El proyecto estratégico Fénix, integrado por docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires, reclamó del gobierno nacional decisiones en materia de energía que aseguren un proceso sostenible de desarrollo con equidad, transparencia y mayor compromiso del Estado y de la sociedad. “Esta situación, que en parte se está produciendo de hecho, requiere ser consolidada de pleno derecho”, con el aporte de las universidades y centros de investigación que al menos “limiten el sesgo que hoy provocan los intereses particulares”. A dos semanas de su emisión, ningún medio nacional de alguna relevancia informó sobre el documento.

En la década pasada se promovió la extracción y exportación de hidrocarburos líquidos y gaseosos, en interés de las empresas privadas operadoras y sin cuidado por el agotamiento de un recurso tan crítico. Como el gas ya no será tan abundante es precisa una estrategia de preservación y sustitución. Más de un tercio del incremento potencial de generación eléctrica en la década pasada obedeció a decisiones tomadas y financiadas por el Estado (como las represas de Yacyretá y Piedra del Aguila). Los denominados estímulos de mercado no redundaron en la expansión de las redes de transporte eléctrico o la mejora de calidad del servicio de distribución y desde 2000 cesaron las inversiones, mientras la demanda siguió en crecimiento. Todo esto produjo grandes rentas y ganancias tecnológicas de corto plazo a un conjunto reducido de actores privados, sin asegurar una eficaz gestión para el largo plazo. Así se dilapidaron recursos en épocas de energía barata. Ahora que los costos internacionales son mucho más caros asoma el posible agotamiento de reservas.

El Plan Fénix considera razonable la contención del consumo eléctrico industrial y la restricción al uso del gas natural comprimido que impuso este invierno el gobierno nacional, pero objeta que no se haya disminuido el alumbrado público ni explicado las medidas en una perspectiva explícita de mediano y largo plazo. Entiende que los proyectos gubernativos de ampliación de la capacidad de generación y de transporte eléctrico y de gas y los acuerdos de provisión de gas con países de la región permitirían, de cumplirse los plazos, una gestión razonable durante los próximos cinco años. Sin embargo, los considera insuficientes y reclama la transición hacia una matriz más diversificada, con un marcado crecimiento de hidroelectricidad y energía nuclear, y su complemento con fuentes no convencionales, como biocombustibles, energía eólica y solar. También propone la racionalización energética, suprimiendo despilfarros como las largas autopistas iluminadas, promoviendo el ahorro en el consumo y revalorizando el transporte ferroviario y el transporte público urbano, de bajo costo energético. La generación y transporte eléctrico no reclaman descentralización sino planificación, en forma conjunta, fundamentada y transparente. Aunque no objeta la operación privada y su adecuada rentabilidad, considera indispensable que los excedentes se destinen a un fondo para ampliación de la capacidad, gestionado por el Estado y no apropiado por el sector privado.

Es imprescindible conocer la magnitud y probabilidad de las reservas y su efectivo horizonte de disponibilidad. La figura del concesionario debe reemplazarse por la del contratista y reinstalarse la noción de que las reservas son propiedad de la sociedad y no de los operadores, igual que la renta que generan. Esta renta, de no menos de 15.000 millones de dólares anuales, en parte podrá ser redistribuida a la sociedad (como lo es de hecho ahora), pero además debería financiar el crecimiento y reconversión energéticos. Pese a la jurisdicción de las provincias sobre los recursos en áreas no marítimas, la solvencia y la competitividad energéticas deben ser asumidos por la Nación. Esto implica una crítica a la extensión por décadas de los contratos de concesión vigentes, que colisionan con el interés público. También reclama analizar los aspectos jurídicos y económicos de Enarsa para posibilitar su real liderazgo en materia energética, “priorizando el resguardo de la transparencia y la soberanía nacional”.

El documento no admite que las restricciones energéticas se deban a “falta de realismo de las tarifas”, aunque admite que el horizonte de una energía más cara supone a largo plazo correcciones sobre los elevados consumos residenciales, cuya tarifa es hoy irrisoria, con el fin de contribuir a un uso más racional, y atendiendo a impactos distributivos para usuarios de bajos ingresos. Los usuarios no residenciales ya sufrieron un reajuste considerable, lo que compensó a los operadores de las pronunciadas bajas en la década pasada. En cambio es urgente dar ya mismo respuesta a la dramática situación de los sectores de menores recursos que utilizan el muy oneroso gas envasado en garrafas.

Las medidas de corto plazo deben incluirse dentro de un horizonte no menor a los veinte años, para producir respuestas más adecuadas que las que surgen de mercados miopes y actores privados poderosos. Es necesario reducir la demanda de gasoil para el uso de vehículos livianos y apuntar a una convergencia de precios entre naftas y gas natural comprimido. Se requiere reducir aun más las exportaciones de hidrocarburos, supeditándolas al hallazgo de nuevas reservas.

El documento sostiene que el carácter rentístico de los hidrocarburos acarrea, en todas partes, la poderosa influencia de intereses generalmente opacos. “Resulta indispensable, pues, que se impulsen modos de gestión, controles y prácticas de comunicación que aseguren la máxima transparencia ante la opinión pública. En esta cuestión se verifican agudos déficit que deben llevar, rápidamente, a la redefinición de las políticas y las prácticas predominantes desde hace ya largo tiempo, tanto en el sector público como en el privado”. Uno de los economistas del Plan Fénix que suscriben este significativo texto es el director de ENARSA, Aldo Ferrer.

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