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“En sociedades que no tienen conflictos internos, guerras civiles o insurgencia armada, como Argentina y Brasil, por ejemplo, una fuente principal de inseguridad es la circulación no controlada de armas de fuego, muchas de las cuales están en poder de particulares.” En una visita reciente a Buenos Aires, y en diálogo con Página/12, Pablo Dreyfus, un especialista argentino en seguridad que por su trabajo se la pasa viajando por el mundo, advertía sobre el riesgo de tener armas en la casa, un problema que volvió al tapete luego de la aparición del “francotirador” de Belgrano. Según los datos oficiales del Registro Nacional de Armas (Renar), a fines de 2004 se habían registrado en forma oficial 1.123.059 armas y 624.735 usuarios individuales, aunque se estima que las cifras se estirarían a 2,5 millones de armas y 800 mil usuarios, si se toma en cuenta el floreciente mercado clandestino. Mientras Brasil tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, con 35 mil muertes por año, en la Argentina la situación es mucho menos grave. De todos modos, la difusión de hechos como el ocurrido en Belgrano logran la masificación del fenómeno de la violencia y la inseguridad, cuando la mayoría de las veces se trata de “crímenes banales”, como lo llaman los expertos.

La Dirección Nacional de Política Criminal, la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno porteño y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en un trabajo difundido a fines de 2004, concluyeron que sobre el total de muertes violentas en el país sólo el 32 por ciento son homicidios ocurridos en ocasión de robo. Dentro de ese porcentaje se registraba una fuerte participación de policías o personal de las fuerzas de seguridad, tanto en el papel de víctimas como de victimarios. El índice de homicidios relacionados con el delito ha registrado incluso una fuerte disminución en los últimos cuatro años, según los estudios oficiales. Las últimas cifras difundidas oficialmente, que datan de fines de 2004, señalan que sobre 194 homicidios ocurridos en la Capital Federal, 63 fueron en ocasión de robo y 93 por conflictos interpersonales.

El experto español Manuel Ballbé Mallol, que en abril estuvo en Buenos Aires invitado por el secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Alejandro Slokar, precisó que en los últimos tiempos, en la Argentina, hubo seis muertes cada cien mil personas, mientras que en 2002 la proporción era de diez muertes por cada cien mil personas. De todos modos, a pesar de lo que dicen las estadísticas oficiales del año 2005, que estarían confirmando la continuidad de esa tendencia, la irrupción del francotirador anónimo ha reflotado la discusión sobre la presencia de armas civiles o de guerra en poder de particulares.

Diego Fleitas, de la Asociación para Políticas Públicas (APP), le dijo a este diario que el número de civiles armados creció un 34 por ciento en cuatro años, desde el 2000 al 2004. De 458.000 individuos en 2002 se pasó a 624.735 en 2004. De ese total, un 96,5 por ciento de los que habían declarado armas de uso personal eran hombres. En lo que respecta a las armas en poder de policías y fuerzas de seguridad, la cifra global era de 823 mil, de acuerdo con los datos que maneja Small Arms Survey, una organización de los Estados Unidos, citada por la APP.

En un informe al que tuvo acceso este diario, la APP sostiene que en el año 1999 “sólo un 29,6 por ciento de los poseedores de armas aducían hacerlo por motivos de defensa personal, mientras que en el año 2003 dicho número creció al 45,1 por ciento”. En el mismo trabajo se estableció que mientras en 2003 “sólo el 6 por ciento de los entrevistados consideraba que la inseguridad y el auge de la delincuencia eran el principal problema del país”, en marzo de 2004 “ese porcentaje había crecido al 26 por ciento” y seguía en alza.

Los extremos, en cuanto a la presencia de armas entre particulares, son la provincia de La Rioja, donde la tasa de usuarios es de 490 cada cien mil habitantes, y la ciudad de Buenos Aires, con una tasa de 3160 cada cien mil habitantes. Una estimación global realizada por APP sobre la presencia de armas en los hogares argentinos indica que habría más de un millón y medio de familias que tendría al menos un arma de fuego. El total de armas, entre declaradas e ilegales, sería de 2.387.967.

