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En el debate por la tarifa del gas, el precio que se paga por el hidrocarburo a quienes tienen la concesión de los yacimientos se ha convertido en “la madre del borrego”, la razón de ser del tarifazo que busca imponer el gobierno y la piedra basal que intenta encontrar y dilucidar quienes lo cuestionan. Es decir, de dónde surge el cálculo del costo que determina que lo que hasta el año pasado se pagaba 2,60 dólares, deba incrementarse a 6,80 dólares, con cargo a los consumidores. Aunque el gobierno eludió dar precisiones sobre ese costo, algunas cuestiones terminaron saliendo a la luz. Por ejemplo, que ese valor no tiene nada que ver con lo que le cuesta a una petrolera sacar el gas de un yacimiento en el país. Ni siquiera con lo que cuesta importarlo de Bolivia por gasoducto, sino que aquel valor de 6,80 se relaciona con el que se paga por traerlo importado por barco y regasificarlo en tierra. El precio que, de los tres, es el más caro, como se verá.

Este gas que el país compra como GNL al exterior, apenas suministra un diez por ciento de las necesidades de consumo nacional en el año. Como lo importa Enarsa –empresa estatal que lo vuelca regasificado al sistema de transporte y distribución local–, si ese mayor valor no se lo cobra al mercado interno, implica que es un “subsidio estatal” a la tarifa. Pero sólo en lo que se refiere a ese 10 por ciento de la demanda local. ¿Y por qué, entonces, Juan José Aranguren pretende que los usuarios residenciales paguen por todo el gas que consumen ese valor de 6,80 dólares?

Para el gobierno, ese valor representa “la paridad de importación”. Es decir, el valor que tendría que pagarse por el gas si no se produjera nada en el país y se importara en su totalidad. Entonces, considera que “es lógico” que a quien lo produce internamente se le pague el mismo valor, para “incentivarlo a producir más” hasta sustituir totalmente la necesidad de importarlo. Luego, si ese precio del gas es el “lógico” para el que lo produce, será el que deba pagar quien lo consume, para tener un sistema “razonable y sostenible en el tiempo”.

Pero habrá quien, desde la “lógica” del usuario, piense que si al productor de gas se le paga un precio que estaría por encima de su costo de producción, en realidad lo que se está haciendo es “subsidiar” a las petroleras que extraen y venden el gas, con plata de los consumidores. La pregunta, otra vez, es cuál es ese costo de producción del gas.

La exposición que hizo ante la Audiencia Pública un directivo de la petrolera YPF dio ese dato: el costo de producción convencional de gas en Argentina está hoy por debajo de los dos dólares (por millón de Btu, unidad calórica que se toma como referencia). Pero el precio promedio pagado por los usuarios del sistema en 2015 fue de 2,50 dólares, según datos que brindó el propio Aranguren. De acuerdo al especialista del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) Marcos Rebasa, el precio informado por YPF “incluye impuestos y regalías, según nuestra investigación; con ese costo y con el precio que recibían, las petroleras tuvieron un desarrollo normal de sus negocios, que incluyeron importantes ganancias durante los últimos años”. Es decir, que sobre el suministro de gas convencional de origen nacional, no había subsidio en la tarifa.

La demanda interna se abastece, en un 70 por ciento, de gas de origen local. Cuatro quintas partes son de yacimientos convencionales y el quinto restante es gas no convencional extraído de la formación Vaca Muerta (shale y tight gas). Por este gas, el gobierno kirchnerista había dispuesto pagar un precio diferencial, atendiendo sus mayores costos de producción y la aplicación de técnicas no disponibles en el país. Ese valor adicional por el shale gas que pagaba el gobierno no era un subsidio a la tarifa, sino un estímulo a la inversión de la política energética. Al pretender que la diferencia se pague en la tarifa, se está reemplazando una política de estímulo por un “cargo” a pagar por el consumidor, como supuesta eliminación de un subsidio que nunca fue tal.

El restante 30 por ciento de la demanda nacional de gas es atendido, en parte (diez por ciento), por combustibles líquidos (gas oil y fuel) que reemplazan el uso del gas natural en las usinas térmicas en meses de alto consumo. La diferencia de costos es, en todo caso, un subsidio a la tarifa eléctrica, que no tiene que ver con el tema del precio del gas. El restante 20 por ciento es el gas importado. Veamos, entonces, de dónde viene y a qué precio.

Según otro trabajo del IESO, el detalle del valor promedio que se abonó en el primer semestre de este año por el gas importado, de acuerdo a su origen, es el siguiente (por millón de Btu):

- Comprado a Bolivia, 3,23 dólares;

- GNL ingresado por barco a través de Chile, 7,09 dólares;

- GNL vía el Atlántico, 5,20 dólares.

El precio del gas de Bolivia sufrió en los últimos años una fuerte reducción en diversas renegociaciones. El GNL bajó de precio junto al petróleo, por eso se paga ahora menos que en años anteriores. En síntesis, el valor que está tomando Aranguren como “paridad de importación” no se corresponde con una “canasta de importaciones”, sino que es el valor aproximado a una sola operación, la más cara realizada este año, y se trata del GNL que, justamente, proveyó una filial de Royal Dutch Shell, la empresa de la que el ministro era accionista hasta la semana pasada.

La investigación de IESO (en la que intervinieron Rebasa, Andrés Repar y Bruno Capra, entre otros profesionales) señala que, si al precio de 2,60 dólares del gas producido localmente, se le suma la incidencia del gas importado (de acuerdo a su participación dentro de la oferta total), se llegaría a un precio consolidado de 3,01 dólares por millón de Btu. “Estamos de acuerdo con que el usuario afronte, gradualmente y con previsibilidad, los costos del gas importado, pero no en que los usuarios paguen por el gas de origen argentino más allá de lo que cuesta”, sostienen los autores del trabajo. El aumento del gas trasladable a la tarifa, en consecuencia, podría ser de 2,60 a 3,01 dólares. Nunca a 6,80.

Algo huele mal en el tarifazo del gas. Hay que sospechar de un “escape” en los cálculos. Pero es sólo el principio. El documento que acompañó la presentación de Aranguren recuerda, casi como al pasar, que esta audiencia pública sólo entiende sobre el traslado a tarifas de los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Sobre la revisión integral de la retribución a transportistas y distribuidoras recién se hablará el mes que viene, cuando otra audiencia pública trate un nuevo cuadro tarifario para el gas.