La defensora del Pueblo de la ciudad, Alicia Pierini, y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) formularon críticas de fondo contra el intento de reformar el Código Contravencional que impulsa el gobierno porteño. La funcionaria presentó en la Legislatura un proyecto para regular la actividad de los llamados trapitos que, junto a los limpiavidrios y piqueteros, están en la mira de Mauricio Macri. “No estoy de acuerdo con la iniciativa. En el caso de los cuidacoches es contraria a la Constitución de la ciudad”, dijo Pierini. El documento de siete carillas que dio a conocer el ODH sostiene que “darles seguridad a los vecinos no es despejar de pobres el espacio público” y les pide a los diputados que no voten el régimen de penalizaciones más duras que presentó el 31 de marzo el Ejecutivo. Estos cuestionamientos se suman a los de distintas expresiones políticas que ya anticiparon su rechazo a la propuesta.

La defensora del Pueblo explicó a Página/12 que “el proyecto lo había trabajado antes de que el gobierno presentara el suyo, y lo único que me faltaba era pulirlo. Lo presenté ante la Comisión de Justicia de la Legislatura porque tengo atribuciones para hacerlo como un diputado más. Aunque también debería tratarse en la Comisión de Tránsito y Transporte, porque involucra a los cuidacoches”.

En su proyecto, Pierini sugiere “la conformación de un registro en el que se anotarán los permisionarios, donde constarán sus datos personales, domicilio acreditado, las zonas y horarios adjudicados”. La iniciativa consta de cuatro artículos, y en sus fundamentos afirma: “Es sabido que allí donde el Estado omite intervenir se desatan todo tipo de maniobras por parte de ‘algunos’ pocos que conspiran contra la esforzada tarea de ‘muchos’ otros que a diario intentan llevar, aunque sea mínimamente, un sustento para su familia, en un marco de informalidad que es primordialmente responsabilidad estatal más que de tales desocupados”.

En el artículo 2, la defensora define que la actividad de los cuidacoches es “la cooperación con el automovilista o motoquero para ubicar su vehículo en zona permitida, la permanencia en las proximidades de dicho estacionamiento para impedir daños a los vehículos y el compromiso de solicitar auxilio a la fuerza pública en caso de observar riesgo de delito en la zona”.

El Observatorio de los Derechos Humanos, una entidad nacida en 2009, ya denunció distintas transgresiones a las leyes cometidas por el gobierno porteño en el espacio público contra personas en situación de calle, que fueron desalojadas de sus hogares o intentan ganarse la vida a la intemperie. La entidad se opone a la modificación del Código “por ser inconstitucional, violatoria de los derechos a la igualdad y libertad, ineficaz para resolver los problemas de seguridad en la ciudad, por estar sustentada en reclamos infundados y por desviar la verdadera atención que merece hoy la política de seguridad en la ciudad: la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana”.

Más adelante, el documento enfatiza: “Que una persona limpie vidrios en la calle no significa que sea un ladrón. Y que alguien lleve un palo no significa lo mismo que que ese palo sea utilizado en perjuicio de otra persona”. El ODH atribuye la existencia de las mafias que el propio Macri menciona para vigorizar su política represiva “a la negligencia del Estado y la complicidad de la Policía Federal”.

Una de las críticas del Observatorio es que, con la misma lógica con que se perseguiría a cuidacoches, limpiavidrios y piqueteros, “se podría castigar a la persona en situación de calle que pide una limosna, a quien realiza malabares en la vía pública, a quien maneja un auto viejo o a quien se pone una gorrita en la cabeza con la visera para atrás. Todas estas conductas pueden estar justificadas con los mismos argumentos por los que ahora se quiere sancionar a quien porta un palo y se tapa la cara o a quien limpia vidrios en la vía pública”.

“La primera acción del Estado no es penalizar, sino la última”, argumenta Pierini y el ODH se pronuncia con un criterio parecido: “Claramente se está castigando una peligrosidad sin delito”. El proyecto del PRO tiene las firmas de Macri, su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro. Las contravenciones que penaliza podrían derivar hasta en 40 días de arresto y 6000 pesos de multa si se toman en cuenta los agravantes.

Las modificaciones planteadas por el Ejecutivo alcanzan a seis artículos del Código, además de contemplar la creación de un sistema de denuncias telefónico con los números 147 o 0800-333-Fiscal. De ese modo, no hará falta ir personalmente a hacer la denuncia”.