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opinion

En la Argentina, contra lo que suelen reseñar cronistas o analistas no siempre serios y casi nunca inocentes, la participación en las elecciones es alta si se la coteja con la media de otros países, incluidas ciertas democracias consideradas ejemplares. La Ley Sáenz Peña estableció el noble principio del voto universal obligatorio, que se sigue honrando no tanto por las sanciones por incumplimiento (en los hechos inexistente) sino por una tradición movilizatoria digna de resaltar.

La intervención ciudadana en instancias determinantes sugiere que el votante no es inerte ni rutinario. La preeminencia del peronismo es ostensible pero fue quebrada por el radicalismo en dos presidenciales, aquellas en las que supo presentar una alternativa novedosa, vía el alfonsinismo, y la entente aliancista. Un razonable nivel de alternancia, ciertamente condicionado por las opciones urdidas por las fuerzas políticas, existió en 23 años.

Los reacomodamientos no fueron escasos ni menores. Acaso sea digna de mención la transición del voto crítico, filo anómico de las parlamentarias de 2001, precursor del “que se vayan todos”, a la participación intensa y con sufragio positivo de las presidenciales de 2003, expresándose al interior de un mapa muy novedoso respecto del esquema bipartidista anterior.

No se trata de proponer que el pueblo no se equivoca sino de enaltecer su derecho a pronunciarse y aun a errar en lo que atañe a sus intereses. Muchas divagaciones se pronuncian acerca de la tensión entre democracia y República, unas cuantas incurren en una peligrosa omisión: saltean decir que en una sociedad de masas es inimaginable la República sin la presencia popular. A menudo, en defensa de los innegables derechos de las minorías, se menoscaba o ningunea lo primario, que es la soberanía (regulada y temporaria) de las transitorias mayorías.

De Misiones hablamos, claro, y de lo que está por venir.

Leer la derrota

El 25 de mayo el Gobierno desplegó en la Plaza de Mayo el curioso estado de su armado político, en el que coexistían las representaciones territoriales del peronismo, un amplio abanico sindical, unas cuantas organizaciones piqueteras y una fracción amplia de los organismos de derechos humanos. Es casi ocioso resaltar que esa coalición es compleja y que alberga tensiones latentes. De cualquier modo, se ponía en acto un apoyo muchísimo más vasto y más plural que el de cualquier alternativa política, así fuera en magma.

Ese momento fue, seguramente, la última instancia dominante del kirchnerismo en la escena política tras su rotunda victoria en las parlamentarias de 2005. Desde entonces, en medio de sus logros en materia económico-social, al Gobierno la agenda política se le pialó de las manos. La re-emergencia de Juan Carlos Blumberg, los sucesos del Hospital Francés y San Vicente, las elecciones en Misiones muestran un crescendo (acelerado en los últimos tiempos) de traspiés, muchos autoinfligidos. Sorprendentemente distraído de previsibles (encomiables) vaivenes de la opinión pública, el oficialismo se inclinó a interpretar la caricatura de él que propusieron sus rivales. Las banderas republicanas, el rechazo a la prepotencia, el alejamiento de la violencia simbólica o concreta no son apenas rebusques opositores como muchos creyeron en la Casa Rosada y zonas aledañas, sino anhelos colectivos muy expandidos. La mejoría económica, sabiduría de manual que el primer peronismo no captó hace medio siglo, enriquece el menú de exigencias colectivas. Algunos llaman progreso a esa multiplicación de demandas, que devienen nuevas necesidades. Para algunos idearios estimables, las necesidades son, tout court, derechos.

