En el pasillo, frente a la puerta del despacho de la jueza María Silvia Oyhamburu, en el primer piso de la antigua casaquinta donde funciona el Tribunal de Menores Nº 3 de Varela, espera una mujer de juventud gastada, bastante gorda, de pechos caídos casi hasta la cintura, seguramente, de tanto amamantar. Ya terminó el horario de los tribunales, pero la mujer –que no debe llegar a los 30 años, pero aparenta muchos más– espera. De pronto, se escucha un grito ahogado en llanto y sollozos. Es ella. Personal del tribunal le acaba de comunicar que le van a sacar la custodia de sus siete hijos, que han sido víctimas de abusos sexuales graves. “No nos queda otra alternativa –explica Oyhamburu a Página/12, como justificando la difícil decisión– porque tenemos una mamá que no cuida a sus hijos y colabora con el abusador, que es el padre de los chicos. Se ordenó la exclusión del hogar del padre en dos oportunidades, pero el hombre vuelve y ella no lo denuncia. Los siete hermanitos quedarán en un principio bajo la custodia de un hogar alternativo mientras que el tribunal trata de ubicar algún familiar que se pueda hacer cargo de ellos hasta que avance la causa penal contra el abusador.”