La polémica sobre la oferta de sexo en la ciudad de Buenos Aires se reinstaló la semana pasada, cuando el viernes 20 se conoció la Resolución Nº 38 que declaraba el Rosedal y sus alrededores “espacio no autorizado para la oferta o demanda de servicios sexuales”. La medida fue dispuesta por Javier García Elorrio, subsecretario de Areas Protegidas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente porteño.

La reacción a esa medida no tardó en llegar. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó el lunes 23 un recurso de amparo solicitando al jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, que deje sin efecto la medida. En su presentación, el letrado calificó la normativa de “inconstitucional y violatoria del derecho a la no discriminación negativa, ya que estigmatiza a quienes ofrecen servicios sexuales y excluye al grupo su fuente de trabajo”.

El mismo lunes, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina se concentraba frente a la Jefatura de Gobierno para expresar su rechazo a la medida. “Si nos echan del Rosedal nos venimos a la Plaza” fue la consigna que marcó la protesta.

Ante el rechazo y las críticas, el gobierno porteño suspendió la resolución y adelantó que convocará a una mesa de diálogo como un principio de solución. La mesa estará integrada por oganizaciones de trabajadoras sexuales, asociaciones barriales y vecinos de la zona. Uno de los objetivos será “capacitar a las trabajadoras para que cuiden el ambiente”.