Hace dos meses, cuando el secretario de Transportes Ricardo Jaime anunció la construcción de un tren bala, el intendente de Córdoba Luis Juez ironizó: “¿Qué? ¿Va a hacer un vagón con pucheros? No podemos arreglar una zorrita y vamos a armar el tren bala”. Puchero y bala son dos palabras del slang cordobés para referirse a los homosexuales. El escándalo duró semanas y pasó a formar parte de la disputa electoral, en la que Jaime y su hermano Roberto jugaron un papel decisivo. Las principales organizaciones de Lesbianas, Gays, Travestis, Transgéneros y Bisexuales lo escracharon y le exigieron una retractación.

Sin embargo, bajo la gestión de Juez, Córdoba se convirtió en una de las ciudades menos hostiles del país a las minorías sexuales. Según las mismas asociaciones, cuenta con hoteles, boliches, bares, saunas especializados. Miles de gays, lesbianas, transexuales, travestis y bisexuales circulan por la capital provincial sin temores. Córdoba es el único municipio que tiene una Comisión oficial para Minorías Sexuales y Portadores de HIV. Ante los planteos recibidos, Juez encargó a su secretario de Derechos humanos, Luis Miguel Baronetto que pidiera disculpas por su exabrupto. A sus colaboradores más próximos les repitió una solicitud que le escucharon muchas veces: “Tápenme la boca”. La ocurrencia verbal impulsó su carrera política, pero a veces constituye un obstáculo que él mismo coloca en su camino. Sus ataques al gobierno nacional, en el preciso momento de su espectacular elección del domingo 2, son un ejemplo.

Inversión de alianzas

Si alguien se hubiera dormido en marzo de 2004 y despertara esta semana, tardaría en entender lo que sucede. Juez era uno de los aliados dentro del proyecto que se llamó transversal y el gobernador José De la Sota encabezaba el catálogo de aversiones oficiales. Fiscal anticorrupción designado por De la Sota, el gobernador lo separó cuando Juez fue a fondo en la tarea. Después de la ruptura se presentó como candidato a la intendencia y venció al delasotismo en 2003, como parte del mismo recambio político que Kirchner representó en la Nación.

En la última semana de marzo de 2004, De la Sota encabezó una ofensiva de la estructura del Pejota en contra de Kirchner, que incluyó el desaire a la toma de posesión de la Escuela de Mecánica de la Armada, la reivindicación pública de José Ignacio Rucci y el abucheo a CFK durante el congreso partidario de Parque Norte. “La sociedad cambió, el país está cambiando y ellos no se dan cuenta, siguen pensando como en el Pacto de Olivos, en acuerdos corporativos a espaldas de la gente”, les recriminó entonces Kirchner. Una paradoja que aún no ha merecido del gobierno la necesaria explicación es que esas definiciones hayan comenzado a debilitarse después de octubre de 2005, una vez que la candidatura de CFK arrasó con las estructuras oficiales del PJ en su reducto más emblemático, la provincia de Buenos Aires. Juez expuso a CFK a una audiencia pública con su bloque, luego de la cual dio mayor visibilidad a su oposición al proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura. A partir de allí la relación con el gobierno se enfrió y esto permitió al ostentoso Ricardo Jaime negociar el acercamiento con De la Sota. Juez contaba con el apoyo de Graciela Ocaña, quien preside el Partido para la Victoria, en cuya seccional Córdoba fue designado como interventor Jaime. El acuerdo incluía la nominación de Jaime en la lista de candidatos del PJ cordobés a la Cámara de Diputados de la Nación, a la cual deberían dirigirse en adelante los magistrados interesados en analizar la política de adquisiciones y subsidios que aplicó en Transportes. Cuando este diario esté en manos de los lectores ya se sabrá si lo pactado se cumplió o si el escandaloso resultado dejó a Jaime fuera de juego. Su hermano, Roberto Jaime, es el subsecretario de Obras Públicas de Córdoba, en donde recaló luego de un paso polémico por Santa Cruz, donde fue procesado por malversación de fondos públicos. El maltrato a Juez llegó a extremos que el intendente cordobés calló entonces pero que asoman a destiempo detrás de su ira actual: se suspendieron las transferencias de recursos para obras públicas nacionales en su Ciudad, y no se firmaron los papeles de un crédito necesario para que pudiera sacar de la Aduana medio centenar de buses para mejorar el servicio urbano. En la última semana previa a la elección, Juez pidió que por lo menos le suministraran recursos para la publicidad final de su campaña, pero no fue atendido. Con sus propias expresivas palabras: “Pedí un vaso de agua y me dieron una anchoa”. Aun así, rechazó el sondeo que le hizo Elisa Carrió para sumarlo a su Coalición Cívica Libertadora, en la que el socialista Rubén Giustiniani ocupó el lugar simbólico que rechazó el liberal Ricardo López Murphy. El ARI no existe en Córdoba, y Carrió terminó por apoyar allí a su correligionario Mario Negri.

