La discusión acerca del Consejo del Salario tuvo sus peripecias tras las cuales el Gobierno logró sus objetivos básicos: se determinó un sueldo mínimo de 800 pesos, cifra a la que se llegó por mayoría, esto es, sin necesidad de echar mano a la facultad de desempate (de “laudar”, en jerga) que posee el Ejecutivo. Mirado a plazo, ligeramente, más largo el oficialismo se acredita un par de victorias más. La discusión salarial, conjunto que también integran las convenciones colectivas, discurrió a su gusto: con un nivel bajo de conflictividad y con bajo (¿o nulo?) impacto en la inflación. Y aun con modesto (¿o nulo?) impacto en las expectativas inflacionarias, uno de los tantos espantajos ariscos a la medición seria que son banderas de la derecha vernácula.

Las vicisitudes de la discusión del salario mínimo revelan un síntoma político general que es el nuevo modo de relación entre las corporaciones y el gobierno de Néstor Kirchner, tributo a la recuperación de poder político que encarnó el Presidente. Las resistencias más firmes de los empresarios provinieron de aquellos más alejados del sol gubernamental: la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio. Ambas están de punta con el oficialismo por los aumentos de sueldos, por el debate sobre la nueva ley de accidentes de trabajo y porque perciben que otras corporaciones, entre ellas la Cámara Argentina de la Construcción y las que representan a entidades bancarias, tienen mejor trato. Esas representaciones fueron las más permeables a las ofertas negociadoras que propuso Trabajo.

El poder que acumuló Kirchner cambió las correlaciones de fuerza y los modos de relación, ése es un mapa básico aceptado por todos los actores. En esta etapa, los que están más lejos del astro rey van a cualquier mesa de negociación con un par de tareas adicionales a las rutinarias: “sacarle” algo al Gobierno y demostrar que tienen entrada a él. Si al lector le parece que estos dos designios son contradictorios, no es culpa del cronista sino de las complejas reglas que tiene la realpolitik de estos pagos. Una frase, susurrada por un paritario de los empresarios más ariscos a un alto negociador oficial en un momento ríspido de las tratativas, describe cómo convive la doble pulsión: “la Convocatoria al Consejo se anunció mediante una foto con Moyano. Si nosotros hubiéramos participado en esa foto, hoy tendríamos más margen para contener a nuestras bases”. El razonamiento, escrito en tinta limón y cambiando apenas las palabras, integra también los pliegos de algunas entidades “del campo”, aun las que se emparientan (lejanamente) con apellidos de abolengo. Amén de ese reclamo, formulado bajo la protección de los pertinentes conos del silencio, las cámaras patronales se escudaron en las dificultades de sus eslabones más débiles: las empresas del interior del país, laspequeñas y medianas. El fantasma de la inflación casi ni se mentó, ni en la intimidad de las tratativas, ni en las declaraciones públicas. Y por lo que se vio hasta ahora, tampoco fue un eje de la Vulgata de los gurúes económicos que son sus portavoces.

Moyano, el que sí salió en la foto, no se privó de generar el backstage de una reunión con el Presidente, en plena impasse de las tratativas. El mensaje del líder cegetista es congruente con lo antedicho, su cercanía a Kirchner es uno de sus recursos de poder, para adentro y para afuera. Moyano no está muy jaqueado en la CGT, pero uno de los caballitos de batalla de sus adversarios (que por ahora se conforman con intentar lijarlo un poco) es que consigue mucho más para los camioneros que para el conjunto de los trabajadores. El resultado del Consejo, incluido el plus simbólico de fotos y reuniones, vigoriza a un aliado de Kirchner que tiene en tal sentido varias cocardas. Hasta la de ser quien más allegados consigue colar en la estructura del Estado. Esta semana añadió a otro, Ricardo Luján, como subsecretario de Puertos y Vías Navegables.

