Para Fortunato Mallimaci, especialista en sociología de la religión, la relación entre el Gobierno y la Iglesia ha entrado en otra etapa. Una que –se nota– no le gusta. Porque el acercamiento, dice, está acompañado de una marcha atrás en las iniciativas de educación sexual, salud reproductiva, separación de la Iglesia del Estado; en general, del intento que venía haciendo el Gobierno de fijar políticas sin aceptar las presiones del poder eclesial. Profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet, Mallimaci hace en esta clave su lectura sobre la reunión de Cristina Kirchner con los obispos.

–¿Qué expresó el encuentro con Jorge Bergoglio?

–Tuvo una cosa importante: después de décadas de gobiernos militares y democráticos, por primera vez el episcopado debió pedirle una audiencia al Gobierno y el Gobierno, como era previsible, se la concedió. Es importante para la consolidación de la democracia que el episcopado haya reconocido que es una parte de la sociedad y no el todo de la Nación. El conflicto no era entre el Gobierno y el episcopado, el conflicto era porque el episcopado no quería pedirle la audiencia al Gobierno, especialmente después de su relación con Kirchner en el 2003, y el Gobierno hacía muy bien en no concederla mientras no la pidiera. El conflicto era sobre si respetar a un gobierno surgido por el voto popular, sobre reconocer la legitimidad de la voluntad popular por encima de los grupos de poder que se consideran por encima del resto.

–¿Por qué los obispos aceptaron finalmente pedir audiencia?

–Creo que por los cuestionamientos internos que empezaron a tener, que amenazaban con corroer su propia autoridad.

–Ya hay un embajador argentino en el Vaticano, además. ¿Empezó otra etapa?

–La idea de recuperar espacios autónomos que el Gobierno había comenzado a impulsar en el 2003, la de recuperar espacios con respecto al poder institucional de la Iglesia católica, en este momento se ha debilitado. El Gobierno iba a anular el obispado militar, por ejemplo, y no lo anuló. Iba a avanzar en leyes de despenalización del aborto, lo que hoy está semicongelado. Incluso, siguen vigentes varias leyes de la dictadura, como la de financiamiento de los obispos católicos por parte del Estado, por eso hasta el día de hoy no se ha aprobado la ley de libertad de cultos. Es decir, hubo una serie de cosas que el Gobierno quiso, pero en las que no avanza. Prioriza una visión de “éste no es el momento”, “va a haber elecciones”. Piensa que así se protege.

–¿Y no es así?

–En realidad, el Gobierno se debilita. Creo que comete un error si no se da cuenta de que con estas propuestas de acercamiento aumenta la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas, dando mayor legitimidad a las instituciones cívico-religiosas.

–Una idea instalada desde los medios es la de que esta reunión “le convenía tanto a Cristina como a la Iglesia”.

–Sí, porque hay un interés político-mediático en que se vea de esa manera. Pero podríamos verlo de otra: la debilidad del episcopado hace que los obispos tengan que ir a buscar legitimidad en el poder político de turno, y el poder político de turno, también cuestionado por otros temas, cree que va a ganar legitimidad con la presencia del episcopado, sin darse cuenta de que corroe su propia credibilidad. Por presión de la Iglesia, en varias provincias y en la ciudad de Buenos Aires las leyes de educación sexual han sido anuladas o no se aplican, lo mismo pasa con las leyes de salud reproductiva y con otros proyectos para ampliar los derechos de ciudadanía y con la ampliación de la despenalización del aborto. Hay grupos políticos y religiosos que se oponen a la creación de un ingreso ciudadano universal. No estamos frente a un problema de creencias religiosas, porque la mayor parte de los creyentes, católicos, cristianos, judíos e islámicos, están ampliamente de acuerdo con ampliar los derechos de ciudadanía; lo que sucede es que se priorizan acuerdos políticos religiosos para mantener espacios de poder.

–¿Y en qué se basa el poder de la Iglesia en la Argentina 2008?

–En varias cosas, una es la enorme influencia que tiene en la educación privada. Gran parte de la educación privada es educación católica y gran parte de la educación católica está financiada al ciento por ciento por el Estado. Otro elemento es el reconocimiento que el Estado le hace a la Iglesia a la hora de implementar políticas sociales: la organización por excelencia de la Iglesia católica, Cáritas, es llamada para ejecutar e implementar, fiscalizar y controlar las políticas sociales, haciendo que el Estado pierda credibilidad y peso. La Iglesia tiene además un poder simbólico e identitario no cuestionado, hace pasar la idea de que ser católico es igual a ser argentino.