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Al desestimar la denuncia del extinto fiscal Natalio Alberto Nisman contra la presidente CFK, su canciller Héctor Timerman y el diputado nacional Andrés Larroque, el juez Daniel Rafecas desconcertó a tirios y troyanos, que no esperaban un pronunciamiento tan rápido y categórico. El editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cuestionó que Rafecas sólo hubiera encuadrado al falso agente de inteligencia Allan Bogado y por “tráfico de influencias”. Le pareció “poco para tanto revuelo”. ¿No será al revés, que se había armado un enorme revuelo en torno de tan poco? Esa inversión de los términos fue el concepto central de una columna publicada aquí el martes, por Verónica Torras, quien llegó al hueso de la operación en desarrollo desde el 14 de enero: inculpar por la muerte del fiscal al gobierno que asumió las consignas del movimiento por los derechos humanos y reclamarle justicia contra la impunidad, incluso con la movilización en las calles. Recomiendo leer ese texto porque es la reflexión más profunda vertida hasta el presente sobre el tema, y para compensar que le tomo prestado el título (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/266790-71676-2015-02-24.html).

Para el sin duda bien intencionado columnista Alberto Amato, “en la Argentina, cuando un crimen roza al poder, queda impune”. ¿Sí? En pocos países más que en la Argentina los crímenes del poder están siendo castigados: desde Videla a Pedraza, de María Soledad a Cabezas y Marita Verón, de Río Tercero a Once y Cromañón. La única excepción han sido los crímenes del poder permanente, económico, eclesiástico, judicial o de Inteligencia. Hasta eso comenzó a cambiar, con el enjuiciamiento de Martínez de Hoz, Carlos Pedro Blaquier, Jimmy Smart, Oscar Justo Laguna u Otilio Romano, las sanciones al Banco Macro, las investigaciones sobre el HSBC, la disolución y la purga en la SI. Entonces todas las furias se desataron sobre el gobierno que lo consintió o lo impulsó. Además es asediado desde afuera por su posición inédita frente a los acreedores externos y los auditores financieros, su independencia en las relaciones internacionales que va desde el eje en el bloque sudamericano a la alianza estratégica con China y la búsqueda de acuerdos con Rusia.

