eso, además del caso de Yanacocha, hay más de 40 conflictos latentes entre empresas mineras y comunidades campesinas que pueden estallar en cualquier momento”, le señaló a Página/12 Rodrigo Carpio, coordinador nacional de la Comisión Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami). Las primeras acciones del nuevo gobierno de García, quien en la campaña electoral prometió cambiar la relación con las grandes mineras para aumentar su contribución económica al país, han apuntado en la dirección que las empresas mineras esperaban. Ante los reclamos por la poca contribución de las empresas mineras a la economía del país a pesar de sus multimillonarias ganancias –que entre 2002 y 2006 crecieron en 520 por ciento–, el gobierno ha pactado con las empresas mineras un “aporte voluntario” de éstas por un monto de 500 millones de soles (unos 150 millones de dólares) anuales por los próximos cinco años.