La ciudad contará con 39 nuevas playas de estacionamiento subterráneas, que estarán destinadas, algunas, a vecinos de barrios porteños, y otras, a automovilistas que lleguen a la ciudad desde el Gran Buenos Aires o puntos alejados del territorio porteño y puedan dejar su vehículo para llegar al centro mediante el transporte público. Así lo resolvió la Legislatura porteña, que aprobó en primera lectura la ley que habilita al gobierno de la ciudad a licitar la construcción y explotación por 20 años de esas playas.

El texto aprobado se consensuó a partir de un proyecto del Poder Ejecutivo, de una ley impulsada cuando el jefe de Gobierno era Enrique Olivera, de una iniciativa presentada durante la gestión de Jorge Telerman y dos propuestas del diputado Sergio Abrevaya (CC).

Se crea por un lado el sistema de estacionamiento subterráneo de carácter disuasorio, para que los automovilistas que van hacia el centro tengan la opción de dejar su auto en un lugar donde –pagando una tarifa– puedan empalmar con el transporte público. El objetivo es frenar el ingreso de vehículos al centro, donde la oferta de estacionamientos ha sido superada y el tránsito está al borde del colapso. “En la reglamentación, debería promocionarse el uso de estas playas con un descuento para quienes demuestren que utilizan el transporte público, como el monedero del subte”, dijo a Página/12 el diputado Abrevaya.

Las playas subterráneas disuasorias son 18 y estarían ubicadas, según el anexo del proyecto, en Avenida 9 de Julio y San Juan, Rivadavia y Nazca, Cabildo y Manuela Pedraza, Chorroarín y Triunvirato, Avenida del Libertador y Olleros, Franklin Roosevelt y Triunvirato, el área de la Facultad de Derecho, las plazas Martín Fierro y España, el Parque de los Patricios y la Avenida Sáenz y la vías del Ferrocarril Belgrano, entre otros. Todos los puntos coinciden con actuales o futuras estaciones de subterráneos.

Por otro lado, la norma crea el Sistema de Estacionamientos Vecinales Subterráneos en distintos barrios. De acuerdo con el texto aprobado, el 70 por ciento de las playas que se construyan estarán destinadas, como mínimo, a ser alquiladas a vecinos radicados en viviendas ubicadas en un radio de 400 metros con respecto al acceso a la playa. El resto podrá ser comercializado a otros usuarios, mediante alquileres mensuales, diarios u horarios. Las empresas que se adjudiquen la construcción y explotación de las cocheras deberán pagar un canon.

Mediante este sistema, el Ejecutivo y los legisladores pretenden resolver el problema de la falta de lugares para estacionar vehículos en los barrios, producto del aumento del parque automotor. El servicio también habilitaría a liberar calles prohibiendo estacionar en algunas, convirtiendo en privado un servicio que hoy los vecinos utilizan gratis. Llos legisladores suponen que una mayor oferta de cocheras podría bajar los precios de alquiler.

Las playas vecinales proyectadas son 21. Su construcción está prevista en Acoyte y Rivadavia; en las plazas Matheu y Garay; sobre la avenida Las Heras habrá cinco: en los cruces con Ayacucho, Pueyrredón, Austria, Coronel Díaz y Scalabrini Ortiz; en Coronel Díaz están previstas tres: en el cruce con Santa Fe, Juncal y Soler; en Luis María Campos, desde Virrey del Pino hasta Maure; en Córdoba: en el cruce con Pueyrredón y con Gallo; en Juramento, en la estación Belgrano C y a la altura de O’Higgins; en Cramer y José Hernández y en Donato Alvarez y Avellaneda.

“Estas futuras playas serán una herramienta más para mejorar el tránsito y reducir la cantidad de vehículos que lleguen hasta el macro y microcentro”, destacó el presidente de la Comisión de Tránsito de la Legislatura, Daniel Amoroso.

La creación de las playas disuasorias no es una idea nueva. Olivera, durante su gestión, impulsó la construcción de once, de las cuales sólo se ejecutaron dos, la de 9 de Julio y Belgrano y en Plaza Miserere, que está próxima a construirse.