La resolución del juez Rafecas comienza a poner en orden la escena que en los últimos cuarenta y cinco días se trastocó en forma brutal. El Gobierno no esperaba este desenlace porque maltrató a Rafecas cuando con la misma independencia aceptó la solicitud del fiscal Carlos Rívolo de allanar una propiedad del vicepresidente Amado Boudou. Un sector del radicalismo tampoco le perdona la investigación sobre la ley Banelco. En cambio lo respaldaron los organismos defensores de los derechos humanos, que lo reconocen por su tesis de doctorado sobre la tortura y por sus sistemáticas investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Zona de Seguridad del Cuerpo de Ejército I, y las organizaciones de las colectividades armenia y judía, por sus estudios y libros sobre ambos genocidios. Eso frustró su destitución y no el presunto negociado con Eduardo de Pedro que le atribuyó Elisa Carrió, quien sustituye con tales ensueños la carencia cada día más evidente de buena información sobre lo que sucede, hasta llegar a la fantasía de un autogolpe que se daría hoy en el Congreso con apoyo militar. Al mismo tiempo que procuraba expulsar a Rafecas, el Gobierno propuso la designación como juez federal del coleccionista de parafernalia nazi Luis Osvaldo Rodríguez, para lo cual desdeñó la muy fundada impugnación del CELS. Integrante de la escudería Stiuso que administra Javier Fernández, Rodríguez es uno de los jueces que hoy acosan al Gobierno con causas disparatadas, como la imputación contra la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por cumplir con su deber de abogada del Poder Ejecutivo, que es defender a quien lo ejerce, ante la acusación de Nisman por un acto de gobierno. Peor aún, en torno de Rodríguez gira la maniobra en curso para desplazar a la fiscal Viviana Fein de la investigación por la muerte del fiscal y enfangar el expediente en el fuero federal, a partir de una causa previa por amenazas que está radicada en su juzgado. Rodríguez también tiene un expediente contra el propio Rafecas, por haberse atrevido a investigar el uso de los dineros de la ex SIDE para pagar los votos que hicieron ley la precarización laboral, y que el actual gobierno derogó. Rafecas se enterará hoy de que su resolución postergó una conferencia de prensa de los peritos designados por la exposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, para la que los policías bonaerenses Osvaldo Raffo y Daniel Salcedo ya habían comenzado los contactos con periodistas. Raffo fue el perito forense que en 1977 certificó que ni Jacobo Timerman ni Jorge Rubinstein habían sido torturados y en 1984 declaró ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que quienes torturaban a sus víctimas no eran los policías sino los guerrilleros, de lo cual no recordó ni un ejemplo. El informe que ambos pensaban entregar a la prensa aseguraba que la escena de la muerte fue adulterada para ocultar que a Nisman lo asesinaron. Sobre esa base, el juez federal Rodríguez pediría la inhibición de su colega del fuero ordinario Fabiana Palmaghini. Máximo Rosconi, defensor de Diego Cerebrito Lagomarsino, el acompañante de los tours internacionales de compras electrónicas de Nisman en Chile, con ingreso sin aduana garantizado por Antonio Stiuso, participó en forma inusualmente activa en la declaración testimonial de Sergio Berni. Lo interrogó como si fuera un imputado, con repreguntas impertinentes para un testigo. Estuvieron cerca de pasar a los golpes. En apariencia buscaba la declaración de nulidad del primer tramo del expediente. Pero en su infatigable recorrida de medios, el también defensor de Carlos Menem insiste en que no se trató de un suicidio. Esa hipótesis no necesariamente favorece a su cliente (que se convertiría en sospechoso de un crimen) pero encaja con el operativo de traspaso al fuero federal. “Rafecas no sabe que los partió al medio. Por eso lo único que se veía el viernes en televisión y en los portales de noticias era la fiesta de Boca con el debut del otro Daniel Osvaldo y si el vestidito es crudo y dorado o azul y negro”, ironiza desde su despacho judicial alguien que ni forma parte de Justicia Legítima ni se resfrió el jueves 18. “Ahora están pendientes de cualquier cosa que diga CFK sobre el fallo, para volver a la carga”, agrega.

Nunca es demasiado tarde para que los gobernantes aprendan que un juez serio y decente como Rafecas es algo que no tiene precio.

Sobres lacrados

Alberto Adrian María Gentili, el amigo que Nisman proponía todos los años para cubrir sus licencias, quedó a cargo en forma interina hasta la designación del equipo que lo reemplazaría. Los empleados de la fiscalía le informaron que Nisman había dejado dos versiones de un mismo escrito, listo para su presentación. Después de leerlo, Gentili ordenó guardarlo dentro de un sobre lacrado en la caja fuerte y entregárselo a quien o quienes se hicieran cargo de la fiscalía especial. Se trata de la solicitud al Poder Ejecutivo para que pidiera la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así esperaba conseguir la cooperación judicial que la República Islámica de Irán se negaba a prestar para que pudieran ser indagados sus nacionales, cuya captura el propio Nisman había pedido en 2006 y que fue el origen de las famosas alertas rojas de Interpol. La secretaria de la Unidad Fiscal, Soledad Castro, certificó en un acta del 20 de febrero que el fiscal había firmado esos documentos en diciembre de 2014 y rubricado sus últimas fojas en enero de 2015 “sin precisar el día”. Rafecas consignó en su resolución el asombro que le produjo constatar que Nisman formula allí una valoración positiva de los pasos que la presidente dio en el tema hasta septiembre del año pasado, es decir un año y nueve meses después de la firma del Memorando de Entendimiento. Si bien Nisman entendía que, a raíz de la negativa iraní a la extradición y al juicio en un tercer país, ese tratado bajaba las exigencias iniciales, no consideraba que su firma constituyera un crimen tipificado en el Código Penal, según sostendría pocos días después, el 14 de enero de este año. “Ante lo expuesto, estimo prudente no formular aquí comentarios” escribió con cierto pudor Rafecas.

