“Los chicos pasan por acá y cuando ven que hay alguien, entran. Saben que acá los protegemos.” La maestra Gladys Villalba habla con naturalidad mientras a su espalda se ve el movimiento frenético de un viernes al mediodía en el barrio Trujui, de Moreno. Detrás del vidrio de la delegación municipal, un edificio no muy cuidado que la municipalidad presta para que funcione la ONG Razonar, se ven pasar personas que caminan apuradas con changuitos y bolsas de compras. Esta parte del barrio, más conocido como Cruce Castelar, es un centro comercial ubicado sobre la ruta 23, entre Moreno y San Miguel, rodeado de zonas muy pobres como Mariló y Las Flores. Son unos pocos kilómetros, pero con una historia agitada de convulsiones sociales y violencia. En Trujui comenzaron los saqueos de 1989 y de 2001. Es uno de los lugares más marginados del tercer cordón del conurbano, una especie de laboratorio con miles de personas adentro que anticipa los efectos de los procesos sociales en marcha. “Acá nomás, en Las Flores, los docentes vienen a pedirnos charlas porque los chicos llegan tan drogados a las escuelas que no pueden hacer nada”, dice Daniel Grasso. “Algunos están con marihuana, otros con cocaína, otros con paco y otros con poxirán”, confirma Natalia, apenas 19 años y una historia muy dura detrás, que sabe bien de qué habla.

De formación docente, Gladys es coordinadora de Razonar, una ONG que se especializa en la problemática de la violencia contra la mujer, los niños y los jóvenes. Daniel, su marido, un autodidacta que con los años fue sumando pergaminos (hizo cursos de “técnico en abordaje en situaciones de abuso” y “mediador comunitario”), es el presidente de la entidad. En Razonar se dictan talleres de capacitación sobre violencia desde una perspectiva de género. También existe una oficina de protección de los derechos de niños y adolescentes. La institución ganó un proyecto de las embajadas de Finlandia y Holanda, y el año pasado recibió una mención de honor del Banco Interamericano de Desarrollo. Las distinciones aportan un financiamiento muy necesario.

Glayds y Daniel están sentados en el medio del salón. Los acompañan Natalia, que representa a los jóvenes de la ONG, la trabajadora social Elvira Melli y las universitarias Andrea Gandini y Raquel Noguera. En las paredes se ven afiches sobre adicciones, abuso sexual, violencia familiar y casos de gatillo fácil. Gladys y Daniel conocen esa realidad. Asesoran a la familia de Miguel Da Silva, un adolescente de quince años que vivía en el barrio Satélite y que murió baleado por la Bonaerense. Hace dos semanas estuvieron en la casa de la familia Ivarrola, cuyo hijo Lucas fue secuestrado y asesinado por los hermanos Romero, marinos y vecinos del barrio.

Daniel dice estar cansado de la realidad que los rodea. Se lo escucha más enojado que pesimista. “Hemos tenido una denuncia de que hay vendedores de droga en las esquinas de las escuelas. A veinte metros, a treinta metros. ¿Qué podemos hacer con eso? Nada. Salvo trabajar con los chicos, con los padres. Empoderarlos se dice ahora. Son todas palabrerías nuevas. Yo veo que hay foros, tal foro de la niñez, del trabajo infantil. Acá hace falta acción en la calle, arremangarse, meter las patas en la mierda y darle para adelante. Porque con foros terminamos forros”, se indigna. Su mujer escucha en silencio, sin hacer ningún gesto.

“Yo me imagino un pibe que se levanta a la mañana y tiene ganas de comer tal cosa. Ese pibe todos los días come polenta y arroz y debe estar harto. Pero no solamente por lo que come, porque ya ni piensa en lo que come. Cuando es un poquito más grande quiere una zapatilla. Y encima desde la televisión te bombardean con publicidades. Yo me atrevo a decir que ya no son más incluidos y excluidos, sino que son expulsados. Estos pibes están expulsados. Si acá no hay un giro o un cambio de práctica urgente, estos pibes no tienen retorno”, advierte Gladys. Detrás suyo, en la avenidaLibertador (ruta 23) amas de casa y peatones apurados pasan caminando como si todo estuviera bien. Estamos en julio y hay sol, ¿alcanza con eso?

Sistematización
de la violencia

Gladys y Daniel estuvieron hace dos semanas en la casa de Lucas Ivarrola. Dicen que esa noche sintieron “vergüenza ajena” por lo que vieron y escucharon. “Vemos que se está sistematizando la violencia policial hacia los jóvenes. En el transcurso de estos años hemos tenido la desgracia de conocer a la familia de Miguelito Da Silva después que lo mataran. Y estamos patrocinando a la familia para que se haga justicia. Y ahora también lo de Lucas. La semana pasada fuimos a su casa. Viven en una casa muy precaria, son diez hermanitos. Ahora quedan nueve. El día que fuimos había políticos, estaban los medios locales. La verdad es que yo sentí vergüenza ajena. Yo me preguntaba: ¿qué está pasando con el Estado, que no toma medidas? Las medidas que quieren tomar es poner más policía en la calle. ¿Y las necesidades de los pibes?”, se pregunta Gladys.

