Rondas de control en el local del centro de estudiantes, en los baños, en la cantina, pedir los datos personales a los alumnos y despacharse con frases como “en esta escuela hay mucha política”. Esas son algunas de las actitudes de los agentes de la empresa de seguridad privada que trabajan en el Colegio Mariano Acosta denunciadas por padres y estudiantes a la Defensoría del Pueblo porteña. El defensor adjunto Gustavo Lesbegueris tomó nota de la situación, puso al tanto Ministerio del Interior y pidió informes al Ministerio de Educación.

La denuncia enumera que se suspendieron las clases por lo menos cuatro veces por amenazas de bomba en los últimos dos meses, que los agentes de seguridad mantienen una “inapropiada actitud” hacia los alumnos y “desarrollan actitudes intimidatorias”. Las actitudes van desde intervenir en discusiones entre los estudiantes, organizar “rondines” por los pasillos del colegio, hasta irrumpir en el local de centro de estudiantes. “La seguridad privada tiene que controlar la puerta de entrada, pero ahora se dedican a patrullar todo el colegio. A una chica que entró al local del centro de estudiantes le dijeron ‘acá hay mucha política’. Y le pidieron los datos personales mientras la acompañaban al aula. Están vigilándolos”, cuenta Juan Marino, presidente del centro de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.

El informe de los padres y estudiantes agrega que un integrante de la Policía Federal amenazó a militantes del centro de estudiantes del Mariano Acosta en la calle. “Un policía uniformado amenazó a un integrante del centro de estudiantes a una cuadra del colegio Acosta y le dijo que los tenían a todos fichados”, relata Marino.

A raíz de la denuncia, Lesbegueris informó al Ministerio del Interior y solicitó información al de Educación. “Nos preocupa la denuncia presentada por la comunidad educativa. Queremos conocer acerca de los controles que se están ejerciendo sobre las empresas de seguridad privada contratadas en los colegios”, afirmó. Lesbegueris consideró que “algunos agentes creen que porque están prestando servicios en una escuela se convierten en preceptores”. El defensor recordó que hubo casos anteriores de prepotencia de agentes de seguridad privados en 2004. En ese momento, padres y alumnos de las Escuelas Técnicas Raggio denunciaron que uniformados revisaban bolsos, mochilas y cuadernos de comunicaciones de estudiantes.