Ese año en el que
hay elecciones

Pocas paritarias, siete según los datos oficiales, están pendientes para los cinco meses que quedan de 2006. El piso acordado no tendrá impacto en la mayoría de ellas, que ya lo venían rebasando. Los negociadores del Ministerio de Trabajo creen que la única que tendrá un respingo hacia arriba será la de la industria textil, que abarca dos sindicatos: la clásica Asociación Obrera Textil y la que agrupa a los empleados del sector. De refilón, es un signo de los tiempos el rezago de la que fuera en alguna época una actividad bien remunerada y que ahora está en el final de pelotón. Algo que remite más a las enormes asimetrías inherentes de un “modelo” muy lastrado de desigualdad que a las destrezas de los dirigentes respectivos.

El Gobierno condujo bastante a su guisa la discusión salarial en 2006, un escenario que añora reiterar en 2007, a la sazón año electoral. Las convenciones deberían discurrir en el primer semestre y ahí será la hora de medir las lealtades de “los muchachos” que por ahora funcionaron bien. Si el Consejo se reúne dentro de doce meses, tres meses antes de que se vote, es dable suponer que el Gobierno cumplirá una deuda que no saldó ahora, la de equiparar el salario mínimo con el ingreso suficiente para superar la línea de pobreza. Según el ojímetro de la Rosada la línea rondaría los 950 pesos, si se corrobora su expectativa de una inflación anual de alrededor del 10 por ciento. Dado que el salario mínimo se viene elevando aproximadamente 160 pesos por año, al oficialismo no le costaría tanto acceder a ese estadio simbólico. Nadie corroborará en alta voz estas especulaciones, pero a fe que anidan en los primeros niveles del Gobierno, incluido el Presidente.

El pibe nueve, cerca ,del podio

“Soy el pibe nueve –autorretrata el secretario Guillermo Moreno frente a interlocutores de postín–, 9 de inflación, 9 de desempleo, 9 de crecimiento.” El hombre redondea a más o a menos, según le convenga, para pintar un porvenir venturoso del Gobierno y para describir (por decirlo de un modo setentista) su peso en el dispositivo de Kirchner. La entusiasta descripción respecto de sus competencias es opinable, su autoestima envidiable. Aun con estas salvedades es innegable que la gestión de Moreno ha sido central en la táctica antiinflacionaria del Gobierno, que ha superado sin mengua las modificaciones salariales de los trabajadores convencionados.

Si se traduce en poder real el diseño del gabinete ulterior a la salida de Roberto Lavagna, los cambios son ostensibles. La centralidad de Kirchner se acrecentó. Julio de Vido es, por incumbencias y peso específico de suárea, el número dos del Gobierno y Alberto Fernández el tercero. A esa tríada debe sumarse la enorme influencia de Carlos Zannini en la instrumentación de las decisiones cotidianas y en la elaboración de las estrategias de Kirchner. Moreno está ranqueado apenas debajo de ellos. El resto del gabinete está en otro estadio de poder relativo, a considerable distancia, Felisa Miceli incluida.

Si el Gobierno lee que tiene bajo control a la inflación hasta fin de año, es posible que alumbre un proyecto que Moreno viene estudiando aunque se reserva con mucha confidencia. Es el de permitir un aumento de tarifas de servicios residenciales para consumidores de altos ingresos. El secretario, que se precia de estudiar a fondo las estructuras de costos, reconoció ante empresarios de privatizadas que muchas tarifas están rezagadas. Kirchner mismo expresó, en un reportaje concedido a Página/12 en mayo que “el precio del gas es muy bajo”, aunque relativizó especulaciones añadiendo que “estamos trabajando para la recuperación del consumo y de la competitividad industrial. Hay que mirar las variables con mucha tranquilidad”. De Vido está convencido de que hay un subsidio injusto en algunas tarifas, a favor de sectores medios-altos y altos, pero esto sólo cambiará si Kir-

chner lo resuelve.

