Mientras el electo presidente Alan García ofrece venderles a Brasil y Chile un gas que el Perú no tiene en cantidades suficientes como para cumplir con ese ofrecimiento, llueven críticas sobre el consorcio Camisea, que explota los yacimientos gasíferos del Perú y al cual pertenecen las empresas argentinas Pluspetrol y Techint, junto a otras como la norteamericana Hunt Oil y la española Repsol. En informes del Congreso y de consultoras internacionales, se le hacen varias acusaciones: desde una deficiente construcción de un gasoducto, hasta la obtención de ganancias excesivas a través de contactos non sanctos, más la generación de graves daños ecológicos.

Un reciente informe de una comisión investigadora del Congreso concluye que hay un mal diseño en la construcción del gasoducto, realizada por Techint, y acusa a la empresa de tener una “grave responsabilidad”. El grupo parlamentario también señala la responsabilidad del gobierno de Alejandro Toledo por no haber supervisado adecuadamente la obra y pide la intervención de la Fiscalía y de la Contraloría. El gasoducto que construyó Techint tiene 540 kilómetros de longitud y ya ha estallado cinco veces en sólo año y medio. “Eso es normal”, ha pretendido justificarse el argentino Ricardo Markous, presidente de Transportadora de Gas del Perú (TGP), que opera el gasoducto como parte del consorcio Camisea. “Ese argumento es intolerable e inaceptable. Es evidente que hay serios errores en la construcción del gasoducto y que la obra no cumplió con las especificaciones del contrato”, le aseguró a Página/12 Carlos Herrera, ex ministro de Energía y Minas entre 2000 y 2001. . Ante el escándalo por las continuas fallas del gasoducto, el gobierno ha anunciado una auditoría a esta obra, algo a lo que se había negado persistentemente, pero los resultados no estarán antes de un año. Sin embargo, ya existe un informe de la consultora norteamericana E-Tech, hecho para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha financiado la obra, en el que se acusa a Techint de haber usado tubos en mal estado y de haber hecho un trabajo deficiente. El contrato original establece que eso sería motivo de rescisión. Sin embargo, el futuro gobierno de García no tendría esa intención. “Nosotros no estamos pensando en una rescisión del contrato de Camisea como propusieron otros por las fallas en la construcción del gasoducto, que sin duda existen; creemos que todo se puede solucionar dialogando con los empresarios para que reparen los daños causados”, le aseguró a Página/12 Abel Salinas, quien fuera ministro de Energía y Minas durante el primer gobierno de García.

La empresa asegura que, amparada en la ley, se negará a renegociar el contrato que tiene si se lo pide el próximo gobierno, pero el contrato ya ha sido renegociado numerosas veces a pedido de la propia empresa. Y en cada renegociación obtuvo nuevas ventajas, gracias a sus excelentes contactos con los más altos funcionarios del gobierno de Toledo. El ex ministro de Economía y actual primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski, ha sido asesor de Hunt Oil, uno de los socios de Camisea, y también director de Tenaris, una subsidiaria de Techint, que suministró los tubos para la construcción del cuestionado gasoducto. Una fuente cercana a la negociación reveló que uno de los asesores de la empresa en ese proceso fue Jaime Quijandría, quien luego fuera ministro de Energía y Minas en el gobierno de Toledo y que como tal firmó varias disposiciones favorables a la empresa. Tener a dos lobbistas que en los momentos clave en los que había que tomar decisiones se sentaron al otro lado de la mesa le ha traído grandes beneficios a Camisea. Entre otras cosas, logró cambiar el contrato original para acortar la ruta del gasoducto y ahorrarse un dineral, a pesar de que el nuevo destino desemboca en una zona aledaña a la principal reserva natural que tiene el Perú en su litoral y le causa graves daños ecológicos.