La Secretaría de Transporte de la Nación dispuso que los colectivos que circulen por la ciudad de Buenos Aires –en todo o parte de su recorrido– incorporen una cabina “que proteja al conductor de actos vandálicos”. La resolución fijó un plazo de 30 días para que “las empresas carroceras presenten propuestas” al respecto. Una entidad de empresarios del autotransporte se quejó de “no haber sido consultados”, otra anticipó que se requeriría “una financiación razonable” y la UTA, que apoyó la medida, admitió que la razonable financiación sería “por aumento de tarifa o de los subsidios”. En julio pasado, ese gremio había hecho paro por varios días en demanda de seguridad para los choferes.

La medida lleva la firma de Ricardo Jaime, secretario de Transporte de la Nación, y considera “que en algunas zonas del área metropolitana de Buenos Aires se han generado situaciones de violencia sobre conductores de ómnibus urbanos”. Por ello dispone “requerir al sector carrocero que proponga soluciones constructivas de cabinas de conducción” y anticipa que se invitará a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) “a tomar la debida intervención a fin de establecer las conducciones técnicas que deberán poseer las Cabinas de Conducción Antivandálicas”. La modificación se aplicaría prioritariamente en “los rodados afectados a los servicios nocturnos”.

En un plazo máximo de 30 días corridos, “las empresas carroceras habilitadas deberán presentar las propuestas”, que deberán “generar un espacio protegido del resto del pasaje”, el cual “estará construido de forma que proteja al conductor de actos vandálicos”; la cabina “deberá disponer de áreas transparentes de seguridad que no restrinjan el área de visión del chofer”, a quien “deberá proteger de agresiones con objetos contundentes, armas blancas y agresión física”. La cabina “deberá permitir al chofer el contacto visual y auditivo con el pasaje”.

La disposición sólo alcanza a los colectivos cuyo recorrido se efectúe total o parcialmente en la ciudad de Buenos Aires, ya que los que transitan sólo por el conurbano son de jurisdicción provincial.

Alberto Crespo, titular de Cetuba (Cámara de Empresas del Transporte Urbano de Buenos Aires), se quejó: “Fuimos ignorados en la preparación de la resolución y nos llama la atención que no fuéramos siquiera consultados. Seríamos quienes debemos pagar las cabinas, pero nadie nos dijo nada”. Roberto Canegallo, dirigente de la Asociación Civil del Transporte, requirió “un sistema de financiación razonable, porque no se puede hacer cosas imposibles”.

Un vocero de la CEAP (Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros) señaló que “hasta que analicemos los alcances de la medida, no haremos declaraciones”. Sin embargo, una fuente vinculada con la entidad sostuvo que “mientras el Estado mantiene la tarifa baja y los subsidios no llegan a cubrir los costos de explotación, mal se puede pretender que los empresarios se hagan cargo de instalar cabinas”.

En cambio, Mario Calegari, secretario de Prensa de la UTA, afirmó que la resolución “es lo que estábamos pidiendo desde hace mucho” y admitió que “en caso de que tengan que encontrar una vía para financiar esa medida, se tendrá que hacer por medio de un aumento de tarifa o de los subsidios”.

En julio de este año, los colectiveros de Capital y Gran Buenos Aires pararon durante varias jornadas en las horas nocturnas, luego de que un chofer de la línea 96 fuera muerto a puñaladas por un pasajero. En esa oportunidad, Roberto Fernández, titular de la UTA, había sostenido que “la cabina podría ser muy importante y la presencia policial también”. El 30 de julio, la UTA se reunió con Aníbal Fernández, ministro de Justicia de la Nación, y decidió levantar el paro. Entonces, el mismo Roberto Fernández sostuvo que “nuestro reclamo no apunta tanto a la instalación de cabinas blindadas” y afirmó que “una posibilidad es instalar dispositivos GPS”, pero que “hay otras medidas que se pueden aplicar rápidamente: hay que poner policías en las zonas calientes”.