El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, ordenó la detención del mayor del Ejército Jorge Antonio Olivera y de otros oficiales y suboficiales del Ejército, por las torturas a las que fue sometida la actual jueza Margarita Camus, hija del ex gobernador de esa provincia, Eloy Camus. Fueron detenidos ya los suboficiales Osvaldo Benito Martel y Alejandro Víctor Lazo, y están prófugos Olivera y el oficial Eduardo Vic. El ahora octogenario Comandante de Gendarmería Ernesto Jensen, quien tenía el control operacional de Catamarca, La Rioja y San Juan, declaró que Olivera “llevaba la batuta de todo” en el grupo de tareas del Regimiento de Infantería de Montaña 22, del que también formaban parte los oficiales Eduardo Cardozo, Carlos Luis Malatto y Daniel Gómez, quienes torturaban a los detenidos en el camping de suboficiales del Ejército llamado “La Marquesita”. El sargento Martel agregó que los oficiales vestían de civil, se llevaban encapuchados a los detenidos del penal de Chimbas para interrogarlos, en vehículos particulares, sin insignias del Ejército. Aunque pasaron 31 años, Camus reconoció a Martel en rueda de personas como uno de sus torturadores. Olivera, quien luego de pasar a retiro se recibió de abogado, viajó a Italia como defensor del ex general Carlos Suárez Mason, pero al llegar al aeropuerto de Fiumicino fue detenido por orden de un juez francés, quien investigaba su participación en las torturas y la desaparición forzosa de la ciudadana francesa Marie Anne Erize, también en San Juan y con los mismos cómplices. Olivera y Cardozo fueron procesados por ese crimen, pero en 1987 se beneficiaron con la ley de obediencia debida. Su defensa en Italia fue asumida por un conocido abogado neofascista, Augusto Sinagra, quien antes fue defensor de Licio Gelli, el gran maestre de la Logia P-2, de la que eran miembros Sinagra, Suárez Mason y el ex almirante Emilio Massera. Con ayuda de la inteligencia del Ejército, que falsificó un documento, enviado por fax a Italia, Olivera recuperó la libertad. Colaboró en esa operación el abogado Juan Torres Bande, dirigente y apoderado del partido neonazi del Nuevo Triunfo, quien junto con Olivera trabajaba para el general Brinzoni. Encontrar a Olivera y a los otros 41 prófugos de la justicia registrados, es una manera segura de proteger a los testigos, abogados y jueces de los procesos en marcha.