Argentina acusó a Uruguay en la Corte de La Haya. Pero en los tribunales del Mercosur, al revés, tendrá que defenderse de las quejas del país vecino por los cortes en los puentes internacionales contra las papeleras. Para eso, el Gobierno ya prepara su argumentación: dirá que “las manifestaciones de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú fueron un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, no una actividad criminal”. Un equipo de expertos de la Cancillería trabaja en la contestación que deberá presentar a fines de este mes. Sostiene que frente a los bloqueos a los puentes, que podrían volver, nadie puede exigirle al Estado argentino que reprima.

El gobierno de Tabaré Vázquez denunció a la Argentina en el ámbito del Mercosur por violar el tratado de Asunción, que en su primer artículo establece que los países del bloque se comprometen a garantizar la “libre circulación de bienes, servicios y factores productivos”. El planteo es que la Casa Rosada omitió tomar medidas para impedir los cortes. Uruguay alega pérdidas económicas por 500 millones de dólares y amenaza con reclamar un resarcimiento.

La primera marcha grande contra la instalación de las plantas de celulosa se hizo en abril de 2005 y, a diferencia de lo que pasaría después, unió a argentinos y uruguayos en el puente de Fray Bentos. Uruguay reclama por los bloqueos realizados entre diciembre y mayo. Para Navidad y Año Nuevo (fechas turísticas) hubo cortes de veinticuatro horas. En enero, las interrupciones al tránsito pasaron a ser de treinta y seis. El 3 de febrero comenzó el corte por tiempo indeterminado: duró hasta el 2 de mayo, aunque con una tregua de quince días en el medio cuando Kirchner y Vázquez avanzaron en un acuerdo para hacer un estudio de impacto ambiental, que finalmente naufragó porque Botnia se opuso a frenar las obras.

Ante esta decisión, el canciller uruguayo Reinaldo Gargano anunció que su país daba por terminadas las negociaciones. En el mismo acto hizo un agregado: su país demandaría a la Argentina ante el Mercosur.

El caso debe ser resuelto por un tribunal ad hoc de tres integrantes, uno de ellos argentino y otro uruguayo. Ambos tienen que elegir, de una lista preestablecida, al tercer juez que cumplirá el papel de presidente. Si no se ponen de acuerdo, el nombre se sortea. La Casa Rosada nombró a Héctor Masnatta y el gobierno de Tabaré a José María Gamio como árbitros, pero no hay consenso sobre el tercer hombre. Argentina cuestionó incluso el método de elección, en un intento de estirar los tiempos hasta que se conozca la decisión de la Corte Internacional de La Haya, que será determinante en el rumbo que tome la asamblea ambientalista.

Pase lo que pase, un equipo de juristas de la Cancillería encabezado por Juan Sola prepara los fundamentos para contestar la demanda. Habrá tres ejes:

- Negará que se haya violado el tratado de Asunción, ya que en la frontera con Uruguay hay tres cruces (el de Gualeguaychú, el de Colón y el de Concordia) y sólo uno estuvo obstruido de manera permanente. La libre circulación, agregará, no estuvo afectada.

- Los bloqueos serán considerados como “una expresión de la democracia participativa” de la asamblea de vecinos y un “ejercicio legítimo de libertad de expresión, no una actividad criminal”. La presentación se basará en doctrina de la Corte norteamericana que sostiene que el modo de expresión de un discurso varía según a quién esté dirigido: “así como es razonable que un diplomático se comunique con otro por escrito, lo es que un grupo de ciudadanos que quiera llamar la atención de su gobierno ante un problema proteste y que su protesta tenga una dimensión importante”. Los funcionarios consultados contemplan al “derecho de petición” como un derecho humano que debe prevalecer.

- El gobierno argentino, además, sostiene que el uruguayo no puede exigirle que reprima a los manifestantes. Considera que hizo todo lo que tenía legalmente a su alcance para que los cortes se levantaran, con buenos resultados.

La argumentación hará contraste con un dato que los organismos de derechos humanos vienen denunciando desde 2001: en el país hay cerca de tres mil manifestantes con causas judiciales abiertas por participar en protestas, muchas de ellas cortes de ruta. El abogado constitucionalista Roberto Gargarella en su libro “El derecho a la protesta” señala que aunque existan doctrinas que defienden el derecho a manifestar, en Argentina se ha priorizado la “criminalización” de los reclamos sociales. En la Cancillería tienen una lectura política de la denuncia uruguaya: “la usan como un elemento más de presión, saben que el tribunal arbitral del Mercosur nunca dictó un fallo indemnizatorio, a lo sumo puede indicarle a un país que revise su conducta si evalúa que violó los acuerdos”. Igual advierten que hay poca experiencia ya que hasta ahora sólo hubo once controversias de este tipo.

Ni en Buenos Aires ni en Montevideo descartan la posibilidad de reabrir la negociación diplomática. Todas las declaraciones públicas, incluso, coinciden en que sería la mejor salida. Sin embargo, en lo que va de este largo diferendo, todos los gestos de acercamiento fueron retóricos, sin resultados. Lo único concreto han sido los pleitos entablados en tribunales internacionales que, en definitiva, son los que van determinando la historia, los términos de la relación y del conflicto mismo.