Una pérdida de autocrítica y de aliento innovador aquejó al Gobierno, que afronta un dilema nada sencillo ya mentado en anteriores columnas. Es el que confronta su necesidad de gobernabilidad y algunos planteos novedosos o disruptivos que impulsa. El resultado de los comicios del año pasado y las dificultades de urdir “armados” novedosos indujeron al oficialismo a recostarse en lo malo conocido antes que en lo bueno (eventual) por conocer, paradigma que se aplicó a los aliados y aún a los adversarios. El Presidente y sus operadores más cercanos (muchos de ellos incompatibles por trayectoria pasada y presente con las mejores banderas oficiales) empezaron a aceptar como confortable un horizonte donde todos los gobernadores se reeligieran, sea más teñidos de oficialismo, sea en sus actuales coloraturas. Carlos Rovira fue un colmo de esa lectura estática, conservadora y conformista. El transcurrir de la campaña reflejó otra de las rémoras del dispositivo kirchnerista. La centralidad presidencial a veces desbarranca al culto de la personalidad o a la falta de debate interno. Casi nadie en el primer nivel de gobierno, fuera del Presidente y de Juan Carlos Mazzón, compartía el apoyo incondicional a Rovira pero pocos se sinceraron ante Kirchner.

Aun funcionarios que fueron a Misiones en campaña rumiaban desconcierto por los modos del petimetre gobernador, sus hábitos de reparto. “Hasta conejos entregaba”, comenta un viajero quizá sin merituar la virtualidad schumpeteriana de las atávicas inclinaciones sexuales de los animalitos. “Este gobierno ha ampliado las jubilaciones, esos son derechos adquiridos dignos que tenemos que reivindicar, no se pueden comparar con una bolsa de comida”, maquina otro que también visitó la provincia de la tierra colorada.

El Gobierno eligió un mal paladín, enarboló una bandera mezquina y fue vencido. Tampoco le cupo la hidalguía de reconocer la derrota y elogiar el pronunciamiento popular. Conductas tales, edificantes, son buen mensaje para los ciudadanos de a pie que gustan (merecen) ver a sus dirigentes haciendo alarde de vocación democrática.

Pero algo hizo Kirchner. Tras unos días de reflexión y acaso de estupor, leyó la realidad y, aunque no lo diga así, comenzó la autocorrección. Su alcance está por verse, el rumbo es interesante. Tal vez se reproche el viraje por insincero u oportunista pero es buen síntoma de que el Gobierno sea reactivo al voto popular. Carlos Menem en 1997 y Fernando de la Rúa en 2001 se hicieron los distraídos de los veredictos populares y eso fue el comienzo de su fin. La Vulgata dominante bautiza “estadistas” a los dirigentes que se someten a las restricciones impuestas por la globalización, “los mercados” o los poderes fácticos. A quienes adecuan sus pareceres al son de las tendencias de opinión se los moteja de demagogos o populistas. Los dueños del lenguaje son así, no dan puntada sin nudo.

Re-escarmentar

“La gente nos acompañó cuando enfrentamos a Duhalde, aunque lo hiciéramos con una coalición de medio tono, mezclando lo viejo y lo nuevo. Cuando bancamos a Rovira, sin nada nuevo que ofrecer, nos dieron la espalda”, reflexiona un ministro y asegura que está glosando el pensamiento del Presidente. “Lo vi sereno, reflexivo, convencido de que tenemos que pelear contra lo establecido y seguir gestionando”, se entusiasma. Más de cuatro amigos tendrán que poner las barbas en remojo, profetiza o no tanto. “Quedamos apresados en trampas de nuestros aliados”, resume, se exculpa demasiado la primera napa del Gobierno, pero igualmente revisa.

Eduardo Fellner fue el primer pato de la boda misionera pero seguramente otros aliados deberán clavar retranca o cambiar. La retirada del jujeño será un entripado para el Gobierno porque los gobernadores arrancan, por lo general, con una estimable intención de voto. Fellner, para colmo, fue el primero que consiguió estabilidad en una provincia cuyos mandatarios tenían la viabilidad de una mariposa.

Es un requisito básico para un régimen democrático evitar la cristalización dinástica. La crisis de los partidos, el individualismo imperante, la atonía ideológica coadyuvan a la desaparición de colectivos perdurables, medianamente coherentes. Casi nadie puede garantizar su propia continuidad por falta de agrupaciones o partidos con una mínima organicidad. La patología afecta también a la oposición: Elisa Carrió, Mauricio Macri, Roberto Lavagna son mucho más que los conjuntos que integran y (los que las tienen) están a años luz de sus segundas líneas. Ese desbarajuste coyuntural no debe convertirse en un mérito o en un dato al que someterse. Es una lacra, un escollo a superar. La bronca social contra las reelecciones, que impregnó las elecciones de 1999 y 2003 y favoreció la acelerada llegada de Kirchner a la Presidencia, puede servir de acicate.

