El rechazo de la Superintendencia de Hidrocarburos a un contrato para exportar dos mil barriles diarios de petróleo a Brasil derivó en un escándalo de proporciones que puso en la mira al presidente de la estatal YPFB, Jorge Alvarado, y se convirtió en una papa caliente en las manos del gobierno de Evo Morales. El ente regulador dictaminó el 21 de julio que el contrato entre YPFB y la intermediaria Iberoamérica –para venderle crudo a cambio de diesel a la brasileña Univen– era perjudicial para el Estado boliviano, ya que el precio pactado era inferior al que pagan otras petroleras con contratos similares. Además, el decreto de nacionalización del 1º de mayo de 2006 establece que la petrolera estatal es la única empresa autorizada para comercializar los hidrocarburos producidos en Bolivia, tanto en el mercado interno como externo.

El daño económico calculado por el ente autónomo de regulación sectorial –cuyo titular, Víctor Hugo Sainz, fue nombrado por Morales de forma interina y es amigo del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada– asciende a entre 3,8 y 39 millones de dólares. Un enorme intervalo según las modalidades de cálculo y la forma de valorar los “costos de oportunidad” frente a posibles contratos alternativos, lo cual desató una verdadera guerra mediática entre YPFB y la “súper”. Bolivia tiene un excedente de alrededor de tres mil barriles diarios, por encima de la capacidad de sus refinerías, que son los que se exportan para conseguir diesel, escaso en el país andino.

La metodología de cálculo de los reguladores consistió en comparar las condiciones contractuales de Iberoamérica-Univen con las pactadas con Refinor, subsidiaria de la hispano-argentina YPF-Repsol, que también compra crudo a cambio de diesel. Pero Alvarado –un geólogo petrolero graduado en la Universidad Lumumba de Moscú– acusó al titular de la superintendencia de “irresponsable”, por haber “cambiado tres veces las cifras” sobre los supuestos daños económicos para el Estado. Y dijo que se vendió petróleo por debajo del precio internacional para comprar el diesel también a menor precio. Pero para los bolivianos reina la confusión y las cifras oscurecen más de lo que aclaran. Algunos se atreven a imaginar una interna entre ex militantes del partido Conciencia de Patria, que manejan la “súper”, y partidarios del MAS que encabezan YPFB.

“Por mucho menos se echó a viceministros y otros funcionarios, esperamos que en esta ocasión se actúe con la misma vara”, metió la cuchara el líder de la oposición, Jorge “Tuto” Quiroga, quien no tardó en tomar el pedido de renuncia de Alvarado como bandera. Y el titular de YPFB no sólo se enfrenta a una opaca danza de cifras: en medios periodísticos y políticos se ha comenzado a denunciar que el arquitecto del contrato sería Eduardo Baldivieso, quien curiosamente habría renunciado a YPFB, donde se desempeñaba como asesor de Alvarado, el mismo 21 de julio que la superintendencia vetó la operación. Baldivieso estaría vinculado a la brasileña Univen, destinataria del crudo e investigada por “contrabando de combustibles y mafia” por el Parlamento brasileño en 2003. Y además, el ex asesor es representante –y esposo de la titular– de la empresa Gas del Sur, acusada con evidencias de contrabando de garrafas a Paraguay por el diputado oficialista René Ramos. “Luchamos contra la corrupción venga de donde venga”, dijo el parlamentario indígena a Página/12.

El ministro Soliz Rada envió el caso a la Contraloría para que “la ciudadanía, que está tan desorientada por la cantidad de datos que han salido de la superintendencia, tenga un resultado claro”, además desmintiólas versiones sobre destitución del presidente de YPFB y dijo que “una decisión de tan enorme importancia tiene que ser adoptada por el Presidente de la República”.

Según fuentes consultadas, Alvarado, allegado a Evo Morales desde sus épocas de diputado, podría salvar su cabeza y seguir en el cargo, pero en varios funcionarios consultados hay preocupación sobre las secuelas de este caso. La lucha contra la corrupción es uno de los estandartes del gobierno y, según Equipos Mori, el 60 por ciento de los bolivianos cree que “Bolivia es menos corrupta” desde que el mandatario socialista llegó al Palacio Quemado.