Mientras sus cárceles colapsan de ladrones de gallinas y el gobernante Partido Demócrata endurece el régimen de excarcelaciones con la excusa de combatir la inseguridad, Mendoza se consolida como paraíso para los represores. Con la excarcelación de dos torturadores del ex Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, ordenada por la Cámara Federal, una provincia con más de doscientos desaparecidos en el haber no tiene un solo detenido. Tampoco hay juicios a la vista en el corto plazo y testigos y querellantes temen que se repitan las amenazas y mensajes mafiosos sufridos durante el proceso de impugnación del ex secretario de Seguridad comisario Carlos Rico Tejeiro.

“Tenemos quince procesados. Ninguno está en la cárcel. Apenas dos o tres gozan de arresto domiciliario. El resto fue excarcelado”, sintetizó la abogada Viviana Beigel, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. La semana pasada la Cámara excarceló a Eduardo Smaha Borzuk y Armando Osvaldo Fernández Miranda, encargados de la “inteligencia subversiva” del D2 y enlaces con la Brigada de Infantería de Montaña VIII. El juez federal Walter Bento los había procesado por la desaparición de Rosario Torres y Juan Britos y por el asesinato del escritor Francisco Urondo. Para liberarlos, el tribunal consideró que no existía peligro de fuga, que no van a obstaculizar a la Justicia ni a cometer delitos.

“La desaparición forzada es un delito permanente, que se sigue cometiendo mientras no aparezca hasta el último cuerpo”, expresaron los organismos en un comunicado. “Los argumentos son inconsistentes a la luz de los crímenes aberrantes por los cuales se los acusa. La clandestinidad, el ocultamiento de cuerpos, el uso de todo el poder del Estado para torturar, asesinar y desaparecer, y los 32 años sin justicia son más que contundentes. Su libertad no sólo implica alterar la paz social sino que demuestra la inexistencia de justicia”, consideraron el MEDH, Familiares, Ex Presos Políticos y otras organizaciones que denunciaron que la medida agrava el “estado de desprotección y peligro” y responsabilizaron “a toda la Justicia federal por cualquier agravio o amenaza que puedan sufrir testigos, sobrevivientes, familiares, abogados y querellantes”.

La mención a amenazas no es caprichosa. En marzo, el suboficial Carmelo Cirella Paredes, que en 2006 había ratificado su denuncia de 1984 sobre crímenes propios y ajenos, se desdijo luego de recibir amenazas de muerte. Durante la batalla para desplazar al retoño de Mohamed Seineldín que el gobernador Celso Jaque había designado secretario de Seguridad, el MEDH sufrió un robo y pintadas intimidatorias, y su abogada Beigel tuvo que mudarse tras dos extraños robos y la electrificación del alambrado que rodeaba su casa.

Las liberaciones por parte de la Cámara Federal ya son regla. En septiembre excarceló al coronel Oscar Dopazo, ex jefe de inteligencia. A la semana le dictó falta de mérito al sargento Osvaldo Martel. Pese a que Margarita Camus lo reconoció como su torturador, los jueces Julio Petra Fernández y Carlos Pereyra González consideraron que no existía “grado de convicción” suficiente. Antes habían dictado falta de mérito a los ex policías Rodolfo Cardello, Luis Mirotta, Marcelo León y al citado Cirella Paredes. Completan la Cámara Federal los jueces Alfredo López Cuitiño, Luis Miret, Antonio Endeiza y Otilio Romano.