“Por seis meses, el Presidente no va a menear el avispero judicial”, disparó uno de sus habituales consejeros ante Página/12. El dirigente, conocedor de los vericuetos jurídicos, ratificó la decisión de Néstor Kirchner de achicar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia a siete miembros, pero sin enviar la ley pertinente al Congreso. “Lo va a dejar así, que funcionen como hasta ahora. Decidió no nombrar más, pero no va a hacerlo por ley, al menos por ahora”, arriesgó la fuente. Este esquema, que no deja de ser provisorio, se desmadraría si, por algún albur, Carlos Fayt, el ministro más anciano del Supremo Tribunal, dejara el cargo. Ante tal hipótesis, Kirchner

debería nombrar su reemplazo.

El Presidente hizo conocer su decisión de achicar el número de componentes del máximo tribunal. Actualmente, lo conforman nueve ministros, de los cuales dos están ausentes: Antonio Boggiano fue echado por medio del instituto constitucional del juicio político –aunque mantiene apelaciones activas ante una corte de conjueces– y Augusto Belluscio se jubiló el 1º de septiembre del pasado año. Kirchner, en cuyo mandato se designaron cuatro de los jueces actuales, decidió autolimitar sus funciones al respecto firmando el decreto 222, que impone al Gobierno restricciones en la elección de los supremos y establece un sistema de controles e impugnaciones públicas novedosas para la Justicia argentina.

La efectiva avanzada de juicios políticos contra los añejos integrantes de la hermandad conocida como “mayoría automática” cincelada por el ex presidente Carlos Menem durante su decenio, produjo su adecentamiento dejando muchas plazas que reemplazar. El debate surgió cuando, antes de finalizar el juicio contra Boggiano, Belluscio anunció su retiro.

Kirchner sostiene, contra el consejo de varios de los suyos, que no ve razones por las cuales mantener en nueve el número de integrantes del Tribunal. Pero el Presidente parece haber decidido que no enviará una ley para concretar institucionalmente tal decisión. Dos importantísimos integrantes del Parlamento, un diputado y un senador, ambos oficialistas y cercanos al patagónico, informaron a Página/12 que no hay proyecto aún para que tal modificación se plantee en el Congreso.

Para obtener la ley de modificación de los miembros de la Corte –a la que Menem aumentó de cinco a nueve– es necesaria una mayoría especial. Luego de la victoria oficialista en la aprobación de la modificación del Consejo de la Magistratura, el Gobierno se siente seguro para conseguir mayorías parlamentarias, amén de regodearse ante la perplejidad de la oposición (en sus diversas expresiones) por lo que fue aquel resultado. “En diciembre, ellos (la oposición) creían que nos ganaban, que nos iban a impedir en Diputados aprobar el proyecto. Entonces, se fueron de vacaciones a Punta del Este. Nosotros nos quedamos laburando en enero. Cuando votamos, no lo podían creer”, se solaza uno de los diputados más importantes de la maquinaria del Gobierno, que consiguió sumar 149 voluntades a favor del proyecto de la Casa Rosada.

El hombre entiende que, como quedaron las cosas en el Congreso, no les será difícil aprobar todas las leyes que están pendientes de tratamiento. Algunos ejemplos son la ley de ART, la de satélites, la de biocombustibles, la de deudores hipotecarios, etcétera. Y si bien la naturaleza política de las iniciativas es bien diferente, la masa crítica que el oficialismo está en condiciones de concentrar bien puede llegar a una mayoría especial (dos tercios) para tratar una hipotética modificación del número de integrantes de la Suprema Corte. “Pero nada nos dijeron sobre eso en la Casa Rosada, ni el Presidente ni nadie”, confió a Página/12 la fuente mencionada.

Volviendo a la reforma del Consejo de la Magistratura, si bien la victoria parlamentaria fue contundente, hay en la Casa Rosada quien prefiere mantener por un tiempo un espacio de calma en el área judicial, convencidos de que el debate planteado por la oposición en términos apocalípticos no permeará a la sociedad. “No compartimos sus argumentos (los de la oposición) respecto de las consecuencias de la reforma del Consejo, tampoco sus diagnósticos. Creemos que la gente tampoco los comparte, y a gran parte no le importa demasiado”, estimó un integrante del Gobierno quien, a pesar de esto, prefiere, también él, dejar asentarse el agua en el estanque judicial argentino. Al menos desde el Ejecutivo podría establecerse la tregua.

Habrá que ver cómo reaccionan el resto de los actores: las corporaciones y la oposición.