Este mecanismo se repite varias veces a lo largo de su resolución: para Rafecas la prueba de que no hay delito en el accionar oficial la suministra el propio Nisman, en “una suerte de refutación a sí mismo”. El juez cita por lo menos tres veces en las que Nisman afirma que el Acuerdo no entró en vigor, por lo cual no tuvo efectos jurídicos, “incluyendo los efectos penales”: en las fojas 16, 121 y 180 de su autocontradictoria acusación.

De frente y de perfil

Del mismo modo, el testimonio de José Ricardo Eliaschev ante Nisman refuta la nota periodística por la que fue citado. En el diario Perfil escribió haber visto un documento interno del gobierno persa en el que se afirmaba que la Argentina había perdido interés en el esclarecimiento de los atentados y prefería mejorar sus relaciones económicas con Irán. Pero como testigo dijo algo “claramente distinto”. En “esta declaración juramentada, de ser cierto lo que el ‘paper’ decía, de haber sido correctamente interpretado por el funcionario iraní de su contraparte argentina y de haber sido correctamente traducido del farsí al inglés, el contenido del mismo no revela nada en sí mismo sustancial: la Argentina querría ‘dar vuelta de página’ en las relaciones bilaterales, y para ello, correspondería –dice el “paper”– avanzar en un acuerdo importante”. Nada más que eso.

Basado en la denuncia de Nisman, el fiscal Gerardo Pollicita presentó el requerimiento de instrucción. Rafecas dejó constancia de que Pollicita se basó pura y exclusivamente en la denuncia de Nisman, lo cual puede ser una manera sutil de señalarle que con una simple instrucción preliminar hubiera podido arribar a la misma desestimación que él. Parte de ese camino lo recorrió el propio Rafecas. En una de las escuchas, el falso influyente Bogado se jacta ante su interlocutor musulmán de haber participado en las negociaciones sobre el Memorando de Entendimiento en Ginebra y de haberse reunido por la misma razón con personas de la colectividad judía en Nueva York. Pero “este personaje no registra una sola salida del país en los últimos diez años”, dice Rafecas. El juez también señaló un aspecto menos conocido del dictamen del fiscal Pollicita: “La claridad expositiva y la precisión en la definición de la hipótesis que ha delimitado en su escrito” fijó “el núcleo de la imputación”, lo que permite “despejar cualquier tipo de especulación y conjetura en este punto, sobre todo atendiendo la resonancia e implicancias que la denuncia ha concitado en la opinión pública nacional e internacional”. Pollicita circunscribió la investigación del presunto plan delictivo al señalar acciones concretas que habrían realizado la presidente y los demás imputados para “liberar de responsabilidad a los iraníes”. Una es la creación de una denominada Comisión de la Verdad, según Nisman “con facultades para asumir funciones de carácter estrictamente judicial en reemplazo del juez natural de la causa y del representante del Ministerio Público Fiscal”. Otra, la notificación a Interpol para que levantara “las circulares rojas”. Como la Comisión nunca se creó, las alertas rojas no se levantaron y la Argentina hizo todo lo que estuvo a su alcance para que siguieran en efecto, no hay delito, ni siquiera en grado de tentativa, concluye el juez.

