El Jefe no imaginó que iba a tener que pasar las últimas semanas de la transición respondiendo a denuncias sobre las causas judiciales que arrastra su gabinete. Pero había demasiados esqueletos en el armario: su ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, está imputado por “malversación de fondos” en una querella que le inició la cervecera de la que fue gerente. Y su subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri, fue denunciado por Vilma Ibarra por tener un proceso por “negociaciones incompatibles con la función pública”. “Desde el Frente para la Victoria queremos promover una ley para que no puedan asumir con causas pendientes. Vamos a seguir muy de cerca a estos funcionarios”, señaló a Página/12 Sandra Bergenfeld, quien asumirá en la Auditoría General de la ciudad. El kirchnerismo piensa insistir sobre estos casos y apuntar algunos nuevos.

Macri reaccionó con velocidad y denunció una “campaña para instalar un clima adverso”. Sobre Pi-ccardo, en su entorno sostuvieron que la causa forma parte de una estrategia de la cervecera para negociar en otro juicio por la indemnización que les reclamó el ex gerente, ya que fue despedido con causa. Y sobre Lostri, quien fue procesado junto al titular del Consejo del Menor menemista Atilio Alvarez, advirtieron que optó por hacer una “probation” para que se extinguiera la acción judicial.

Macri también ratificó al resto. Esto incluye a su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, quien –según reveló Página/12 en una nota de Horacio Verbitsky– tiene una causa por estafa en Misiones, en la que se investigan las irregularidades en la construcción de una represa. También, al titular de la Agencia de Control Comunal, Federico Young, que acompaña la cruzada de la activista pro-represores Cecilia Pando contra los juicios por el terrorismo de Estado y que, pese a su desmentida, continúa apareciendo como “deudor irrecuperable” en la web del Banco Central.

El kirchnerismo tiene puesta su mira, al menos, en otros dos funcionarios de PRO que tuvieron causas judiciales. Uno es Pablo Batalla, un ex miembro del Grupo Sushi que asumirá en la Subsecretaría de Gestión Cultural. Batalla fue denunciado más de una vez por irregularidades en las contrataciones durante su gestión en el Teatro Colón. En el macrismo se lo atribuyen a las internas que enfrentó en la entidad.

El otro es el futuro subsecretario de Higiene Urbana, Gustavo Grasso. Cuando fue propuesto por Macri para ser directivo del Banco Ciudad, Patricia Bullrich lo denunció por tener una causa por estafa. “La situación procesal del propuesto y la índole del delito investigado hacen que carezca en el presente de la idoneidad ética para ser funcionario público”, decía la denuncia de Unión por Todos. Macri retiró su pliego ante los cuestionamientos en la Junta de Etica de la Legislatura.

La causa por estafa se había iniciado por la venta de una empresa de informática a una grupo español. El grupo le iba a pagar un bono por las ganancias de la compañía y sostenía que habían sido infladas. “Era una causa entre privados. Le vendimos el 70 por ciento a los españoles y quedaba el 30 por ciento pendiente, por el que discutimos el precio. Y decidieron judicializar la negociación. En cuanto cerramos, se arregló”, explicó Grasso a Página/12. Así fue: en diciembre de 2004 fue sobreseído por el juez de instrucción en lo criminal Ernesto Botto.

Cinco funcionarios del PRO, hasta ahora, del nuevo gabinete de Macri tienen o tuvieron procesos. La mayoría, por “estafa” o “malversación de fondos”. La oposición K encontró hasta ahora una forma de trabajar sobre ese handicap. Y el Jefe supo responder que los ratifica “mientras pueda creer en su inocencia”. A fin de cuentas, el único que perdió su cargo fue el ex titiritero Luis Hernán Rodríguez Felder, carente hasta de causas judiciales.