George Bush se lanzó a una nueva y difícil tarea ayer al intentar convencer a los legisladores demócratas de la necesidad de ampliar la ley que regula las escuchas telefónicas. El elegido para vender este proyecto de ley fue el director nacional de Inteligencia, Mike McConnell. El zar de los servicios de inteligencia intentó bajarle el tono al debate y aseguró que sólo se trata de actualizar las leyes para que tengan en cuenta las tecnologías modernas. Los demócratas, en tanto, temen que una reforma de la Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros pueda devenir en nuevos abusos, como el escándalo que se desató a fines de 2005 por el esquema de escuchas ilegales que realizaba la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) a pedido del presidente Bush.

El mandatario salió a pedir el apoyo de la oposición durante su programa de radio semanal ayer, a sólo una semana del receso de verano. Explicó que la ley, aprobada en 1978, quedó anticuada y que actualmente el gobierno tiene demasiadas limitaciones legales para seguirles el rastro a los terroristas, que utilizan medios de comunicación modernos, como los celulares e Internet. “Como resultado, nuestro país se ve perjudicado en su capacidad para adquirir los datos vitales que necesitamos para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”, sostuvo Bush. La ley de 1978 establece que un tribunal debe reunirse en secreto para analizar las peticiones de los servicios secretos para vigilar las comunicaciones o registrar las viviendas de los sospechosos extranjeros en territorio estadounidense.

Sin embargo, en diciembre de 2005 se supo que los servicios de inteligencia no siempre cumplían con este procedimiento. Después del atentado contra las Torres Gemelas y el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo, Bush autorizó a la NSA, la agencia encargada del espionaje de las telecomunicaciones, que vigilara llamadas telefónicas en el país sin previa autorización judicial. Cuando el esquema salió a la luz, el gobierno de Bush se escudó en la supuesta inminencia de las amenazas terroristas. A pesar de que el argumento ya le había conseguido algunas concesiones, esta vez el presidente estadounidense tuvo que ceder ante la presión de la irritada opinión pública. A principio de este año, Bush aceptó trasladar el programa de escuchas a la esfera de control de la FISA.

En su discurso de ayer, Bush volvió a apelar a la amenaza terrorista. Recordó el informe de inteligencia, difundido hace diez días, que sostiene que la red Al Qaida se ha fortalecido en los últimos años bajo el amparo de las tribus tribales de Pakistán. “Pido a los republicanos y a los demócratas que colaboren para aprobar la modernización de la FISA ya, antes de que se marchen de vacaciones. Nuestra seguridad nacional depende de ello”, pidió antes de terminar la emisión.

Pero es poco probable que en una semana los demócratas y los republicanos se pongan de acuerdo en un tema tan sensible. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Silvestre Reyes, ya advirtió que todavía hay mucho por discutir. “No está claro aún si son necesarios cambios en la normativa actual, pero si son necesarios y están justificados, los afrontaremos”, aseguró el representante demócrata por Texas.