La Cruz Roja recuperó todos los cuerpos de los once ex diputados secuestrados por las FARC a apenas unas horas de que venciera el plazo que le había impuesto el gobierno colombiano. El presidente Alvaro Uribe había accedido a suspender hasta la noche de ayer las operaciones militares en la zona para permitir la entrega de los cadáveres. Ayer los familiares de las víctimas aseguraron que por primera vez se sienten tranquilas, aunque todavía faltan las autopsias.

La negativa del gobierno a extender el plazo había creado tal clima de tensión que las Naciones Unidas decidieron ayer meterse de lleno en el conflicto y pedirle a Uribe que le dé más tiempo a la misión de la Cruz Roja. El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juan Pablo Corlazzoli, le acercó ayer el pedido a la presidencia, antes de que se supiera que la organización humanitaria había logrado completar la recuperación de los once cuerpos. El vocero de la Cruz Roja, Yves Heller, informó ayer que la misión ya tiene en su poder los cuerpos y que los trasladará lo antes posible a Cali, donde los espera un grupo internacional de forenses. Heller recordó que la zona es muy difícil por el clima lluvioso y el terreno selvático, pero adelantó que los trabajadores humanitarios podrían estar llegando a la sede de Medicina Legal de Cali hoy. La Cruz Roja avisará a los familiares de las víctimas para que estén allí esperándolos. Ellos fueron ayer los primeros en reaccionar a la noticia. Fue la confirmación que esperaban desde que la cúpula de las FARC emitió un comunicado hace dos meses informando la muerte de los once rehenes. Para Diego Quintero, hermano del ex diputado Alberto Quintero, era algo que temían, pero que necesitaban saber. “Al menos vamos a poder tener un lugar donde ir a rezar y dejar una flor a estos mártires de Colombia, porque nos daba temor que quedasen para siempre perdidos en las montañas”, señaló.

Todavía queda identificar los cuerpos, aunque dan por descontado que corresponderían a los de los ex diputados provinciales ya que se encontraban en el lugar que les habían señalado la guerrilla, alguna parte de la región selvática y montañosa entre los departamentos sureños de Nariño y Cauca. Sin embargo, las autopsias son la principal preocupación, tanto del gobierno como del grupo armado porque permitirán determinar si los rehenes murieron en medio de un combate, como afirmaron las FARC, o si fueron ejecutados, como insinuaron en varias oportunidades el presidente Uribe y sus funcionarios.