Fleitas, que mantiene periódicas reuniones con altos funcionarios del gobierno, sobre todo del Ministerio de Defensa, del cual depende el Renar, y del Ministerio del Interior, del que dependen las policías de todo el país, opinó que “aunque existe una legislación específica que apunta a disminuir la proliferación de armas de fuego, no hay una política fuerte destinada a combatir el problema. La impresión que tengo es que las autoridades lo consideran un tema menor o un problema que no pueden controlar de manera adecuada dada su complejidad”.

En los últimos tiempos, como una forma de combatir la existencia de armas ilegales, el Renar lleva a cabo acciones para “la destrucción de armas secuestradas o abandonadas por la ciudadanía” que llegan a poder de los organismos públicos. Entre 1993 y 2004, se han destruido 58.076 armas de fuego. La cifra anual ha ido en permanente crecimiento, desde las 709 armas que se destruyeron en 1993 hasta las 11.200 de 2004. De todos modos, las cifras están muy lejos del total de armas en circulación. “El proceso de destrucción utilizado es el de fundición, catalogado por la Organización de las Naciones Unidas como el mejor método para destrucción definitiva de armas de fuego”, explicó una fuente del Renar.

Aunque también se realizaron al menos tres operativos de destrucción de armas a cargo del Poder Judicial, Fleitas consideró que no se está aplicando como corresponde la ley 25.938, del 2004, por la cual se creó el Registro Nacional de Armas Secuestradas. “Muchas de las armas que son secuestradas por las policías durante hechos delictivos, en lugar de ser destruidas como corresponde, vuelven al mercado ilegal, como se ha comprobado en muchas causas judiciales. Las armas son robadas y vuelven a ser vendidas. También hay armas que salen en forma clandestina de los arsenales que pertenecen a las Fuerzas Armadas y a las distintas fuerzas de seguridad”, aseguró Fleitas.

Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza, se refirió a uno de los casos en los cuales el arma secuestrada reapareció en otro delito, sin explicación alguna. “Cuando mataron en Mendoza al pibe Walter Yáñez, desapareció el arma utilizada por el policía que lo asesinó y que había sido secuestrada. El arma reapareció luego, en manos de un ladrón que la utilizó en el asalto a un supermercado cuyo propietario era el padre de un policía. Toda una paradoja. El caso Yáñez es importante de resaltar, porque ha sido presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una muestra de la impunidad que reina en la provincia, dado que el policía que mató al chico nunca fue juzgado por ese crimen”, insistió Salinas.

Es curioso que este caso haya ocurrido en Mendoza, donde se hizo una fuerte campaña para desarmar a la población. “Nuestro lema fue ‘tener un arma es tener un problema’”, recordó Gabriel Conte, vicepresidente de la organización Espacios para el Progreso Social. El llamado Plan Canje de Armas realizado en la provincia permitió sacar de circulación cerca de 3500 armas y unas diez mil municiones. La campaña, que se había iniciado en 1998, se intensificó a partir de las recomendaciones del Programa de Acción dispuesto en el mismo sentido, en 2001, por las Naciones Unidas.

Conte reflexionó que, a ocho años de la experiencia, “la realidad argentina nos dice que las armas siguen circulando en la sociedad y facilitando la resolución violenta de crisis o de conflictos, muchas veces triviales”. Según Conte, un análisis menudo de las cifras oficiales dadas a conocer por la Dirección de Política Criminal de la Nación “da cuenta de que en la Argentina mueren más personas por discusiones vecinales, comerciales o familiares, que en ocasión de algún otro tipo de delito”. El dirigente de Espacios precisó que “un 75 por ciento de los crímenes con armas se producen entre personas que se conocían y que, por tener unproblema entre sí, y por tener un arma al alcance de la mano, murieron, cuando sólo era una discusión circunstancial que se podía haber solucionado de un modo menos drástico”. Según Conte, una investigación realizada por la Fundación Lebensohn, que fue aportada a la Red Argentina para el Desarme, demostró que “unas dos personas mueren por día en el país como consecuencia de estos crímenes banales” cometidos, por lo general, con armas de bajo calibre.