Gente de palabra

Si Pollicita apela la resolución de Rafecas, la decisión quedará en manos de una de las dos salas de la Cámara Federal: la I, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballesteros (quienes sin mencionar un solo precedente consideraron inconstitucional el Memorando de Entendimiento con Irán) y Eduardo Freiler, o la II, que integran Horacio Cattani, Martín Irurzun y el mismo Farah, a quien la escudería Stiuso colocó sobre el filo de ambas salas para que tenga una visión más completa del panorama. En forma paralela proseguirá la investigación sobre la muerte de Nisman. A 45 días del disparo, no hay evidencias irrefutables de que se haya suicidado, pero menos aún de que lo hayan muerto. Sin embargo, buena parte de la oposición judicial y mediática afirma sin dudar que se trató de un asesinato y atribuye la responsabilidad al gobierno. “Magnicidio institucional”, sentenció Nelson Castro, quien el jueves agregó que si Nisman estuviera vivo, Rafecas no hubiera cerrado tan pronto el caso contra la presidente, lo cual a su juicio prueba a quién le convino la muerte del fiscal. Su colega Eduardo Van der Kooy fue más allá: sin molestarse por las fuentes ni por el encadenamiento lógico, atribuyó el hecho a “un comando venezolano-iraní (con adiestramiento cubano)”. Joaquín Morales Solá esboza dos interpretaciones: o “sicarios iraníes” o “una dramática conclusión de su denuncia contra el gobierno argentino”, en cuyo caso la “eventual lista” de víctimas adicionales “podría ser más extensa aún y no agotarse ni siquiera en funcionarios judiciales”. El ex procurador fiscal ante la Corte Suprema desde el menemismo hasta su reciente jubilación, Luis Santiago González Warcalde, afirmó que fue “un crimen” en razón del trabajo de un hombre al que el gobierno nacional dejó “abandonado y solo”. Para el sociólogo Marcos Novaro la marcha del 18 de febrero “despertó el rechazo compartido a que la política recurra a la muerte de los adversarios”. La indiferencia por los hechos define los alcances de una neurosis colectiva que afecta al sector de la sociedad que ellos representan o del que provienen.

Otra voz muy distinta se escuchará hoy cuando la presidente inaugure el último período de sesiones de su segundo mandato, acompañada por una movilización que se preparó con esmero. La sanción durante el período de sesiones extraordinarias de la nueva ley de Inteligencia que ilumina uno de los sectores más oscuros del Estado, invierte el principio de secreto por el de transparencia y procura obstruir la relación promiscua entre los servicios y la justicia; la reformulación ministerial ya sin el irresponsable triturador de papel impreso; la incorporación de dos militantes de distintas generaciones como Daniel Gollán y Eduardo De Pedro y la revalorización de la eficiencia en la jefatura de gabinete; la apertura de los concursos públicos para 82 frecuencias de televisión digital en la Zona Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Resistencia, Formosa, Comodoro Rivadavia y Santa Fe, postergada desde el alejamiento de Gabriel Mariotto de la autoridad regulatoria, muestran la decisión de gobernar hasta el último día del mandato presidencial. Además de los anuncios de políticas sociales se esperan también definiciones políticas de la presidente, en una escena que vuelve a su normalidad luego de un mes y medio de desquicio. El martes, dirá lo suyo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sobre quien arrecian las presiones para que arroje nafta al fuego con un pronunciamiento recondiano sobre la independencia judicial. El mismo día, el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, hablará en el Congreso de Estados Unidos. En 2012, Netanyahu formuló una dramática declaración ante las Naciones Unidas, ilustrada con el rústico dibujo de una bomba, según la cual Irán estaba a sólo un año de construir su primer explosivo nuclear y reclamó acciones para impedirlo. Pero un documento secreto del Mossad, filtrado a la cadena de televisión Al Jazeera y al diario inglés The Guardian lo desmiente. Pocas semanas después del mensaje de Netanyahu, la propia Inteligencia israelí informó a Sudáfrica (de donde proviene la filtración) que Irán “no está realizando las acciones necesarias para producir armas”. El 17 de marzo Netanyahu arriesgará su cargo en las primeras elecciones en muchos años que pueden poner límite a la derechización total del “Estado Nacional Judío”, según la ley que priva de derechos a la minoría árabe, cuya sanción hace cien días hizo trizas la coalición gobernante y forzó la convocatoria electoral. En su mensaje del martes en el Capitolio Netanhayu cuestionará al presidente Barak Obama y la negociación nuclear del grupo 5+1 con Irán, que debe culminar con un acuerdo final en junio. Nisman no ignoraba estos cambios en el escenario internacional, que ya no es el de sus años de gloria.