Malas nuevas para Solá

La goleada contra Rovira y la lectura que Kirchner comenzó a corporizar el jueves cuando disuadió a Fellner son malas nuevas para Felipe Solá. El gobernador bonaerense busca la chance de ser reelecto por un camino distinto a Rovira. La valoración entre ambas opciones es opinable, a los ojos de este cronista es más estimulante el recurso al electorado que a un tribunal. Pero, en todo caso, las perspectivas de Solá se han estrechado severamente.

Hasta ahora el gobernador cumplió lo que viene anunciando desde hace meses. Página/12 informó en junio que Solá acudiría a la Junta Electoral antes de fin de año y así lo obró. Su resolución puede ser recurrida ante la Corte provincial y allí debería fenecer el trámite, pues la Corte nacional no suele expedirse sobre cuestiones de derecho provincial, según su reiterada jurisprudencia. Operadores jurídicos del gobernador auguran que “si Felipe pierde ante la Junta, no apela”. Siendo así, sus posibilidades son estadísticamente menores que las de los que le hacen contra, que sí recurrirían. Pero no sólo los números juegan en contra de Solá, sino también el clima de época post Rovira.

“Nadie llamó a Felipe, aunque Díaz Bancalari lo está operando seguramente con un guiño de la Rosada”, rezongan cerquita del gobernador, avizorando que el veto presidencial está latente pero cercano. Aunque nadie llamó, el gobernador husmea que lo han dejado de a pie, solo frente a un tribunal.

De momento, los mensajes que emite Kirchner son laterales. Faculta a quien pinte a “caminar” la provincia, que como se sabe es muy extensa y puede ser trillada sin mayor estrépito por muchos aspirantes. En eso andan el senador José Pampuro, el titular de la Anses Sergio Massa, el ministro del Interior Aníbal Fernández. El intendente de La Plata Jorge Alak también recibió un guiño. Su correlativo activismo preocupa a la gente de Solá por un costado equívoco. “Los jueces de la Junta son muy platenses, muy tributarios de las tendencias, el poder y el clima de La Plata”, menean la cabeza, sin hablar mal de nadie todavía.

Fellner y Rovira eran los candidatos más taquilleros del Frente para la Victoria en sus provincias, Solá no altera esa regla. Ese rasgo era valorado especialmente leyendo encuestas de opinión que le atribuyen a Juan Carlos Blumberg una intención de voto estimable.

Fernández es el segundo en intención de voto, a buena distancia de Solá, según las encuestas que maneja el Gobierno. El ministro jamás disimuló su voluntad de ser gobernador. En la sala de espera de su despacho hay un mapa de buen tamaño de la provincia, de esos con división política, atravesado por alfileres con cabeza de distintos colores. Los alfileres expresan visitas proselitistas; los colores, su cantidad. La policromía y la abundancia de alfileres son flagrantes. La ubicación del mapa extrovierte la voluntad de Fernández, un modo que no suele ser el favorito del entorno presidencial. Todo modo, si rueda Felipe, quedará en una transitoria pole position.

En tanto, varios candidatos trillan la provincia, acaso para que coseche algún tapado que venga después. Ese diseño, de remota matriz peronista, agrada a Kirchner. Algunos confidentes de Palacio aseguran que es el que está aplicando en Capital, dejar que varios se desgasten, hasta compitiendo entre sí, para lanzar entonces a la pista, fresco y sin deterioro, al ministro de Educación Daniel Filmus.

Mil tonos de verde

Todas las elecciones que se diseminarán en 2007 a través del mapa y del calendario replicarán características de la misionera. Se nacionalizarán en parte, imantarán la presencia de protagonistas de otras comarcas, la presencia mediática determinará discursos e impactará en las conductas autóctonas. La lógica local se mestizará con esos agregados, agudizando las perplejidades y dificultando los vaticinios rutinarios. Cada provincia será un mundo pero no un universo aislado.