Pablo Dreyfus, investigador principal del proyecto Desarme y Control de Armas de Viva Río, una ONG que focaliza su trabajo en la reducción de la violencia urbana, afirmó que tanto en Brasil como en la Argentina –con sus realidades diferentes– existen “leyes de control de armas que no se aplican porque en las armerías no se tienen en cuenta las exigencias mínimas. En la Argentina, por ejemplo, habría más de 2,5 millones de armas en manos de unos 800 mil usuarios particulares”.

Así como hay un mercado blanco y otro negro, también aparece “uno que es gris”, de acuerdo con la definición de Diego Fleitas. “Hay armerías que venden en forma legal, siguiendo las reglas, pero también caen en la ilegalidad, en caso de ser necesario. Dos de los requisitos para el que compra un arma es presentar un certificado de antecedentes y un certificado médico que determine que es una persona mentalmente sana. A veces el que firma ese certificado es un médico ginecólogo. Esto significa que cualquier loco de la guerra puede acceder a un arma y después ocurren casos como el de Belgrano”.

Según Fleitas, en algunos casos “se ha comprobado que los dueños de armerías cuentan con certificados médicos en blanco, firmados por un profesional, al que luego se le agregan los datos del comprador, que nunca pasa por ningún examen psicofísico. Existe una ley, pero la ley no se aplica como debería”. Otro de los problemas señalados por Fleitas tiene que ver con la venta ilegal de armas provenientes de arsenales policiales y de las Fuerzas Armadas. “Nunca se avanza demasiado en esas investigaciones, pero está probado que las armas vienen de esos arsenales y esto habla de la necesidad de un mayor control”.

Una nota realizada por este diario en septiembre de 2004 señaló que buena parte de los miembros de las fuerzas de seguridad han vivido episodios difíciles con sus hijos, sin llegar al extremo del protagonizado por “Junior”, el adolescente que en Carmen de Patagones mató a tres compañeros de colegio con el arma de su papá gendarme. El ex titular de la Policía Científica de la Policía Federal, Raúl Torre, intervino en dos hechos ocurridos en San Isidro, con diferencia de pocas semanas, de dos chicos, hijos de policías, que terminaron heridos o que hirieron a otro por llevar consigo el arma que les habían sacado a sus padres.

“Sus padres le habían enseñado a manejar el arma, para que no tuvieran miedo”, recordó Torres. En los últimos años, al menos en dos fallos judiciales, se pidió a las autoridades policiales que prohíban a sus hombres llevar el arma a sus casas. En uno de esos casos, la Policía Bonaerense fue condenada a pagarle una indemnización a los hijos de una familia integrada por un oficial de la fuerza. En ese caso, la mujer había asesinado a su marido policía utilizando el arma reglamentaria, mientras el hombre dormía. Los chicos quedaron huérfanos, de hecho, ya que el padre murió y la madre fue condenada a prisión por el homicidio.

Ayer, sumándose a la preocupación por lo ocurrido en Belgrano, la Red Solidaria dijo en un comunicado que “en uno de cada tres hogares hay por lo menos un arma” y que en la Capital Federal “mueren más personas por armas de fuego registradas, no registradas o con pedido de secuestro, que por accidentes de tránsito”. Según la Red Solidaria, hay “un total de 1.400.000 armas registradas, 900.000 no inscriptas y unas 107.000 que están ‘perdidas’, con pedido de secuestro”. Insiste en que es menor el número de muertes en robos que “en peleas, accidentes o suicidios”. En el trabajo realizado por APP también se afirma que en los últimos años “creció el número de suicidios en los cuales se utilizaron armas de fuego”. La Red Solidaria aseguró que “se salvaría una vida en la Argentina por cada 2.300 armas que pudieran ser retiradas de la circulación”.