Desde Santa Cruz

Los 21 detenidos por la masacre de Pando pasan sus días entre la celda y el tribunal, donde invariablemente recusan a los jueces por creerlos “parcializados” con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ya hicieron desfilar a cuatro jueces, en lo que la abogada de las víctimas, Mary Carrasco, notó “una estrategia de retardación y de impunidad, propia de una defensa que está apostando al tráfico de influencias, a la manipulación del juicio, porque quieren la impunidad”. En el departamento amazónico, que lleva cinco días sin estado de sitio, prima la tranquilidad. Aunque el prefecto interino, almirante Rafael Bandeira, recibió ayer una amenaza de muerte por mensaje de texto.

Frente al penal de San Pedro, donde está Leopoldo Fernández, ex prefecto pandino, hay quince campesinos sobrevivientes de la masacre, quienes no pierden oportunidad de gritarle “asesino” o “cobarde”. Allí está Margoth Condori Gonzalvez, presidenta de la comunidad San Martín de Pacahuara, municipio Santos Mercado.

“Ayer lo sacaron a declarar a Leopoldo, pero no quiere hablar. Y sucesivamente los jueces no quieren tomar el caso, dicen que no hay pruebas. ¡Si hay hartas (muchas) pruebas! Lo que quieren es pasarlo de un juez a Sucre y de Sucre (sede del Poder Judicial) a su casa. Y eso no queremos, compañero. ¿Habrá otro mecanismo para administrar justicia a nivel internacional? Porque vemos que aquí la Justicia es para quien tiene poder económico, ése manda. Nosotros, por ser pobres campesinos, tenemos que soportar”, dijo Condori a Página/12.

“Aún seguimos amenazados en nuestras comunidades. Y también aquí, en la ciudad de La Paz. Ayer, cuando sacaron del penal a Leopoldo, nos cruzamos con su familia, que nos superaba en número y empezó a provocarnos. A dos compañeros, dirigentes en sus comunidades, les amenazaron de muerte y les dijeron que van a matar a sus familias. Eso nos dicen acá en la ciudad. ¿Se imagina lo que nos dirían en la comunidad?”, sostuvo la campesina.

“Estamos acostumbrados a esta situación, pero queremos justicia. No nos van a rendir. Queremos irnos como héroes de acá, cuando Leopoldo tenga su castigo, aunque dejemos la vida. Nuestra recompensa va a ser la tranquilidad de haber dado justicia a nuestros compañeros masacrados”, afirmó Condori.

Cuando lo llevaron a la Corte Superior de Distrito, el prefecto suspendido recusó al juez Rolando Sarmiento. Según la abogada de Fernández, Sandra Almanza, “esta mañana he sabido que el juez ha sido sorprendido con el fiscal Félix Peralta en una charla bastante sugestiva, porque se han encontrado en un parqueo de esta calle y se han puesto a conversar en el auto del propio juez”.

Para los abogados de Fernández, su “juez natural” sería la sala penal 2ª de la Corte Suprema de Justicia como juez cautelar y el fiscal general de la República el órgano de investigación. Luego de la cuarta recusación, el caso fue derivado a la jueza 10ª de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles.

El video difundido por la comisión investigadora de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), donde se muestra a cívicos, congresistas, un primo y un cuñado del ex prefecto, entre otros, en el preciso instante de la matanza, generó amplios comentarios y obligó a tomar posturas indefendibles. Fue el caso del senador de Unidad Nacional (y ex presidente del Senado) José Villavicencio, quien aprovechó la cristiandad de Radio Fides para aclarar: “No haría eso (atacar con armas a las personas), no tengo ese espíritu, no es mi personalidad, no es mi formación, y mucho menos agredir a campesinos, a gente humilde”, dijo con franqueza a Radio Fides el senador Villavicencio, según informó este medio. El gobierno de Evo Morales aún no publicó el informe de Unasur.

“Los autonomistas no olvidamos. Los autonomistas matamos.” El prefecto Bandeira mostró ayer a la prensa el mensaje de texto que le llegó de un cibercafé brasileño en la frontera con Pando. Se calcula que en el país vecino hay 800 refugiados vinculados con el comité cívico y la Prefectura. El gobierno tiene identificados a 84 de ellos como participantes de la masacre que hubo entre el 11 y el 14 de septiembre.

Para evitar revanchas post estado de sitio, el gobierno envió a Cobija, capital de Pando, 300 policías. Los campesinos pidieron que se les diera instrucción para sumarse a esta fuerza. “Los policías recién llegados no van a saber quiénes son sicarios. Nosotros los conocemos a todos y no queremos que nos vuelvan a hacer daño”, dijo Condori.

También pidieron al gobierno que les buscara nuevos mercados para ubicar sus productos, “así no tenemos que venderles más a esos empresarios que siempre nos han oprimido con los precios –contó la mujer–. Nos tienen sumamente dominados a los campesinos. Ojalá el gobierno pueda cumplir, para que podamos vivir un poco más mejor”.