De momento, el oficialismo, vía Moreno, se ha munido de datos acerca de quiénes son los usuarios de altos ingresos y alto consumo de agua, electricidad y gas, en una labor conjunta con algunas empresas privatizadas. El quid de la cuestión no es su peso electoral, ya que los afectados son relativamente pocos. Tampoco la repercusión en su nivel de vida, que sería irrisoria. El escollo que frena al Gobierno (que quizá se considere erosionado tras el fin de la disputa salarial) es que un incremento así fuera al tramo ABC1 se vería reflejado en los índices de precios al consumidor, según los estudios afanosos de la Secretaría de Comercio.

“Lo estamos estudiando y sería justo –comentan dos de los funcionarios más relevantes del Gobierno– pero no está dado que se haga pronto. El Presidente ha sido el más opositor a ese tipo de medidas.” “Eso sí –añade uno de ellos–, si no lo hacemos este año, con las variables a favor y sin elecciones encima, no lo hacemos más.” Nada es seguro, algo es posible.

Los que ganan menos

El horizonte que otea el oficialismo es de la relativa predictibilidad en materia de conflictos laborales, aunque esa agenda se considera siempre abierta a la posibilidad de reclamos de mucha visibilidad social protagonizados por grupos pequeños, muy aguerridos y representativos. Esto es, de nuevos paros como fueron los del Garrahan, los de Foetra Capital o los de los trabajadores tercerizados del subte. De todos modos, el Gobierno no avizora problemas en lo macro al menos hasta que lleguen las Fiestas. En la Rosada y Economía, la inflación se considera controlada, aunque digna de atención diaria.

El aumento del salario mínimo, señala con justicia el ministro Carlos Tomada, es obligatorio para todos los trabajadores, las prácticas ilegales y abusivas de la patronal respecto de los informales los sustrae de facto a sus beneficios legales. Ese quebrantamiento de las reglas debe ser señalado y no admitido, ni aún discursivamente. Esto dicho, es patente que el Gobierno sigue en mora en reparar las enormes diferencias reales que existen al interior de la clase trabajadora. Su fragmentación se ha reconstituido en los últimos años, a punto tal que hay algunos laburantes que acceden a retribuciones decorosas y tienen fuerza para defender sus derechos. Pero sigue siendo abrumadora la cantidad de trabajadores desprotegidos, con conchabos inestables, retribuidos con paga irrisoria o desocupados. El éxito del actual modelo a su respecto es, cuando menos, controversial. El oficialismo sigue mostrando desinterés y hasta desdén por definir políticas activas y específicas al respecto. La universalización de las asignaciones familiares, un reclamo que fue bandera del Frente nacional contra la pobreza encabezado por la CTA, se ha expandido como bandera y hasta la CGT (muy lenteja para ponerse al frente o aunque sea a la retaguardia de las reivindicaciones de los desocupados) ha comenzado a reclamarla. La agenda oficial, en ese rubro, sigue desactualizada y distante, en una rémora injustificable. La apuesta a “mejor de lo mismo”, a esta altura, no suena eficaz para paliar las desigualdades al interior de la clase trabajadora. Cuando la marea sube, todo flota, parece ser el pensamiento dominante en el oficialismo, que refleja apenas una parte de la verdad.

La extensión del seguro de empleo y capacitación a niveles masivos y no restringidos a una minoría como viene siendo actualmente es una hipótesis que el Gobierno suele acoger con más tolerancia discursiva que la asignación universal. Pero tampoco la concreta, dejando a la Argentina muy rezagada respecto de muchos países, incluidos varios de rango parecido al nuestro.

De cualquier modo, con inflación controlada y cerca del nueve en las asignaturas mencionadas por Moreno, el oficialismo no tiene desafiantes de fuste a la vista. Una situación confortable para cualquier gobierno, que suele tener como contraindicación una inclinación creciente hacia la autocomplacencia, el apego conservador a lo ya probado y la pérdida de interés en las innovaciones. Después de todo, nueve de promedio en el boletín de calificaciones que uno mismo firma no está nada mal.