Desde Lima

Alan García cumple su primer año en el poder enfrentado a una dramática caída en las encuestas y en un ambiente de tensión social y masivas protestas en las calles, que tienen como telón de fondo el rechazo a la continuidad de la política económica neoliberal y que en el último mes paralizaron buena parte del país y dejaron cuatro muertos. Sin embargo, en su mensaje anual ante el Congreso, García ratificó la continuidad del rumbo económico, aunque admitió que el gobierno ha fallado “en profundizar las áreas sociales”, pidió disculpas por los agravios que en las últimas semanas lanzó contra los maestros que mantuvieron una huelga de quince días y reconoció que los conflictos sociales han disminuido la confianza en el gobierno y “dejado la sensación de que el país no tiene rumbo”.

“Pido una tregua para mostrar resultados”, exclamó García al inicio de su mensaje de dos horas, dedicado fundamentalmente a hacer un listado de obras y acciones del gobierno y a lanzar promesas para el año 2011, cuando concluye su mandato. Este primer año de gobierno ha estado marcado por el acercamiento de García al fujimorismo y a la derecha económica. Todo lo contrario a lo que ofreció como candidato.

Hace unos días, el gobierno respondió a las protestas sociales con un paquete legal que amenaza con destituir a los alcaldes y presidentes regionales (cargo equivalente al de gobernador en Argentina) –que han tenido un rol protagónico en las marchas antigubernamentales– si apoyan protestas contra el gobierno. El paquete, además, les otorga a las fuerzas de seguridad licencia para reprimir usando sus armas sin tener que preocuparse de posibles investigaciones. El presidente peruano cerró su mensaje defendiendo a las fuerzas de seguridad. Durante estos doce meses, García ha salido más de una vez en defensa de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos y ha atacado reiteradamente a los organismos de derechos humanos.

A pesar de no tener mayoría en el Congreso, donde cuenta con 36 representantes de un total de 120, el oficialismo controla el Parlamento, donde se ha aliado con el fujimorismo y ha neutralizado a una oposición dispersa y dividida. Mientras el fujimorismo apoya, García devuelve el favor convocando a notorios fujimoristas a puestos claves de su gobierno y manteniendo silencio, y renunciando a ejercer presión diplomática sobre Chile, en el proceso de extradición de Fujimori. La ausencia más notoria en su mensaje fue, precisamente, el tema Fujimori. “Es notable la forma en la que García empieza a parecerse a Fujimori, parece imitarlo”, advierte Nelson Manrique, historiador y catedrático de la Universidad Católica, analizando las tendencias autoritarias que ha mostrado el gobierno y su relación cada vez más estrecha con los militares. Pero si el oficialismo tiene el Congreso bajo control, y a los medios de comunicación en una postura mayoritariamente complaciente, no sucede lo mismo en las calles, donde ha estallado el descontento popular canalizado por movimientos sociales y líderes locales ajenos a los partidos políticos.

García ganó la segunda vuelta con el 53 por ciento de los votos y en el primer mes de su gestión tenía un respaldo que superaba el 60 por ciento. Un año después, la aprobación a su gobierno ha descendido a cifras que están entre el 32 y el 35 por ciento, según la encuestadora Apoyo y el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, respectivamente. La mayor parte del respaldo al gobierno se concentra en las clases medias y altas de Lima y las principales ciudades de la costa, mientras en las zonas andinas el rechazo al gobierno llega a un abrumador 80 por ciento.

“El descontento que reflejan las encuestas, y las protestas, no se origina en una crisis económica, sino en una mala distribución de los beneficios del crecimiento económico que hay en el país. El incumplimiento de las promesas electorales de cambio del modelo económico que hizo García siendo candidato es clave para entender su caída en las encuestas”, le señaló a Página/12 Fernando Tuesta, director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica.

García dedicó la mayor parte de su mensaje a destacar el crecimiento económico, que llega al ocho por ciento mensual. Pero, paradójicamente, ese crecimiento alimenta el descontento social en un país donde la mitad de la población vive en la pobreza. Mientras las utilidades de las empresas crecen –las compañías mineras, por ejemplo, incrementaron el último año sus utilidades en 53 por ciento–, los sueldos permanecen congelados. “Con esta política económica la desigualdad social se está agrandando en el país”, declaró a Página/12 Humberto Campodónico, economista y catedrático de la Universidad San Marcos.

Un factor de irritación social, especialmente en el interior del país, es el trato privilegiado que reciben las transnacionales que explotan los recursos naturales con grandes utilidades. Como candidato, García ofreció imponer un impuesto a las sobreganancias de las compañías mineras por el alto precio internacional de los minerales, pero una vez en el gobierno negoció con las mineras. “Un impuesto a las sobreganancias de las mineras en términos similares a los que tienen otros países de la región, como Ecuador, le dejaría al país más de 830 millones de dólares al año, pero a cambio de eso el gobierno negoció un aporte voluntario de las empresas que representa 170 millones de dólares anuales”, afirma Campodónico. En el terreno internacional, García ha priorizado su alineamiento con Washington, que ha incluido la apuesta por un cuestionado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a pesar de que el presidente peruano, siendo candidato, se había opuesto a ese tratado. Pero el Congreso demócrata le quitó las atribuciones para negociarlo al gobierno de Bush, y García se quedó con las manos vacías.