El escrutinio

El desempeño del Frente Cívico y Social de Juez en los comicios del domingo pasado fue espectacular. Obtuvo más de la mitad de los votos en la capital provincial, que le bastaron para compensar una débil inserción en el interior, donde perdura el bipartidismo radicaljusticialista. Juez está convencido de que le robaron la elección y dio todos los pasos necesarios para forzar un recuento definitivo que lo demostrara. Al gobierno nacional no podía disgustarle el debilitamiento del único antagonista poderoso que le quedaba dentro del Partido Justicialista, luego del eclipse de Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Pero la exigencia de Juez de que el presidente Néstor Kirchner y su esposa se involucraran en la disputa y el tono en que interpeló a la candidata acerca de la calidad institucional dieron aire a la oposición para arrojar dudas sobre las elecciones presidenciales de octubre y reclamar veedurías internacionales. Ese fue otro balazo en el pie de Juez, como el de los pucheros y el tren bala. De la Sota y Schiaretti se indignaron con el silencio de Kirchner, que a Juez le pareció insuficiente. Pretendían que levantara el brazo del candidato oficial, al que Cristina había acompañado en un acto de campaña. Sin buenos amigos que cumplieran su pedido de taparle la boca, Juez subió la apuesta hasta anunciar que propiciará el voto en blanco o la abstención en octubre. En vez de capitalizar su excelente desempeño electoral dinamitó así los puentes con el gobierno nacional y abrió espacios para que el kirchnerismo cordobés presentara listas propias, en las que estarán funcionarios del gobierno de Juez, como su secretario de derechos humanos Baronetto. Recién al finalizar la semana y luego de las respectivas movilizaciones, en la ciudad capital y en el interior, Schiaretti y De la Sota dejaron de poner en duda su participación en la campaña de CFK y Juez no sostuvo la amenaza de que ninguno de los electos asumiría sus cargos en diciembre, lo cual es otro reflejo del malestar que su conducta frenética provoca dentro de su propia coalición.

George W. Bush, Romano Prodi y Angela Merkel llegaron a sus cargos con diferencias menores que las que Schiaretti clama haber obtenido en Córdoba. En Estados Unidos la crisis duró hasta que los ataques del 11 de septiembre de 2001 confirieron al gobierno la legitimidad que no le habían otorgado las urnas y la Corte Suprema de Justicia. En Italia la frágil mayoría de centroizquierda no garantiza la estabilidad de su gobierno, siempre a punto de caer. En Alemania Merkel puede gobernar sólo porque armó una gran coalición con los socialdemócratas de su predecesor, Georg Schroeder. Ninguna de esas opciones parece aplicable ahora en Córdoba. Antes de asumir la conducción del Correo, Eduardo Di Cola era diputado nacional. Opositor a De la Sota, presidió la Comisión Investigadora sobre la Fuga de Capitales, cuyo trabajo final es una precisa radiografía del proceso que llevó al corralón de enero de 2002 y sus responsables. No hay razones políticas ni personales para suponer que pueda haberse prestado a un fraude a favor de sus adversarios históricos. Pero a esta altura sólo la transparencia del escrutinio definitivo puede por lo menos atenuar el daño. Di Cola tiene respuestas técnicas para las principales objeciones de Juez, pero desde el gobierno nacional le reclamaron silencio, igual que a Graciela Ocaña. Tres de cada cuatro cordobeses creen que hubo fraude y este dato tiene fuerza propia, con independencia de la realidad. Los resultados que la justicia electoral procese, con directivos, sistemas informáticos y personal distinto del que participó en el recuento inicial, serán los que definan la situación, sin más polémicas estrepitosas.

