Eran días agitados. El riesgo país subía minuto a minuto y el default de la deuda estaba cada vez más cerca. El 20 de marzo de 2001 Domingo Cavallo había vuelto a asumir como ministro de Economía y algunos, increíblemente, lo veían como la última esperanza. Aprovechando esa confianza, el ministro envió al Congreso un proyecto que le daría facultades especiales por un año. El Senado transformó los superpoderes en ley, pero el conejo no salió de la galera. Entonces fue el turno de llevar adelante el “megacanje” de la deuda para “descomprimir” la situación. Un negociado inigualable que benefició a unos pocos bancos, pero no alivió la presión de los mercados. El default parecía inminente. Sin embargo, el 10 de julio Cavallo sorprendió al anunciar que “vamos a ir a déficit cero, tanto en la Nación como en las provincias” y el 30 de julio, hoy hace exactamente cinco años, el Senado aprobó la ley a las 3 de la mañana.

La medida le permitió al Ejecutivo recortar un 13 por ciento los salarios estatales y las jubilaciones mayores de 500 pesos, pues para lograr el objetivo era necesario reducir el gasto público en 1500 millones de pesos antes de fin de año. La recaudación estaba en caída, los mercados se habían cerrado y el FMI se negaba a otorgar un nuevo “salvataje” financiero. Entonces Cavallo optó por las tijeras que reclamaba el “establishment”, desafiando todos los manuales de economía, donde siempre estuvo claro que ajustar en medio de la crisis era equivalente a profundizar la depresión.

“Quien diga que hay otra alternativa, miente”, afirmó el entonces presidente Fernando De la Rúa en su mensaje a la población, durante el cual pidió “a todos los argentinos un esfuerzo patriótico”. Por su parte, el director gerente del FMI, Horst Koehler, emitió un comunicado de apoyo a la Argentina. “La implementación decisiva de estas medidas debería ayudar mucho a estabilizar la situación macroeconómica y a fortalecer la confianza”, aseguró.

La reacción no se hizo esperar. El 31 de julio los piqueteros cortaron más de 50 rutas en todo el país, mientras los empleados públicos y los jubilados se manifestaban en las principales ciudades. A los mercados la prueba de amor les pareció insuficiente. Reclamaban privatizar la banca pública, reformar el sistema previsional, profundizar la flexibilización laboral, despedir empleados públicos y reducir el gasto político. Su arma de presión continuó siendo el “riesgo país”, que a fines de octubre ya había superado los 2000 puntos. Para De la Rúa, en cambio, la crisis se debía a que “la gente está con demasiado espíritu ahorrativo. Hace falta un click para que empiece a consumir”. El click finalmente no llegó y la debacle se terminó de consumar con el corralito, los saqueos, la devaluación y el default. La ley de déficit cero fue arrasada por la realidad.