La muerte y la corrupción marcan la historia reciente de la minería mexicana (tercer productor mundial de plata, quinto de plomo, noveno de oro, undécimo de cobre), una industria sometida a intereses económicos y en contubernio con las autoridades laborales en perjuicio de los trabajadores, y con un sindicato nacional en crisis.

La tragedia más reciente ocurrió en la mina de carbón Pasta de Conchos, en el norte de Coahuila, controlada por Industrial Minera México, propiedad de Grupo México, en la que murieron 65 trabajadores que quedaron atrapados en varios túneles tras una explosión el 19 de febrero de este año. Murieron 1552 mineros durante 2005 en la explotación de carbón en diversas minas del país, según un documento interno del Grupo Acerero del Norte, por las altas concentraciones del gas grisú que han sido el origen de múltiples explosiones, incendios y asfixias de trabajadores.

Este accidente desató un conflicto entre el gobierno y el sindicato nacional de trabajadores mineros (Sntmmsrm), cuyo líder, Napoleón Gómez Urrutia, fue desconocido por la Secretaría del Trabajo y huyó a Canadá para evitar la cárcel, luego de que se giraran seis órdenes de aprehensión, acusado entre otras cosas de robar 55 millones de dólares de un fideicomiso de los trabajadores.

En abril estallaron tres huelgas y dos paros indefinidos en apoyo a Gómez Urrutia, la más relevante en la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas, la cual fue asaltada 20 días después por 800 policías federales que intentaron recuperar las instalaciones, resguardadas por 500 trabajadores.

En el choque con los obreros, dos mineros fueron asesinados y 41 resultaron heridos. La mina fue recuperada más tarde por los obreros. La huelga duró 141 días. En total casi tres mil trabajadores habían suspendido sus labores.

Ayer las autoridades canadienses anunciaron que no detrendrían a Gómez Urrutia y sólo dejaron abierto el largo camino de la extradicción.