La cronología es todavía un arcano pues depende de voluntades cruzadas. Entre Ríos puede ser la primera. Jorge Busti es el favorito pero el entredicho de Gualeguaychú le agrega un plus de incerteza.

La insurgencia de Luis Barrionuevo apretando a Moyano seguramente tiene en mira varios tableros. Luisito, dicen quienes lo conocen, hace pressing por Catamarca, lo que justifica echar un vistazo a esa provincia. Allí las potestades legales del gobernador Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico) son amplísimas. Las normas vigentes le permitirían regular la fecha de elecciones entre marzo y octubre del año que viene. La oposición quiso limitarlo, con un proyecto de ley que le imponía convocar con una antelación mínima de 90 días, pero faltó un voto en la Legislatura. En Catamarca conviven un gobernador radical que podría sumarse a la Concertación K, un Frente para la Victoria que dio el batacazo en 2005 y un peronismo explícito encabezado por Luisito y los Saadi, entre otros monstruos.

Las alianzas imaginables son surtidas. Varios estrategas del gobierno nacional confían en cerrar trato con Brizuela del Moral a condición de unificar las votaciones en octubre. Los K provinciales sospechan que “el Gordo” Brizuela adelantará la fecha e irá con sus propios colores. Para facilitar el portento, tanto Roberto Iglesias como Ricardo López Murphy se dieron una vueltita por los parajes de los mil distintos tonos de verde y adularon al gobernador, ungiéndolo como el campeón de la oposición. El gobierno, dicen los catamarqueños K, tiene un abanico de posibilidades, pero no todas. “Los sondeos le dan a Kirchner más del 60 por ciento de aprobación y validan casi cualquier coalición. La gente admite que vaya con nosotros o con los radicales –se sincera un paladín del FPV–. Solamente no se banca que vaya con Luisito.” La gente, pardiez.

Paso al soberano

Ningún juicio crítico es válido por doquier. El freno a un intento reeleccionista fue entusiasmante. Que 58 millones de brasileños reeligieran a Lula ese mismo día es también conmovedor.

Muchos elogios ex post facto al pueblo misionero arrastran la mochila de haberlo puesto previamente bajo sospecha. Si el resultado hubiera sido diferente, los hubieran fulminado por indignos. Ese plebiscito les pareció encomiable, en otros ven con lupa al huevo de la serpiente.

La tradición electoral argentina, en la que Misiones no es una rareza, debería inducir a juicios más prudentes y más respetuosos de la diversidad. La conducta de los dirigentes no es ejemplar pero si median controles cruzados, oposiciones activas, observadores neutrales y medios atentos, las perspectivas del fraude se angostan. Las votaciones masivas son inapelables y, hasta ahora, irrefrenables.

Cuando se construyen alternativas convocantes y se vigila lo que hay que vigilar, se puede competir. Así las cosas, los discursos acerca del hegemonismo son a menudo el mal disfraz del lamento de los perdedores. Aunque algunos pavos reales pregonan lo contrario, la competencia no impone la regla del péndulo ni la alternancia debe estar garantizada por decreto sino que están supeditadas a la destreza de los contendientes y a la voluntad de los ciudadanos.

Es fascinante la potencia que tiene el voto popular para alterar los escenarios democráticos. Una elección de constituyentes en una provincia de mediano rango impacta en los horizontes nacionales y, en este caso, los airea. No siempre ocurre así pero el cambio acecha, escondido en las urnas, y es un encantador atributo del sistema. Acusar a los votantes de rehenes, cobardes, materialistas es una tentación recurrente de los derrotados pero la savia de la democracia es honrar las decisiones del conjunto y, en especial, de las contingentes mayorías. Bueno sería que los protagonistas reconocieran la majestad y la dignidad populares en todas las instancias y no sólo cuando sus pronunciamientos coinciden con sus propuestas, sus deseos y sus intereses.