–Con el crimen de Lucas Ivarrola se volvió a hablar de la “guerra entre pobres”. Muchos vecinos sugerían que estaba bien que lo hubieran matado y que lo que estaba mal era el ensañamiento.

Gladys Villalba: –Es una guerra y no es casual, sino que está digitada porque es lo que quieren hacer ver. Tiene que ver con que a los pibes de más de 12 años les da vergüenza ir a un comedor, y que sacian el hambre con las sustancias que tienen al alcance, como el paco.

Zapatillas colgadas

En Trujui hay imágenes que se repiten como en todo el conurbano. En las esquinas hay chicos reunidos alrededor de una cerveza. Pero también hay cables de luz y, muchas veces, un par de zapatillas con los cordones atados que cuelgan desde la altura. En otras épocas, en los códigos callejeros, eso significaba que allí vivía un “pesado” del barrio. Pero los tiempos cambian. “Todo el mundo sabe que donde hay un par de zapatillas colgadas se vende paco. Es una de las señas que tienen para identificarlos. Pero todo el mundo hace la vista gorda. Para que eso pase tiene que haber connivencia policial y política”, denuncia Daniel.

–Hasta ahora no mencionamos a un actor importante en el conurbano. ¿Qué opinión tiene de la policía de Moreno?

Daniel Grasso: –Está el tema de la tortura, el apriete a los pibes y el permiso implícito para que se comercialice droga en los barrios. Porque todo el mundo sabe dónde están los kioscos, todo el mundo sabe dónde se vende, dónde se compra. Que haya zapatillas colgadas significa que ahí hay un kiosco en el mal sentido (un kiosco de venta de droga). Es como una guerra sorda, invisible.

–En algunos barrios sucede que los que venden droga son familias que lo hacen para vivir y que no responden al estereotipo del mafioso. ¿Es así?

G.V.: –Acá en el fondo del barrio Trujui hay una abuela que vendía drogas. Quedó vendiendo ella porque su hija y su yerno estaban detenidos. Se quedó con los nietos y seguía comercializando. Era una señora de setenta y pico, a la que ni siquiera van a detener. Habría que apuntar más arriba pero tiene que haber una tarea paralela. Empezar a desarticular esto desde lo macro y también los kioscos. Porque yo no voy a justificar la venta de drogas bajo ningún punto de vista, así tenga necesidades extremas.

Punteros

Moreno es uno de los municipios más pobres del conurbano. Sus estadísticas sociales muestran altas índices de pobreza e indigencia. Pero en los últimos años Moreno también se convirtió en el escenario de muchas notas periodísticas: los saqueos de 2001, el secuestro de Patricia Nine, la muerte de Axel Blumberg, ahora el ajusticiamiento de Lucas Ivarrola. “Acá se nota mucho la falta de voluntad para aplicar políticas públicas”, se queja Gladys.

–Ante la ausencia del Estado de la que usted hablaba, ¿no es por lo menos preferible que en el barrio haya un puntero político? Porque por lo menos el recurso llega al territorio, aunque sea en forma clientelar.

G.V.: –Depende de cómo se maneje el puntero político. Porque acá hablamos de punteros políticos que, como dicen los pibes, les proveen sustancias.

–¿Los punteros políticos?

–No le voy a decir todos, porque no estamos hablando de generalidades.

–Porque punteros a secas, en la jerga de la calle, son los que venden droga.

G.V.: –Pero están muy asociados.

–Ahh, ¿son los mismos?

G.V.: –Algunos, no todos. Están muy asociados al poder político.

–¿Ustedes presentaron alguna denuncia concreta?

G.V.: –Hacemos lo que podemos porque no siempre tenemos los elementos y los recursos para una denuncia. Acá vienen madres desesperadas a decirnos “a mi hijo le venden la droga en tal lugar”. Pero no tenemos la capacidad de hacer una investigación. Aparte, la madre después no se anima, por temor.

–¿A quién le temen?

G.V.: –En Moreno hay mucho temor. Fíjese lo que pasó a raíz de la muerte de Lucas. Cuando sale la jueza Mirta Guarino a decir que la vida de Lucas valía lo mismo que la de un pibe de Barrio Norte, salió a pegarle todo el mundo. Le pegó Aníbal Fernández (N. de la R: el ministro le recomendó “callarse la boca y hablar por sus fallos”) y todo el mundo se corrió del entorno de la jueza, para no quedar pegado.