Cordones

La disputa por el escrutinio tiende a distraer la atención de un fenómeno menos coyuntural, que se constató tanto en Córdoba como en Santa Fe y, antes, en Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la crisis de representatividad de los partidos tradicionales, el Pejota y la UCR, que sólo pudieron mostrar victorias nítidas en Entre Ríos, San Luis, San Juan, La Rioja y Tucumán. Esto pone en entredicho la decisión kirchnerista de privilegiar al Pejota como eje de su política, por más que ahora se presente remozado bajo la denominación de Frente para la Victoria. Cuando se escribió esta nota continuaban las negociaciones para el cierre de listas provinciales y nacionales, cuyo plazo venció anoche. Aun antes de conocer los acuerdos finales, basta con el recuento de las alternativas que se discutieron en estos días para advertir los dilemas del kirchnerismo. Las discusiones por los cargos en la provincia de Buenos Aires se realizaron en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados y candidato a vicegobernador, Alberto Balestrini, con un criterio general de apariencia nítida: los cargos se dividirían en tercios, que serían designados por el Pejota, por el Frente para la Victoria y por el presidente Kirchner.

Pero cuando se pasa de la definición a la práctica, esa nitidez se enturbia. En la provincia de Buenos Aires, el sello del Frente para la Victoria fue reclamado por los intendentes en ejercicio, que con humor son descritos como duhaldistas del primer cordón (los que se pasaron antes de octubre de 2005) y del segundo cordón (aquellos que acudieron en auxilio de la victoria una vez conocido el desenlace). El intendente eterno de Lanús, Manuel Quindimil, por ejemplo, exigía la exclusividad de la boleta del Frente para la Victoria y objetaba que pudiera usarla también su competidor kirchnerista Darío Díaz Pérez. Otro tanto planteaba en Lomas de Zamora el intendente Jorge Rossi en contra del presidente del bloque de diputados kirchneristas de Buenos Aires, Fernando “Chino” Navarro. Quindimil y Rossi contaban con el apoyo del resto de los intendentes, que intentan cerrar el camino a cualquier renovación y no quieren ni oír hablar de los movimientos sociales.

Uno de los recursos más originales que utilizó Kirchner para quebrar al duhaldismo fue la relación directa con los intendentes, que hasta entonces debían pasar el filtro del gobernador de la provincia. Pero el efecto no hubiera sido el mismo sin la voluntad de cambio que manifiesta la sociedad. CFK la personificó en los comicios bonaerenses de 2005 y todo parece indicar que eso no ha cambiado ahora. Pero la proximidad de la maquinaria tradicional contamina esa imagen. Binner en Santa Fe y Juez en Córdoba canalizaron la demanda social. Roberto Lavagna y Elisa Carrió aspiran a hacerlo en la elección presidencial. Pero a diferencia de Binner y Juez, de Fabiana Ríos en Tierra del Fuego y de Maurizio Macri en la Capital, ambos se reivindican como antagonistas extremos de Kirchner y Cristina y objetan en bloque la gestión de los últimos cuatro años, con la retórica republicana que en la historia argentina ha encubierto los peores atropellos contra la voluntad y el bolsillo popular, con lo cual las opciones erróneas se equilibran. La revista de análisis político Barcelona alude a ello en la portada de su último número: “Milagro. Cómo hacen la Iglesia, la Rural y la oposición para que Kirchner siga pareciendo progre”.

Táctica y estrategia

La donación de un enorme predio a la Unión Industrial, en cuyo encuentro anual Kirchner pronunció un discurso; la presencia de Cristina en los coloquios de IDEA y de la American Society (donde no hubo empresarios de Estados Unidos sino de la Argentina pero convocados por esa organización de lobby que desde la jubilación de David Rockefeller no significa nada en su país de origen); las visitas presidenciales a las plantas de Techint y Aluar (adquiridas y/o construidas con subsidios públicos) y las programadas a la sede de Acíndar y a la asamblea de la Asociación Empresaria, no pueden atribuirse al azar. Como la opción por el Pejota, la designación de Daniel Scioli como candidato bonaerense o las dilaciones en cumplir el prometido otorgamiento de la personería gremial a la CTA, para no molestar a los empresarios que prefieren entenderse con la CGT, responde a una idea de la gobernabilidad que pasa por la complacencia con los poderes preexistentes. Como táctica preelectoral que ayude a llegar a la meta sin más zozobras tiene fecha de vencimiento cercana. Pero no constituye una estrategia sustentable para el periodo que se abrirá en diciembre. En cuanto la economía modere su crecimiento imponente del último lustro y la tasa de ganancia de las grandes empresas se reduzca a niveles menos exorbitantes que los de estos años ninguno de ellos se contentará con lisonjas. Pretenderán condicionar la política del Estado y reducir a la impotencia al proceso político más vital y plebeyo en un cuarto de siglo de democracia. La fuerza que no se organice hoy para resistir ese embate anunciado, no estará disponible entonces.